Más de treinta asesinatos en la zona norte durante este año, exreos recapturados, torturas en cárceles clandestinas, golpizas grupales hasta vomitar sangre, robos, amenazas y abuso de autoridad de parte de la Policía Orteguista (PO), es parte del informe que presentó este viernes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El documento es un reporte sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los meses de septiembre y octubre en el país. Pero también hace un consolidado de la situación del país durante el año.
El Cenidh detalla que en el período comprendido de enero a octubre de 2019 “ha monitoreado 31 asesinatos, todos ocurridos en la zona norte del país, de esa cifra, 12 se registraron en el período septiembre-octubre. También se contabilizaron dos asesinatos en la región central; Camoapa y Juigalpa”.
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El informe resalta que “el mayor número de muertes de la zona norte han ocurrido en Wiwilí, El Cuá y San José de Bocay (municipios del departamento de Jinotega), territorios que formaron parte del llamado ‘Corredor de la Contra’” durante la guerra civil de los ochenta.
El reporte explica que El Cuá y Wiwilí son municipios que en 2018 cambiaron de autoridades, pasando de alcaldes sandinistas a alcaldes liberales, mientras que San José de Bocay pasó a ser gobernado por el oficialismo.
“Este cambio en los gobiernos locales, sumado el estallido de la crisis en abril 2018, potenció la persecución, el hostigamiento y el asesinato de opositores en la región”, valora el informe del Cenidh.
Ejecuciones sumarias
Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, manifestó que lograron comprobar que esos 31 asesinatos son “ejecuciones sumarias” y no crímenes comunes. Además, no hay una investigación policial para esclarecer los hechos y hasta ahora los crímenes se encuentran en impunidad.
“Hay una valoración de las pruebas y de las evidencias de que no se trata de delincuentes comunes, de que no se trata de rencillas personales o de venganza, sino que la forma en que se han ejecutado estos asesinatos son ejecuciones sumarias, como las que históricamente el gobierno de Daniel Ortega empezó a ejecutar en el norte del país contra los desmovilizados de la Resistencia (Nicaragüense) desde que llegó al poder en 2007”, dijo Núñez.
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Este es el décimo informe del Cenidh y tercero de carácter bimestral desde abril 2018, cuando comenzó la represión policial y de grupos armados contra las protestas civiles.
Cárceles clandestinas
El documento confirma la “existencia de cárceles clandestinas, donde son llevados los presos políticos para ser sometidos a tratos crueles e inhumanos y a todo tipo de torturas psicológicas y físicas”.
El Cenidh pone como evidencia la denuncia pública de Marcos Novoa, de 25 años, estudiante universitario que fue secuestrado por un grupo de parapolicías el 24 de mayo del 2018, en represalia por su participación en las protestas cívicas en contra del régimen.
También el caso del estudiante universitario Xavier Mojica Centeno, secuestrado por parapolicías el 11 de junio del 2018, y que estuvo cautivo en un lugar clandestino por más de nueves meses, hasta que sus familiares pagaron un rescate monetario de 600 dólares en marzo de 2019.
El informe reporta 139 personas detenidas por participar en las protestas civiles, quienes son consideradas presas políticas.
Durante la presentación del documento se reconoció como presos políticos a al menos 16 personas más, 13 de ellas fueron detenidas el pasado 14 de noviembre por llevar agua a la parroquia San Miguel Arcángel, en Masaya.
“Lo más fundamental en este informe es que pudimos comprobar que existe en Nicaragua la tortura”, dijo Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).