Informe revela el patrón de violaciones a los derechos humanos de presos políticos en Nicaragua

De acuerdo con el informe, las amenazas más constantes y directas eran contra personas disidentes de la militancia del régimen orteguista, ex miembros de la Policía Orteguista o personas que tuvieron algún grado de liderazgo en los tranques

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LA PRENSA/ ARCHIVO/MARTHA VÁSQUEZ

A través de los relatos de 48 excarcelados políticos, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ describió un patrón de las violaciones de derechos humanos que sufrieron los presos políticos antes, durante y después de estar en la cárcel. La integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Claudia Paz y Paz, dijo que el patrón expone que las graves violaciones de derechos humanos fueron sistemáticas.

Un total de 35 personas habían participado en marchas y otras 17 habían estado en tranques antes de ser apresadas. La mayoría de entrevistados recibieron amenazas, hostigamientos o agresiones. Las principales amenazas consistían en matar a la persona o algún familiar, detenerlas, o atentar físicamente contra ellas y sus familiares, revela el informe, presentado este martes en Costa Rica.

El testimonio con iniciales B.J.C.E. denunció que una persona simpatizante del régimen orteguista, el 14 de agosto de 2018, lo increpó y amenazó con un arma de fuego diciéndole: “Estoy encargado de matarte así que cuídate».  Otra persona con las iniciales H. J.S.Q. de Chinandega dijo: “me pintaron la casa, me pusieron ojo golpista, y después las amenazas por Facebook que “vamos por vos”, “te vamos aniquilar”, “vamos a violar a tu mujer”, “te vamos a matar a tus hijos”, se lee en el documento.

De acuerdo con el informe, las amenazas más constantes y directas eran contra personas disidentes de la militancia del régimen orteguista, ex miembros de la Policía Orteguista o personas que tuvieron algún grado de liderazgo en los tranques. Estas provenían de miembros del Consejo de Poder Ciudadano, e integrantes de la estructura del régimen.

La dictadura de Daniel Ortega llegó a tener a más de 500 personas encarceladas por manifestarse. Actualmente tiene 161 presos políticos y las redadas en los diferentes departamentos del país no se han detenido, siendo Masaya, uno de los lugares donde más se reportan secuestrados políticos.

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Un expreso político contó al Colectivo de Derechos Humanos que un jefe policial de Chinandega le expresó: «Te has puesto en contra de nuestro presidente y el que está en contra de nuestro presidente la paga muy caro… nadie te va a salvar de esta», dijo.

Uso desproporcionado de la fuerza

Las detenciones en el contexto de la crisis sociopolítica se caracterizaron por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, el apresamiento como castigo a las protestas, la desprotección de los secuestrados y el sometimiento de la Policía a la voluntad presidencial.

El colectivo encontró que 50 de los 56 casos documentados no se brindó información a los familiares ni se les permitió a los detenidos el derecho a realizar una llamada telefónica, tal y como está establecido en el artículo 33 de la Constitución Política. A lo largo del informe, los especialistas en derechos humanos sostienen los hallazgos mediante fragmentos de las experiencias vividas por los excarcelados.

La persona con iniciales S.G.A.O. expresó que: «Durante 15 días pasé sin recibir alimentación de mi familia, para ella estaba desaparecido; después me dieron una llamada y yo le pude avisar a mi mamá que estaba en El Chipote (Cárcel). Ella llegó y yo estaba golpeado, los ojos morados, me habían reventado la nariz, me golpeaban mi brazo».

Los principales represores

En el informe se detalla que en 13 detenciones participaron en conjunto agentes de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales. Eso sucedió en el 23.21 por ciento de los casos analizados y ocurridos en municipios o cabeceras departamentales de Managua, León, Chinandega, Granada, Estelí y Jinotega.

Para Paz y Paz, la importancia de conocer donde se dieron las torturas radica en que no se puede alegar que se trataban de hechos aislados, que fue voluntad de un jefe de una estación policial o el alcalde de un municipio, ya que dada la sistematicidad de las violaciones, la extensión geográfica donde se realizaron, es claro que los policías estaban obedeciendo a órdenes superiores, a la más alta jerarquía, «son quienes ordenaron y los responsables de estos graves crímenes», dijo.

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«En 56 testimonios se identificó que las detenciones fueron realizadas en operativos de la Policía Nacional, Ejército, fuerzas para estatales o por fuerzas combinados de estos». expone el informe.

Casi treinta testimonios denunciaron que fueron encañonados en el pecho o en la cabeza al momento de su detención. «En ocasiones las armas fueron utilizadas para agredir o lesionar a las personas detenidas; inclusive contra niños y niñas; personas adultas mayores, generalmente padre de los detenidos».

En la presentación del informe, Juan Carlos Arce, expresó que en la mayoría de casos se evidenció las diferentes tipos de tortura: violación, asfixia seca, que consiste en que te coloquen una bolsa plástica en la cabeza, patadas, arrancamiento de uñas, tortura con choques eléctricos; quemaduras con cigarro en sus testículos;  constantes golpes; el alicate como arma de tortura, práctica de la ruleta rusa en interrogatorios, permanente maltrato verbal, falta de atención médica entre otros.

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