Las exoneraciones de impuestos son usadas como premio y castigo por el régimen de Daniel Ortega, ya que por un lado erosiona las finanzas de las empresas en operaciones en Nicaragua al aumentarle la carga fiscal, a costa de provocar mayor desempleo y profundizar la recesión económica, pero a la vez libera por más años del pago de los tributos a compañías que tienen concesión para buscar yacimientos de gas natural y petróleo en las costas del Pacífico y el Caribe nicaragüense.
En menos de 24 horas la propuesta de reforma a la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (286), enviada por el régimen a la Asamblea Nacional se dictaminó e incorporó en la agenda de debates para ser aprobada esta misma semana.
Desesperados por atraer inversiones extranjeras
La dictadura propuso reformar los artículos 60 y 62 de la Ley de Hidrocarburos para ampliar la exoneración todo pago de impuestos por la importación a los bienes e insumos por un período de cuatro años a las empresas que tienen concesiones de exploración petrolera en Nicaragua.
Aunque en la Ley referida ya se les otorgan grandes beneficios, ahora se le eliminan los tributos “municipales sobre la obra de construcción y ampliaciones de la obra durante el período de exploración”.
Y además se les extienden los beneficios a las empresas que trabajen con la concesionaria.
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“Los servicios proveídos durante el período de exploración por subcontratistas no residentes o en cualquier otro tercero que realicen actividades asociadas a la exploración de hidrocarburos estarán exentos de cualquier impuesto fiscal o municipal, incluyendo cualquier retención aplicable”, es la ampliación incorporada en el tercer párrafo del artículo 62 de la Ley 286.
Según documentos oficiales, hay vigente seis contratos de exploración y explotación petrolera, dos en el Caribe y cuatro en el Pacífico.
A pesar de los constantes estudios millonarios, de la fase de exploración no se ha logrado concretar si existe yacimiento de petróleo en los mares nicaragüenses que pueda ser comercializado.
Se estima que Nicaragua tiene un área de 104,122 kilómetros cuadrados disponibles para la exploración y explotación de hidrocarburos, en las costas del Pacífico y el Caribe, según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
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¿Privilegiar a empresa Equinor?
Una de las concesionarias es la empresa Equinor (de capital noruego) a quien en mayo de 2015 recibió cuatro licencias en alta mar en el Pacífico nicaragüense para realizar exploraciones y explotación de un área de aproximadamente 16,000 kilómetros cuadrados en la cuenca Sandino, según registros del MEM y de la compañía.
En octubre de 2018, Cairn Energy (empresa que cotiza en la bolsa de Londres) adquirió el 35.1 por ciento de capital en las licencias de exploración en Nicaragua otorgadas a Equipor.
Después de esa transacción, Equinor es el operador con 49.9 por ciento mientras la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) participa con el 15 por ciento.
Los representantes de Equinor fueron los únicos concesionarios en participar en la consulta a la reforma la Ley de Hidrocarburos, que realizaron los diputados de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos el pasado miércoles 11 de diciembre.
Doble sombrero de Edwin Castro
El gerente país de la empresa Equinor, Raúl Hurtado, asistió junto a Ernesto Martínez Tiffer, asesor para asuntos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de Petronic, Jorge Vásquez, asesor de Hidrocarburos del MEM.
Y aunque Edwin Castro es diputado orteguista en la Asamblea también participó en esa consulta pero como “miembro del Gabinete de Energía”, según el registro parlamentario.
El empresario Hurtado habría expuesto a los legisladores que las investigaciones en las cuencas Sandino, en el Pacífico de Nicaragua, han detectado la posibilidad “casi acertada del hallazgo de gas natural o petróleo”, afirmó Jimmy Blandón, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y miembro de la Comisión de Infraestructura.
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Blandón explicó que el gerente país de Equinor les informó que preparan la segunda etapa que es la exploratoria para comprobar si los “indicios de gas natural y petróleo encontrados en la primera etapa es comerciable”.
Equinor ya ha invertido 70 millones de dólares en la primera fase exploratoria y en la segunda serán otros cien millones de dólares.
“Para determinar la calidad y cantidad de recursos de posible explotación, deben hacer perforaciones de 3,000 metros en el lecho marino, para eso necesitan una plataforma de las que están en el Mar Negro, que deberán traer hasta la zona de la concesión en Nicaragua”.
Sueños del oro negro
“Esa plataforma la quieren para hacer tres pozos para tomar otras muestras, que luego determinarán la cantidad y calidad comerciales de gas natural y petróleo, por eso piden que en esta fase de exploraciones se les dispense los pagos de impuestos para traer los equipos que necesitan”, explicó el diputado Blandón.
En la Ley 286 se mantiene el requisito de que una vez concluidos los trabajos por parte de la concesionaria “serán reexportados”, es decir sacarlos del país porque de lo contrario deberán nacionalizarse pagando los impuestos establecidos.
“Los trabajos de perforación de los tres pozos de la siguiente fase de exploración inician en el año 2021 y terminarían en el 2022”, dijo Blandón.