Hace un año el mundo conoció en detalle el infierno desatado por los grupos de civiles armados comandados por la Policía Orteguista (PO) de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense, a través del informe expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la situación en Nicaragua. El listado de cientos de víctimas desnudó “el ataque generalizado y sistemático” de las fuerzas represoras de la dictadura para contener las multitudinarias protestas expresadas en marchas, tranques y barricadas levantadas por la ciudadanía a partir del 18 de abril del 2018.
Fue el 21 de diciembre que el GIEI presentó las pruebas documentadas que lograron recabar de 43 días de horror desatados por las fuerzas parapolicías, turbas y la PO en la acción criminal “operaciones de limpieza”. Se trata de un informe aún vigente puesto que los crímenes siguen en la impunidad.
A través de 463 páginas, los expertos del GIE contabilizaron 109 muertos en el período trabajado del 18 de abril al 30 de mayo. De los muertos, 95 se produjeron por disparos de armas que impactaron en cráneo, cuello y tórax. El informe fue presentado el viernes 21 de diciembre en Washington DC, Estados Unidos.
Sumado a las víctimas mortales, hubo más de 1,400 heridos y más de 690 detenidos durante el tiempo que el equipo del GIEI se le permitió investigar en el país. De los heridos, al menos 599 fueron por de arma de fuego, hecho que brinda una dimensión del uso de armas en el contexto de la protesta social, expusieron los expertos en el documento.
Ortega y Murillo no cumplieron ninguna de las 15 recomendaciones del organismo internacional para que se restablecieran los derechos humanos en Nicaragua. Por el contrario, la dictadura mantiene su represión mediante la instauración del estado policial donde siguen secuestrando a ciudadanos, las manifestaciones opositoras están prohibidas y cualquier intento de protesta es atacado por la PO y las turbas.
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El hecho de que los miembros del organismo internacional de derechos humanos no titubearon en exponer al mundo las pruebas de que “el Estado cometió crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”, le costó que la dictadura los expulsara de Nicaragua el 19 de diciembre del 2018, un día antes de la fecha prevista para hacerse público el informe.
El número de víctimas siguió en aumento. La CIDH contabiliza, hasta la fecha, al menos 328 asesinatos en los 20 meses de represión orteguista. 24 niñas, niños y adolescentes son parte de los muertos.
Más de 150 presos políticos siguen en las cárceles. Parte de la represión fue despedir a más de 405 profesionales de la salud que se negaron a cumplir la orden de no atender a los heridos en los ataques de la PO y parapolicías, así como la expulsión de 144 estudiantes de las universidades es parte de la represalia del régimen documentada por la CIDH.
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El GIEI fue claro en que “la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Siguen vigentes las pruebas de los crímenes
Para los familiares de los cientos de asesinados el informe del GIEI es tan apreciado porque contiene las pruebas para sustentar las demandas judiciales en tribunales internacionales que se lleguen a presentar, en un futuro, contra los altos funcionarios del régimen por orientar una política represiva que se concretó en graves violaciones a los derechos humanos.
Para la Asociación de Madres de Abril (AMA), donde se agrupan a los familiares de las víctimas, el GIEI contribuyó a “decir la verdad al mundo de lo que sucedió” a partir de abril del 2018 en Nicaragua, pero también hizo entender a la comunidad internacional que la dictadura orteguista venía demoliendo los derechos humanos de los nicaragüenses desde 2007.
“Ha servido (el documento) para visibilizar el nivel de violencia por parte del Estado a través del Gobierno, que cometió crímenes de lesa humanidad contra una población desarmada. Demuestra cómo todo funciona a través de una cadena de mando, de la estructura criminal que se formó para atacar las manifestaciones, desvela la estrategia de operar”, dice Francis Valdivia, presidenta de AMA.
Las pruebas recabadas, visibilizar a las víctimas de la masacre, la política represora del régimen para cometer graves violaciones a los derechos humanos son fundamentales para las gestiones de los familiares de las víctimas ante organismos internacionales, gobiernos extranjeros y eventualmente ante tribunales en su demanda por verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición.
“En materia jurídica el informe del GIEI constituye una prueba verídica documental. Obviamente es sumamente importante. Es una prueba documental, y la antesala de poder acudir a la justicia universal. Las familias no desistimos y seguimos buscando justicia”, afirmó la presidenta de AMA. Francis es hermana de Franco Valdivia, asesinado de varios disparos el 20 de abril del 2018, durante la represión de policías y turbas orteguistas a las protestas en el departamento de Estelí.
Aporte para evitar la impunidad
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encuentra la vigencia del reporte del organismos de la CIDH en que es un “grito al mundo porque se evite que queden en la impunidad” los crímenes del orteguismo.
“Es quizás es más contundente informe sobre la masacre en Nicaragua porque a pesar de solo cubrir un período de los hechos, no solo se limitó a recabar las pruebas sino que hizo las valoraciones desde la perspectivas de los derechos humanos presentando un profundo análisis para llegar a la conclusión de se cometieron delitos de lesa humanidad, una connotación para establecer las responsabilidades del gobierno”, afirmó Núñez.
Hace un año, el Estado de #Nicaragua suspendía temporalmente la visita de #CIDH #MESENI y del #GIEI al país. Desde entonces, seguimos monitoreando la situación de #DDHH en estrecho contacto con víctimas y sociedad civil, y reiteramos la disposición de regresar a #Nicaragua. https://t.co/rp2Pt4JoDv
— Antonia Urrejola (@totonia68) December 19, 2019
El GIEI se constituyó por solicitud de la CIDH -a la cual pertenece- con la aceptación del régimen orteguista, no porque estuviese dispuesto a una investigación imparcial de lo que ocurría, sino por verse acorralado durante los primeros meses de la rebelión ciudadana que habían paralizado a Nicaragua exigiendo justicia por los estudiantes, niños, jóvenes y otros ciudadanos muertos en los ataques de las turbas y la PO.
Ortega y Murillo desoyó las recomendaciones del GIEI y en su lugar acusó a la CIDH de parcializarse a favor del “fallido golpe de Estado”, que es la versión distorcionada del régimen pero que la mayoría de los gobiernos extranjeros no dan credibilidad, precisamente por la contundencia de las pruebas de los crímenes documentados por los organismos defensores de derechos humanos.
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Estas son las recomendaciones que realizó el GIEI y que siguen en espera de ser cumplidas
1. Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas.
2. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
3. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
4. Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
5. Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.
6. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.
7. Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
8. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.
9. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.
10. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
11. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.
12. Adoptar medidas para asegurar una investigación eficaz penal y administrativa de crimines cometidas contra las personas heridas y lesionadas, así como las amenazas contra el personal médico. También deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.
13. Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
14. Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.
15. Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.