El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, promulgó un proyecto de ley contra el crimen que endurece las medidas con el fin de detener una ola de crímenes mortales, aunque vetó algunas partes del proyecto, dijo el miércoles el gobierno.
El paquete contra el crimen, que fue aprobado por el Senado de Brasil a principios de este mes, endurece las leyes para combatir la corrupción, el crimen organizado y el crimen violento que practican las bandas criminales. También simplifica el proceso de sentencia en algunos casos.
Tomar medidas contra el crimen fue una de las grandes promesas de campaña de Bolsonaro, un excapitán del ejército que subió al poder el año pasado con el compromiso de poner fin a años de corrupción y la espiral de crímenes violentos. Brasil registra uno de los mayores números de asesinatos en el mundo.
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“El texto final que ha sido sancionado por el presidente trae progreso a la legislación contra el crimen en el país”, explicó el ministro de Justicia Sergio Moro en un comunicado el miércoles temprano.
Moro también escribió en Twitter que “Parte del proyecto de ley aprobado provino del trabajo del comité presidido por (…) Min Alexandre de Moraes. Es un texto excelente y nada inconsistente con el contenido original del proyecto contra el crimen. Como dije, a pesar del juez de garantías, hay avances”.
Parte do projeto de lei aprovado veio dos trabalhos de comissão presidida pelo Min Alexandre de Moraes do STF. É um excelente texto e nada inconsistente com o teor originário do projeto anticrime. Como disse, apesar do juiz de garantias, há avanços. https://t.co/qO2dftpV6U
— Sergio Moro (@SF_Moro) December 25, 2019
Moro, un exjuez que se hizo conocido persiguiendo a decenas de la élite empresarial y política de Brasil en la investigación “Lava Jato”, declaró que Bolsonaro adoptó varios vetos sugeridos por el Ministerio de Justicia.
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Entre los vetos del presidente de derecha había una cláusula para triplicar la sentencia cuando se comete un delito o se muestra en las redes sociales.
El proyecto de ley elimina la restricción a la recolección de material genético sólo en casos de delitos intencionales cometidos contra la vida, la libertad sexual o los delitos sexuales.