Desde que se anunció el esfuerzo político para hacer la metamorfosis de autoconvocados a representantes de la voluntad popular, noté una serie de contradicciones a resolver en el camino hacia la unidad opositora. Para empezar, habrá que definir qué es “Unidad” y qué es “Opositora”.
En ausencia de un Estado de derecho el análisis pertinente es lógico-moral, y no legal: oposición es toda persona natural o jurídica que se considere a sí mismo enfrentado al régimen. Pero se debe tamizar y filtrar a los autodenominados opositores.
La oposición se divide en parlamentaria y extraparlamentaria. La oposición parlamentaria arranca con los partidos que tienen diputados en la Asamblea Nacional, y la extraparlamentaria, con los que no la tienen, sumadas otras personas naturales o jurídicas que se oponen a la dictadura. Los partidos que tienen representación parlamentaria se dividen en partidos de la coalición gubernamental y partidos de oposición.
Pertenecen a la coalición gubernamental aquellos que, a cambio de colaboración o aquiescencia reciben del gobierno cargos prebendarios en los poderes ejecutivo, electoral o judicial, tales como directores en el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, el INSS, entes autónomos y empresas gubernamentales, tribunales administrativos, jueces y magistrados del Consejo Supremo o la Corte Suprema.
Al mantenerse “mamando de la teta”, los partidos prebendarios son gobierno y no pueden ser oposición. El reciente retiro del Partido Conservador de su único curul refleja que al menos ese partido parlamentario comienza esfuerzos por mantenerse en la oposición. Habría que ver, a la luz del filtro de las prebendas, si esa movida es solo cosmética o si es un paso real para convertirse en opositor legítimo. Quisiera darle el beneficio de la duda.
La oposición extraparlamentaria se compone de partidos con personería jurídica, que son por antonomasia vehículos legítimos de expresión de la voluntad popular, en algunos casos probada aún bajo las más duras circunstancias, tal como el partido Ciudadanos por la Libertad, y aquellos organismos nacionales de la sociedad civil nicaragüense, regional, departamental o local que han demostrado desde la protesta civil su posición de oposición legítima.
Pero las sucursales nacionales de ONG internacionales deben ser excluidas, ya que su integración dentro de la unidad opositora equivaldría a una colusión con potencias extranjeras.
Queda entonces por determinar qué peso darle a las instituciones dentro de la gran coalición opositora. A modo de ejemplo no parecería democrático que 82 movimientos de izquierda compuestos por pocas personas cada uno, pretendan tener más peso que el renovado MRS o el PLI, ambos expulsados por el régimen de la Asamblea Nacional, o el Frente Amplio para la Democracia que se organizó como reacción a los fraudes.
Los méritos individuales, por incuestionables que sean, no pueden ser asemejados a los votos de representaciones multitudinarias. Inscribir personas en múltiples organizaciones equivale a copiar los males del régimen que se pretende cambiar, haciendo que sus votos valgan varias veces. Otro problema es la confusión empresa-partido y la necesidad ética de evitar la participación política de los burócratas del sector privado y los directores de las cámaras empresariales binacionales, por sus posibles conflictos de interés. Y esto sin olvidar que a pesar de las buenas intenciones, la dedocracia vaticana o episcopal ya cumplió su papel.
Es incuestionable que el movimiento azul y blanco nace de la ira santa autoconvocada de muchas personas, incluyendo estudiantes que finalmente reaccionaron en defensa del ambiente y de sus abuelos, y que la juventud ha puesto alta cuota de sangre, sudor y lágrimas en esta rebelión, pero valentía y buenas intenciones no son méritos suficientes; la última vez que la ciudadanía dejó que “los muchachos se hicieran cargo”, los jóvenes de entonces, ahora viejos, destruyeron al país y lo siguen destruyendo hoy en día. Además, la autocracia se define como autoconvocados que han llegado al poder.
Las víctimas: familiares de asesinados, heridos, secuestrados políticos, desaparecidos, asediados y torturados tienen derecho a la justicia, a ser compensados, a ser rememorados y a recibir garantías de no-repetición, pero sus incuestionables méritos no les da derecho a representar a la nación. Si haber sido capturado, torturado y abusado constituyeran mérito para conducir al país, los 7 años de suplicio del preso 198 lo convertirían en el candidato con más credenciales.
La conducción de una nación no es un festín improvisado, es un emprendimiento serio que debe estar en manos de quienes escogidos por el voto popular y sin dedocracia, sean capaces de ayudar a los pobres a dejar de ser pobres sin por eso reducir a las clases medias a condición de semipobres (ver Ecuador y Chile). La Unidad Opositora debe ser eso: la unión sincera, proba y proporcional de representantes de verdaderos partidos o movimientos opositores capaces de renovarse dando paso a nuevos vigores.
El autor fue canciller de Nicaragua.