Jueces del régimen son «títeres» de la Policía Orteguista y Ministerio de Gobernación para casos de presos políticos

Convivencia familiar a reos comunes y presos políticos fue otorgada por alcaide y policía, mientras jueces estaban de vacaciones

PGR, Juzgados de Managua, jueces, Policía

Juzgados de Managua han reprogramado audiencias porque reos no son llevados y testigos no llegan. LA PRENSA/ ARCHIVO

La figura legal conocida como régimen especial de convivencia familiar otorgada a más de mil reos comunes y a 92 presos políticos, este 20 y 30 de diciembre de 2019, fueron firmadas por las autoridades de la Policía Orteguista y del Ministerio de Gobernación, mientras los jueces que tienen a cargo los procesos judiciales estaban de vacaciones.

Esta actuación muestra una vez más la falta de independencia del poder judicial y del totalitarismo del régimen de Daniel Ortega.

Mientras la Dirección de Auxilio Judicial Nacional de la Policía hacía firmar a los excarcelados políticos una acta de compromiso para detenidos en convivencia familiar extraordinaria, aprobada por el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director de este departamento, el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) les entregó a los reos comunes una “ carta de libertad” firmada por el Alcaide José Antonio Chacón Quintana.

Sin embargo, para abogados penalistas, en ambos casos el procedimiento fue ilegal y los exprivados de libertad están en el limbo jurídico, sobre todo los excarcelados políticos, porque no los cubre la Ley de Amnistía y el judicial que lleva el expediente los puede mandar a apresar en cualquier momento, según el mover político del régimen.

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“No nos oponemos a las libertades, pero creemos deben hacerse conforme a derecho para que haya garantía jurídica para los beneficiados y esto se logra solo a través de una sentencia de sobreseimiento. Además, quedó demostrado una vez más que tienen presa a gente que no ha cometido delito, sino que es una medida política”, dijo el abogado Maynor Curtis.

“Magistrados y jueces son unos títeres en manos de la Policía Orteguista y del Ministerio de Gobernación a través del Sistema Penitenciario Nacional. Los jueces no mandan nada, son unas marionetas. Ellos imponen prisión preventiva y penas de prisión y luego una orden presidencial, o de la policía o del SPN cambia la situación jurídica de la persona y los ponen libres”, opinó un abogado, que prefiere el anonimato.

Esas actuaciones denotan la falta de independencia del poder judicial y sobre todo la falta de equilibrio entre los poderes del estado, porque el ejecutivo no puede pasar por encima de lo resuelto por el poder judicial, coincidió el abogado Boanerge Fornos, Coordinador de Acción Penal.

Policía y Gobernación usurpan funciones

Con este procedimiento, Gobernación se atribuye funciones que no le competen, pasando sobre el poder judicial, donde los jueces quedan “pintados” agregó Fornos.

La figura de “convivencia familiar extraordinaria” está contemplada en los artículos 119 y 120 del reglamento de la Ley 473, o Ley del Régimen Penitenciario, que literalmente dice que “los centros penitenciarios, de acuerdo con los recursos materiales que posean, tramitarán para las privadas de libertad en estado de embarazo … la convivencia familiar ante la autoridad judicial competente”.

Mientras que el artículo 120 habla de otorgar este régimen a los privados de libertad mayores de 70 años o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal, con previa valoración del médico forense.

Otra ilegalidad en el otorgamiento de este régimen por autoridades del sistema penitenciario es que están otorgando de manera discrecional el beneficio a quienes ellos quieren. “Es una situación ambigua, por un lado rechazan las órdenes de libertad que emiten los jueces de Ejecución, de Juicio y de Audiencia, y por otro lado otorgan convivencia familiar sin corresponderles a quienes quieren”, expresaron abogados consultados.

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