En su desesperación por levantar la captación de ingresos este año, la Alcaldía de Managua extendió su radio de cobros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y pago por el servicio de recolección de basura a personas naturales y jurídicas sin distinciones.
Ahora, además de notificar en residenciales, está cobrando dichos aranceles a dueños de viviendas familiares ubicadas en vías principales de la ciudad, exigiéndoles pagar al menos diez años acumulados de este impuesto, más multas y tasa por servicio de basura.
La persona que no se presenta a pagar o al menos a realizar arreglos de pago es citada a los juzgados de Managua, donde le están abriendo proceso en la vía civil por falta de pago y ordenan despachar ejecución de requerimiento y embargo, ya sea de bienes de los que es titular o dueña y de salario, para recuperar lo adeudado a la municipalidad.
También se están abriendo procesos por defraudación tributaria en la vía penal, donde también según denunciantes están pidiendo cárcel. Según el artículo 303 del Código Penal de Nicaragua, este delito será sancionado con pena de tres a seis años de prisión y multa equivalente al doble del valor de lo defraudado.
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Las deudas andan de 40 mil a 222 mil córdobas por la falta de pago de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, multas del IBI y tasa de basuras vencidas, según arreglos de pagos judiciales. Las causas se están ventilando desde el 2019 en los juzgados Quinto y Tercero Local Civil de Managua.
Proceso de cobro
La modalidad que están utilizando las autoridades municipales es enviar una notificación de cobro desde la Dirección General de Recaudación. Si el contribuyente ignora este llamado, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) del poder judicial le envía una invitación a mediar, que de no resolverse de esa manera se pasa a un juicio civil.
Bajo anonimato, ciudadanos que están siendo presionados para pagar todo el historial, explicaron a LA PRENSA que una vez que llegan a la comuna, para evitar la notificación de la Dirac, les dicen que si no cancelan todo, la otra opción que tienen es llegar a un acuerdo de pago, en el cual se da el 30 por ciento del adeudo total y el resto en abonos en un lapso de seis meses.
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“Uno se siente con las manos arriba y sin poder hacer nada, sin tener a quien recurrir. Te sentís impotente”, declaró una de las personas, quien solicitó no se revelara el monto que le cobran, para no correr riesgo de que la identifiquen.
Golpe al bolsillo
Otro dueño de propiedad que recibió la notificación de cobro, aseguró que se le dificulta pagar el 30 por ciento en concepto de arreglo de pago y el dinero restante en el período de seis meses. “Soy una persona asalariada y sencillamente no tengo para pagar todo lo que me están cobrando”, agregó.
“Estamos preparando a los chavalos para el ingreso a clases, eso representa un gasto. Solo que lo mande con los cuadernos del año pasado”, se quejó otra señora que fue notificada.