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violencia

El crimen contra la joven Anielka Raquel Espinoza Escobar, ocurrido en un cañaveral en Villa El Carmen, fue uno de los hechos sangrientos que conmovió a la población en el año 2016. LA PRENSA/ARCHIVO

“La sociedad entera está enferma ahorita”. La alarmante “descomposición social” a la que ha entrado Nicaragua y la responsabilidad de Ortega

Durante el primer mes del 2020 se registraron al menor 20 muertes violentas, entre feminicidios, parricidios y asesinatos. Analistas advierten que el discurso de odio, la impunidad y la represión estatal están llevando a la sociedad nicaragüense a niveles preocupantes de descomposición

Hijos que matan a sus madres, hombres que asesinan a sus parejas, sujetos que “roban” vidas por apropiarse de celulares e indígenas brutalmente asesinados por un pedazo de tierras, fueron los hechos de violencia que marcaron el inicio de este 2020 y que a criterio de especialistas revelan el grado de descomposición social que ha generado dos años de represión estatal, que ha venido acompañado de impunidad y promoción del odio desde el oficialismo.

“El incremento de la violencia de este año es el resultado del incremento de la violencia de los años anteriores, no veo ningún motivo por el cual debiéramos de pensar que la violencia si iba a disminuir en el 2020”, manifestó el sociólogo y analista político Óscar René Vargas.

Nicaragua inició el año presenciando al menos 20 muertes violentas, entre feminicidios, parricidios y asesinatos, lo que representa un resultado alarmante por el grado de odio con el que han ocurrido los hechos.

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Para Vargas, desde que Ortega permitió la violencia generada en abril de 2018, que continúa hasta la fecha, por parte de sus grupos de turbas y parapolicías, también permitió que la impunidad reinara en ellos, y por consecuencia, afectará la seguridad de la sociedad.

“Los sectores que participaron en esa violencia (represión), e incluso los sectores que no participaron, como en el caso de los feminicidios, vieron que existe una especie de impunidad para continuar con la violencia y eso permite que la gente se sienta con el derecho de poder actuar violentamente”, refirió.

“Descomposición social”

Los analistas coincidieron que en Nicaragua hay una “descomposición social” generada por diferentes factores, pero principalmente por la violencia política de la dictadura Ortega Murillo -que conllevó a una crisis social, política y económica- además de que la cultura machista y desigualdad de género que se ha agravado en el país.

“Hay violencia de parte del Estado, de todas las instituciones gubernamentales… (la violencia) está por todos lados y en las relaciones sociales está afectando directamente a las familias y personas. La violencia está en todos los niveles y por eso tenemos una producción de estado de violencia, tenemos una promoción del odio y violencia en alto nivel”, señaló por su parte Cirilo Otero.

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Vargas argumentó que la sociedad nicaragüense “entró en un proceso de descomposición social” donde la única manera de frenar ese proceso es resolviendo el problema social, político y económico del país, es decir, “la situación económica no se resuelve, si no se resuelva lo político y la descomposición social no se resuelve si no pasa por cambiar el gobierno”.

“La sociedad entera está enferma ahorita, es una situación difícil de aceptar porque estamos viviendo en medio de la represión que continúa, aunque más solapadamente, y permite esos exabruptos de los asesinatos de las mujeres, madres, de las violaciones, de los abusos, desde la corrupción y toma de tierras”, agregó Vargas.

El Estado es el responsable

Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), expresó que el principal responsable del estado violento actual es el régimen orteguista,  que se ha encartado de dar impunidad a los violadores de la ley, con tal de retener el poder.

“En derechos humanos existe la responsabilidad en cadena, donde los responsables de un crimen no solo son únicamente los que ejecutan, (sino) es la cadena de mando hasta llegar al Presidente de la República como jefe supremo de la Policía, con responsabilidades específicas como la impunidad”, señaló.

Y agregó:  “La falta de una política gubernamental que busque cómo prevenir esta situación, todo este ambiente de crisis política, social y económica, ha producido una descomposición social que significa que la gente se aparta de los parámetros de comportamiento normales en una sociedad y llegan a esos actos exabruptos y violentos”.

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Traumas de la crisis

El sociólogo Otero explicó que toda acción conlleva a una reacción, y la alteración del orden social, político y económico que se vive desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales, provocó un estado nervioso y de estrés en las personas, que se traduce en alteraciones en su carácter y “generalmente se desemboca en circunstancias violentas”.

De hecho un estudio que presentó la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) sobre la situación socio-emocional en 2019 en el país,  reveló que la crisis económica a raíz de la crisis política ha generado también impactos a nivel socioemocional en la población nicaragüense en la medida en que el desempleo y la pobreza aumentan con el paso de los meses.

Actualmente, el 62.5 por ciento de los nicaragüenses se siente más agobiados que en dos años anteriores, apuntó el estudio de Funides.

“Esto es un problema de educación, si la gente no tiene suficiente aprendizaje sobre las alteraciones normales que hay en la vida, difícilmente tienen reacciones estables o que sean humanamente sociables, y la gente va a reaccionar siempre con violencia”, indicó Otero.

¿Violencia marcará el año?

Sobre si las muertes violentas registradas en enero marcarán el resto del 2020, los analistas  apuntaron que dependerá del régimen orteguista si sigue ofreciendo impunidad a sus adeptos o agresores, o trabajará en “normalizar” la situación.

Vargas tomó como ejemplo la masacre que realizaron los colonos contra indígenas de la comunidad Alal, en Bosawas, donde murieron cuatro personas. El especialista manifestó que será una de las “pruebas de fuego” para el régimen para que ponga en acción su discurso oficialista.

“El ejemplo será qué va a pasar con la Costa Caribe, a estos represores que asesinaron y quemaron las viviendas qué les va a pasar, si lo dejan impune nos estarían mostrando que la cosa va a continuar… Ese es el reto del gobierno de reprimir a los represores que andan desatados, o permite que esto continúe (violencia) y entonces la descomposición social va ser mayor y no sabemos qué puede resultar”, sentenció Vargas.

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Para Otero, enero marcó una pauta importante del estado de violencia que sufre el país, pero este no es un factor determinante que pudiera marcar el resto del año. “Hay factores humanos y actitudes de las personas que puede hacer variar esa tendencia. Hay condiciones que pueden que cambien, que hagan girar la situación”, dijo.

Por su parte Núñez demandó al régimen la implementación de políticas públicas donde se involucre a todos los sectores para trabajar en la problemática.  “Todo este tipo de cosas no lo van a detener con anuncios, como (el anuncio) abrir las Comisarías (de la Mujer), eso es un apaga fuego.  Para atacar la violencia en todas sus formas no hay que atacar únicamente los efectos que lo producen, tienen que buscar cómo impulsar políticas integrales en las que se involucren todos los actores del país, sino esto va a seguir”, concluyó.

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