El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, espera que en una semana los diputados de la Asamblea Legislativa le aprueben la solicitud de un préstamo de 109 millones de dólares para continuar con la fase III del plan Control Territorial que busca eliminar los homicidios que afectan la seguridad del país.
El 9 de febrero los diputados se negaron a sesionar y aprobar la solicitud del préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el plan de seguridad, que de acuerdo al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública busca “modernizar a la Policía y Fuerza Armada” salvadoreña. Por esto, Bukele llegó al Parlamento el domingo, acompañado de sus simpatizantes, y amenazó con una insurrección, convocando el artículo 87 de la Constitución que “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos”. Aunque expertos han asegurado que la invocación de este artículo es improcedente.
Puede interesarle: Estas son las claves del conflicto político en El Salvador, derivado del choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
El presidente ingresó a la Asamblea Legislativa, donde ya estaban decenas de militares y policías fuertemente armados, y se dirigió a los presentes: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a tomar en manos de Dios”, dijo Bukele desde el lugar del presidente del parlamento. Tras salir del lugar, aseguró que Dios le pidió que tuviera paciencia para actuar.
¿Por qué causa polémica el préstamo?
Los 109 millones de dólares, según la propuesta del presidente, se dividirían así:
- 25.9 millones para equipamiento e infraestructura
de video vigilancia
- 46.9 millones para movilidad estratégica
- 2.6 millones para mobiliario médico del Hospital Militar
- 17.4 millones para equipo táctico
- 12.9 millones para equipo médico
- 3.3 millones para la administración, supervisión y auditoría
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El préstamo, que fue solicitado desde noviembre de 2019, ha causado gran controversia entre los parlamentarios que han asegurado, de acuerdo a medios de comunicación locales, que hay falta de transparencia en la propuesta, por lo que han llamado en varias ocasiones a funcionarios del gobierno para que detallen cómo se destinarán los fondos.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira, aseguró a la cadena BBC que en El Salvador hay una desconfianza histórica sobre el manejo de presupuestos y que en este contexto sigue vigente.
La administración del préstamo además ha generado desconfianza después de conocer que la compra de los equipos de video vigilancia se haría a una empresa que estuvo involucrada en el pago de un viaje a México al director de los Centros Penales salvadoreños, según medios locales, lo que genera el cuestionamiento de la relación entre el gobierno y esta empresa.
Lea además: Nayib Bukele: «Estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren aprobar dinero que no es de ellos»
Destinar tanto dinero a la propuesta del mandatario, cuando el país enfrenta problemas como la pobreza es otras de las causas que vuelve polémica la propuesta. Al respecto, José Tojeira agrega que los homicidios en El Salvador no se erradicarán mientras no hayan niveles de vida dignos.
El “Programa de Modernización de las instituciones de Seguridad Ciudadana en el Marco del Financiamiento del Plan de Control Territorial en su Fase III (PMISC)” es una iniciativa del mandatario salvadoreño, quien había ordenado una sesión extraordinaria para el domingo 9 de febrero debido al retraso que ha tenido la aprobación del mismo en la Asamblea Legislativa.
La toma militarizada de la Asamblea Legislativa y las amenazas del mandatario fueron condenadas por el órgano a través de un comunicado, donde aseguró que se trataba de “una exhibición de fuerza bruta” para intimidar y forzar a tomar decisiones. Además aseguraron que hubo una ruptura del Orden Constitucional.
Lea además: Convocatoria de Nayib Bukele era «jurídicamente improcedente», establece análisis del Fusades de El Salvador
Bukele se pronunció ante la situación en su cuenta de Twitter y aseguró que no hubo heridos ni se realizaron disparos.”Pero en otros lugares, 4 salvadoreños murieron a manos de los criminales que ellos protegen. Se escandalizan por lo primero, pero no creen que sea urgente hacer nada por lo segundo”, escribió. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aseguró que en el mes de enero se han registrado 119 asesinatos con un promedio de 3.8 homicidios diarios.
Este martes 12 de febrero, los parlamentarios incluyeron en la agenda de la sesión ordinaria la iniciativa del mandatario salvadoreño, pero no lograron un acuerdo para pronunciarse sobre la misma. De acuerdo a medios de comunicación locales, la comisión Hacienda y Especial del Presupuesto retomará el tema hasta el próximo lunes y convocará a funcionarios para que expliquen la iniciativa.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, a través de la Sala de lo Constitucional, ordenó este lunes al mandatario salvadoreño «abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales». Ademá ordenó al Ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, que no ejerzan «funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados», tras los hechos del domingo pasado.