El régimen y sus diputados orteguistas buscan mantener el secretismo sobre el negocio de los combustibles, donde la familia Ortega-Murillo tiene un gran control, puesto que fueron creadas cuatro nuevas empresas estatales que entrarán a operar en el mercado nicaragüense, sin explicar de dónde provienen sus activos financieros, y cuáles son las empresas en operaciones que serán absorbidas por las nuevas entidades públicas.
Ante la falta de transparencia de la dictadura, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo y Jimmy Blandón, interpretan que con la constitución de las cuatro nuevas empresas lo que ocurrirá es que desaparecerá la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) para intentar esquivar las sanciones de Estados Unidos, puesto que Petronic quedó inmovilizada por su vinculación con la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), afectada directamente por las sanciones.
Este 11 de febrero la aplanadora de 70 diputados orteguistas aprobaron en un trámite expedito las propuestas de las leyes creadoras de la Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (Eniplanh), Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarbusos (ENIH) y la Empresa nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (Enicom).
Esas cuatro empresas públicas son el esquema ideado por la dictadura de Daniel Ortega para mantener el control en la cadena del negocio de la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas, combustibles de uso de automóviles, bunker fuioil para las generadoras de energía eléctricas, así como la exploración de petróleo en Nicaragua.
Enicom es la de mayor incidencia
La empresa que tendrá mayor incidencia es Enicom debido a que se le otorgan las operaciones de Petronic, como la importación, almacenaje, transporte y distribución de los hidrocarburos.
En el plenario, el diputado Blandón exigió a los orteguistas presentar los estudios que sustenten que el país necesita este nuevo esquema de intervención del Estado en el mercado del petróleo, así como las auditorías que permitan transparentar la procedencia del dinero con las que se están fundando las entidades públicas, sobre todo a Enicom.
“¿De dónde viene el capital para la conformación de esta empresa (Enicom? ¿Cuáles son esas empresas que se dedican a la importación y transporte de hidrocarburos que serán absorbidas?”, cuestionó Blandón en el plenario de la Asamblea.
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Diputados del Frente Sandinista callan
Ningún orteguista respondió. Lo que hicieron los diputados Edwin Castro, Wálmaro Gutiérrez y José Antonio Zepeda, de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue repetir el mismo argumento de que con las cuatro nuevas empresas, el Estado será más especializado en la función de asegurar los servicios del suministro de combustibles y energía en el país.
Sin embargo, el diputado Blandón, les advirtió del gran riesgo al que exponen al Estado porque se aprobando leyes para crear empresas “con un capital que no se sabe la procedencia, la cantidad y cuáles son esos bienes”.
“No se puede conformar una sociedad así, sin transparencia y más con las magnitudes de esta empresa Enicom”, reclamó Blandón a los orteguistas.
Las leyes creadoras de Enigas, Eniplanh, ENIH y Enicom tienen el mismo esquema de constitución e incluso son iguales en la redacción de sus textos.
En las cuatro leyes aparece redactado de la misma manera el artículo 11 que establecen que el patrimonio, de cada empresa, estará conformado por “los bienes inmuebles e inmuebles, derechos, acciones u obligaciones que actualmente pertenecen a cualquier institución o empresa del Estado, relacionados directa o indirectamente a las actividades” designadas a las entidades. En la última línea de ese artículo 11 lo único que cambia es el tipo de la actividad que desempeñará la empresa en el negocio petrolero como será a la importación, transporte y comercialización del gas licuado, gasolinas o del fueloil, así como de las exploraciones de hidrocarburos”.
Les traspasan todas las operaciones de Petronic
Según Blandón, el régimen “fractura a Petronic” ante la inmovilización que le ha causado las sanciones a Albanisa para seguir operando en el mercado petrolero. Además de pretender esquivar futuras sanciones por parte de EE.UU a funcionarios y negocios vinculados al régimen Ortega y Murillo.
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“Básicamente lo que están haciendo es que todo lo que era Petronic, lo están distribuyendo en cuatro empresas. Una que se encargará de la importación de hidrocarburos, otra del gas licuado, otra que se va a encargar del almacenamiento (de los combustibles) y otra de la distribución del petróleo”, afirmó Blandón, jefe de la bancada PLC.
Albanisa es una sociedad creada en 2007 por las dictaduras de Ortega y de Venezuela, con Hugo Chávez (ya fallecido) para controlar el acuerdo petrolero entre esos países. Petronic es dueño del 49 por ciento de las acciones de Albanisa y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) posee el 51 por ciento de las acciones restantes.
Albanisa y DNP han sido utilizadas por la familia de Ortega y Rosario Murillo junto a un grupo reducido de funcionarios allegados al régimen, para manejar el acuerdo petrolero que ha generado más de cuatro mil millones de dólares durante más de diez años, según registros del Banco Central de Nicaragua (BCN).
EE.UU. sancionó a Pdsva, Albanisa y a DNP señalándolas de ser parte de una red de lavado de dinero de los regímenes de Ortega y de Nicolás Maduro en Venexuela, siendo sus subsidiarias usadas para ese fin también.
Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, ha sido el director de la DNP a través de la que operaba la millonaria de importación y comercialización de combustibles. Rafael Ortega Murillo también está sancionado junto a la empresa de de seguridad El Goliath e Inversiones Zanzíbar, vinculadas a los negocios de la familia de dictadores.
Advierten fracaso de movida de la dictadura
La exministra de Comercio y diputada del PLC, Azucena Castillo, advirtió que el régimen “fracasará” en su nuevo intento de burlar a EE.UU. puesto que recordó que las instituciones de ese gobierno “lo que persigue es el dinero de empresas vinculadas al lavado de dinero”, por lo tanto afirmó que “será difícil que si activos contaminados de Albanisa” o DNP, pasan a constituir las cuatro empresas estatales que entrarán al negocio de los hidrocarburos, esas compañías se salven de ser sancionadas también.
“El punto de procupación en todo esto es el origen de los activos de estas empresas. Lo que debió haber hecho el Gobierno, ante las sanciones a Albanisa y DNP, que afectan el funcionamiento de Petronic, es abrirse a la participación del sector privado, hacerlo con transparencia. No se debe estar montado en activos contaminados” al Estado, dijo Castillo.
La legisladora recordó que el mismo intento hizo el régimen cuando en marzo del 2019 los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron por Ley la compra por 23 millones de dólares del Banco Corporativo S.A. (Bancorp), que pertenece a Albanisa, para convertirlo en el Banco Nacional.
“Esa transacción fue fallida porque, aunque aprobaron la compra la Ley nunca se publicó en La Gaceta y así nunca se concretó. Al final Bancorp tuvo que desaparecer”, dijo Castillo.
Castro dice que se crearán de oficinas del Gabinete de Energía
Aunque Edwin Castro, jefe de la bancada FSLN, negó que Petronic desaparezca, pero no explicó por qué se segmentaron sus operaciones en cuatro empresas distintas. Castro tampoco aclaró cuáles son las empresas del Estado que ya importan y distribuyen combustibles cuyos activos pasan a ser de las nuevas entidades, sobretodo de la Enicom, cuya operaciones serán las que actualmente ejecuta Petronic.
“Petronic sigue existiendo. No ha pasado nada (con ella)”, dijo Castro al ser cuestionado por LA PRENSA.
La explicación del diputado Castro es que las cuatro nuevas empresas estatales serán creadas de las direcciones que funcionan en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de otros ministerios del Gabinete de Energía, aunque no aclaró cuáles son.
“Salen del MEM, no inventemos cosas. Salen de direcciones que en el Ministerio de Energía y Minas y del Gabinete de Energía han estado viendo (el negocio de los combustibles) y que es necesario ahora hacer una empresa (estatal), porque tiene relación con empresas internacionales”, expresó el jefe de la bancada FSLN.
FSLN usa a los trabajadores de nuevo
En las leyes creadoras de Enicom, Enigas, Eniplanh y ENIH se ordena traspasarles todo el personal que requieran, “de cualquier institución o empresa del Estado”, los que, se estableció, no recibirán liquidación de prestaciones cuando pasen a la nueva empresa, sino que “gozando de los derechos salariales y de antigüedad laboral adquiridos previamente”.
Los diputado Castillo y Blandón reclamaron que ese mecanismo era inconstitucional porque violentaría los derechos de los trabajadores que serán movidos, debido a que, según los diputados, primero deben pagárseles las prestaciones por los servicios realizados en su anterior empleo, para luego asumir sus nuevas funciones en otras empresas.
Los orteguistas Edwin Castro, Walmaro Gutiérrez y José Antonio Zepeda respondieron en sintonía que los representantes del PLC mentían. La explicación que dieron los tres legisladores es que siendo que se trata del mismo empleador el Estado, lo único que se hace es mover al personal a las nuevas empresas pero manteniendo los derechos y prestaciones sociales ganadas en su anterior puesto.