Desde enero de 2019 hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 51 individuos, 75 empresas y 55 buques petroleros relacionados con el gobierno en disputa de Venezuela, según datos recopilados por la Voz de América.
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Las medidas, parte de la política del gobierno del presidente Donald Trump para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro, han sido dirigidas principalmente al sector petrolero (PDVSA), a personas o empresas acusadas de corrupción (el escándalo de las CLAP, el dueño de Globovisión) y funcionarios de alto rango (el canciller Jorge Arreaza, el director del DGCIM).
Las empresas sancionadas están esparcidas en 18 países incluyendo el propio Estados Unidos (20), Colombia (13), Panamá (11), Venezuela (8) y Liberia (6).
Funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, han sugerido en las últimas semanas que la petrolera rusa Rosneft podría ser sancionada por “apoyar” al presidente en disputa.
Solo una empresa rusa ha sido sancionada en el último año por EE.UU. en relación a Venezuela; Evrofinance, un banco con sede en Moscú que es propiedad conjunta de PDVSA y dos empresas estatales rusas.
También hubo una sanción general, por orden ejecutiva, hacia los activos del gobierno en disputa de Venezuela en el exterior.
Enero a marzo de 2019:
EE.UU. sanciona a una red de cambio de divisas venezolanas que fue acusada de robar más de dos mil millones de dólares de las arcas estatales. El dueño de Globovisión, Raúl Gorrín y la propia empresa televisiva fueron señalados por el gobierno de Trump.
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EE.UU. sanciona a Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal, una de las medidas más duras ya que redujo los ingresos del gobierno en disputa de la principal exportación del país: el petróleo.
EE.UU. sanciona a Minerven, la minera estatal venezolana y su jefe, Adrián Perdomo.
Marzo a junio de 2019:
EE.UU. sanciona a 34 buques petroleros propiedad de PDVSA y dos compañías que participaban en el transporte de crudo venezolano hacia Cuba.
EE.UU. sanciona al Banco Central de Venezuela y a su directora, Iliana Ruzza.
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EE.UU. sanciona al canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, quien es el representante del país ante la Organización de las Naciones Unidas y ha denunciado frente al organismo lo que considera un “bloqueo criminal” por parte del gobierno de Trump.
Junio a septiembre del 2019:
EE.UU. sanciona a Alex Saab, su socio Álvaro Pulido y otras nueve personas por denuncias de corrupción en el programa de alimentos de emergencia de Venezuela, conocido como CLAP.
Septiembre de 2019 a febrero de 2020:
EE.UU. sanciona a cinco funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, entre ellos el almirante en jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Remigio Ceballos, y el miembro de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño.
EE.UU. sanciona a siete diputados de la oposición, entre ellos Luis Parra, quien se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional (AN), creando una escisión dentro del cuerpo legislativo.