Entre el 2018 y 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inyectó a Centroamérica mediante nuevos préstamos a los gobiernos 3,553.5 millones de dólares, pero de esa abundancia financiera Nicaragua ha estado aislada. El informe anual del organismo revela que en los últimos dos años el régimen de Daniel Ortega no ha obtenido ni un dólar en crédito de este banco, lo que evidencia la asfixia financiera al que está sometido.
Por años el BID figuró entre sus principales fuentes de financiamiento externo. Ante esa situación, Ortega se ha visto obligado a buscar alternativas de créditos más costosos comparado con los que ofrece este multilateral, mientras la región centroamericana obtiene recursos más baratos para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza.
Solo el año pasado a toda la región, exceptuando a Nicaragua, el BID financió 23 nuevos préstamos al sector público por un valor del 2,253 millones de dólares, 330 millones de dólares más que el promedio del 2018. Asimismo en el 2019 se brindó asistencia técnica mediante 92 donaciones con un valor de 70.5 millones de dólares, según el reporte denominado “El Grupo BID en el Istmo Centroamericano y la República Dominicana”, publicado la semana pasada. Este desmenuza el financiamiento que se ha otorgado a la región.
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Entre 2015 y 2017, Nicaragua obtuvo 844.1 millones de dólares en nuevos préstamos para el sector público, sin incluir 17.8 millones de dólares en cooperación técnica y 40 millones de dólares en donaciones, para un total de 902.5 millones de dólares, lo que evidencia el impacto que habrá generado la suspensión de fondo por este organismo.
Según el informe, el último año que Nicaragua recibió del BID en nuevas aprobaciones de préstamos 335 millones de dólares, el monto más alto de los últimos tres años. Algunos de estos se siguen desembolsando e incorporando en el Presupuesto General de la República. Es decir, que el régimen estaría sobreviviendo de los acuerdos financieros ya pactados.
Desembolsos en el 2019
En cuanto a los desembolsos, en 2019 el BID entregó a Nicaragua 131.2 millones de dólares, cuando en años anteriores los montos eran de alrededor de doscientos millones de dólares al año. Por ejemplo en el 2017, el sector público recibió en desembolsos 289.5 millones de dólares y en el 2016 otros 151.9 millones de dólares.
Estos desembolsos fueron dirigidos para el sector salud, transporte, energía, agua y saneamiento, e innovación y tecnología.
En el 2019 se desembolsaron 1,931 millones de dólares para toda la región, los que aportaron con un 21 por ciento a la inversión pública y 13 por ciento cubrieron la necesidad de financiamiento del istmo.
Financiamiento depende de la solución política
Para Edmundo Jarquín, exfuncionario del BID, Nicaragua no podrá acceder a nuevos préstamos con el BID, mientras no se solucione la crisis política que se vive desde abril del 2018.
“Definitivamente debe haber una solución a la crisis política, sino hay una solución, ni el BID, ni el Banco Mundial, el BID, sobre todo que es parte del sistema interamericano, dirigido por la Organización de Estados Americanos (OEA), será difícil que hayan nuevos préstamos”, sostuvo Jarquín.
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El BID es el brazo financiero de la OEA, que ha condenado al régimen por la represión y la violación a los derechos humanos. Jarquín recuerda la influencia y peso que tienen los países europeos y Estados Unidos dentro del organismo, lo que indicaría que Ortega la tiene difícil.
“Es decir, la idea de que con dictadura y violación a los derechos humanos los Estados Unidos y la Unión Europea puedan mantener una relación normal con Nicaragua es extremadamente ilógico y eso se tiende a expresar en los organismos multilaterales, en los cuales tanto los EE.UU. como la Unión Europea tienen una influencia fuerte”, dijo Jarquín.
El economista Róger Arteaga manifestó que desde que estaba en discusión la Nica Act, por fuentes cercanas al BID, tuvo información que desde adentro ya se había dado instrucción de cortar los nuevos financiamientos a la dictadura de Ortega.
“Desde que se estaba cocinando la Nica Act, se sabía que iba haber repercusiones en el nuevo financiamiento, ahora el problema es que ese financiamiento no va a volver si no hay una solución a la crisis sociopolítica”, dijo Arteaga.
Aunque antes del 18 de abril de 2018 en Estados Unidos ya se promovía la aprobación de la Nica Act, fue tras la masacre que le costó la vida a más de 328 nicaragüenses lo que aceleró la creación de la misma, que básicamente orienta al Gobierno estadounidense a oponerse a nuevas aprobaciones de préstamos a Nicaragua donde tiene poder de veto. A su vez, se establece se debe utilizar la influencia para asegurar el propósito de ley.
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En Nicaragua, según el reporte, es el sector privado el que sigue obteniendo recursos. Según el reporte se aprobaron el año pasado en préstamos 92 millones de dólares.
Crisis política ha tenido un alto costo
De hecho, The Economist Intelligence Unit (EIU) en su reporte y advirtió del impacto que la Nica Act está teniendo en el acceso al financiamiento del Gobierno, lo que obligará al Gobierno a seguir buscando la consolidación fiscal, luego de que también el año pasado, la reforma fiscal le generará en ingresos adicionales al régimen 7,855.4 millones de córdobas (unos 231 millones de dólares), cuyo rendimiento irá disminuyendo su potencial.
“La agitación política, junto con una serie de sanciones financieras internacionales, ha provocado un deterioro dramático en las condiciones económicas” de Nicaragua, advirtió EIU, en su último reporte publicado en febrero.
El BID había sido el mayor donante de Nicaragua, recuerda la prestigiosa publicación. “Nicaragua continuará asegurando un financiamiento alternativo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero el creciente aislamiento regional e internacional del país hará que sea difícil para Nicaragua cubrir su requerimiento de financiamiento externo”, advierte.
De hecho a inicios del año la Asamblea Nacional anunció que este año se contempla otra revisión a la Ley de Concertación Tributaria, la que estaría enfocada particularmente en el racionamiento de más exenciones y exoneraciones. Los ajustes fiscales aprobados el año pasado han resultado en un cóctel negativo para la economía, que se encaminaría a su tercer año de recesión.
El EIU vaticina que en lugar de aumentar el gasto en un intento de asegurar el apoyo público, el gobierno de Ortega se centrará en los próximos años en la consolidación fiscal (dado su acceso extremadamente limitado al financiamiento) “para evitar la necesidad de imprimir dinero, lo que podría tener un efecto perjudicial sobre la inflación”.
Relación del BCIE con Ortega puede afectar a la región
Y mientras el BID mantiene congelado los nuevos préstamos para el país, el BCIE sigue financiando al régimen de Daniel Ortega, lo que ha sido motivo de crítica a la institución.
Para Jarquín esta conexión podría afectar más adelante al BCIE y por consiguiente los préstamos que este organismo da a la región.
“El BCIE se fondea u obtiene sus recursos fundamentalmente con la garantía de los gobiernos centroamericanos y los otros socios extraregionales y el hecho que siga prestando a Nicaragua va encarecer la tasa de interés de los recursos que obtiene de los mercados internacionales y eso va afectar a los otros prestatarios, que son los países centroamericanos y hasta ahí va llegar la luna de miel que tienen”, explicó Jarquín.
El BCIE se ha declarado apolítico.