En una intervención ante la primera sesión anual del Consejo en la que detalló la situación de los derechos en diez países, la mitad de ellos latinoamericanos, la expresidenta chilena exhortó a sus gobiernos a seguir las recomendaciones de su oficina en favor de las libertades fundamentales. Sobre Venezuela, Bachelet destacó un aumento de la colaboración entre el Gobierno de Nicolás Maduro y su oficina, pero recordó que el comité de coordinación entre ambas partes he recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas.
“Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos”, subrayó la alta comisionada.
“Colombia usa a Ejército contra protestas sociales”
Sobre Colombia, Bachelet expresó su preocupación por el uso del Ejército para contestar las protestas sociales, o la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres. “Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia”, subrayó Bachelet, para señalar que en 2019 su oficina documentó al menos 108 asesinatos de activistas (la Defensoría del Pueblo colombiana eleva este número a 134).
En el turno de réplicas, la representante colombiana replicó que las autoridades “no ahorraron esfuerzos para proteger a líderes y defensores de los derechos humanos”, y atribuyó los ataques contra estos activistas a grupos armados y organizaciones criminales que suponen “el mayor desafío” para el Gobierno.
“Abogados de víctimas en Nicaragua son intimidados”
Respecto a Nicaragua, la alta comisionada aseguró que desde la presentación de su último informe sobre ese país en septiembre de 2019 “las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”.
“Organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones”, mientras “el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado”, denunció Bachelet, quien recordó que 61 personas continuaban privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas de 2018, y que 40 de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor de la Ley de Amnistía de junio de 2019, según organizaciones de la sociedad civil.
Pobreza y violencia obligan a emigrar
En cuanto a Guatemala, Bachelet pidió a las autoridades que adopten medidas efectivas e integrales para la prevención de los ataques contra defensores de derechos humanos y miembros de las instituciones judiciales.
Sobre Honduras, la alta comisionada recordó los altos niveles de pobreza, violencia e inseguridad, que han incidido en la emigración de muchos ciudadanos hacia Norteamérica, y pidió a la Justicia nacional que continúe la investigación del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en 2016.