Las sanciones de Estados Unidos, dirigidas a la Policía del régimen orteguista, evidencian las violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas cientos de presos políticos y las personas que han sido reprimidas en marchas y piquetes pacíficos, además brinda un poco de justicia a las víctimas mortales de la represión, consideran excarcelados y miembros de la Asociación de Madres de Abril, AMA.
El castigo financiero fue contra tres comisionados de la Policía Orteguista: Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y director de la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) y Juan Antonio Valle Valle, Jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, y por primera vez, una institución del Estado de Nicaragua: la Policía. Las sanciones fueron confirmadas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Los excarcelados políticos Yubrank Suazo, Ivania Álvarez y Juan Bautista Guevara, destacaron que los sancionados son rostros que han estado ligados a la represión impuesta en las calles, en las casas y en los sistemas penitenciarios.
En el comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que la Policía es “una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”. También indica que la fuerza policial, como institución participó en escuadrones de la muerte y realizó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros.
Los presos políticos han denunciado ser víctimas de malos tratos, de no tener acceso a medicamentos ni recibir atención médica, los mantenían en celdas de seguridad, y en varias ocasiones, fueron víctimas de golpizas grupales por parte de bloques de antimotines. Lo peor sucedió el 16 de mayo de 2019, cuando fue asesinado el preso político Eddy Montes en la cárcel La Modelo.
Por su parte, Arelis Guevara, integrante de la Asociación Madres de Abril, expresó que las sanciones a la Policía lo ven como una parte de justicia, “que a ellos (la PO) se les haga más difícil su represión hacia el pueblo, que la Policía no pueda trabajar en paz y con impunidad”, sostuvo.
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Doña Elizeth Cruz, tía de Michael Cruz, víctima de la represión, explica que con las sanciones siente que “ha obtenido un grano de justicia”, puesto que uno de los afectados es el jefe de la DOEP, y precisamente, uno de los subordinados fue “quien asesinó a mi sobrino y el hecho que lo hayan sancionado hace más evidente su culpabilidad a la hora de quererlo llevar a los tribunales internacionales”, dijo.
Francys Valdivia, presidenta de AMA, explica que las sanciones a los diferentes mandos de la Policía establecen responsabilidades de cara a la justicia nacional e internacional. Asimismo, “establecen otros rostros, otras personas de la estructura que perpetraron y dieron órdenes de matar”.
Para Suazo, ex preso político y miembro de la Coalición Nacional, reciben la noticia con satisfacción porque de una u otra forma, va a contribuir a que la represión disminuya, al no permitirle el ingreso de recursos financieros.
Guevara sostiene que no solo espera sanciones de Estados Unidos, sino del Parlamento Europeo. AMA también considera que es necesario que se sumen más sanciones a los mandos de la Policía en los diferentes departamentos.