La Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidida por la juez Elizabeth Odio Benito, hizo un llamamiento al diálogo entre el Gobierno de Daniel Ortega y los representantes de las comunidades indígenas del Caribe Norte de Nicaragua para que resuelvan el problema concreto de la violencia, el desplazamiento de indígenas en la zona causados por la influencia de colonos en territorio indígena.
“Hago un llamado al diálogo y entendimiento para solucionar el problema concreto”, dijo la juez Odio Benito, este medio día, durante la audiencia urgente de monitoreo de medidas provisionales ordenadas por este tribunal, en el 2016, a las Comunidades del pueblo indígena Miskitu, región Costa Caribe Norte de Nicaragua.
La Corte además, reiteró que un punto que les interesa es la creación de un órgano que estuviera integrado no solo por las partes en conflicto, sino por profesionales como sociólogos, antropólogos para estudiar la situación en el lugar y poder crear políticas de pacificación que ayuden en este sentido.
Esta audiencia se dio a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes de los pueblos indígenas víctimas.
Esta revisión se dio cuatro años después de otorgadas las medidas provisionales y a menos de un año de ser ampliadas a más beneficiarios en septiembre de 2019, dado que continúan los ataques de colonos al pueblo indígena causando muerte, secuestro, destrucción a la naturaleza y desplazamiento de las comunidades indígenas hacia otros territorios.
#ResistenciaMiskitu #HOY, a las 11am hora Centroamérica, la @CorteIDH escuchará sobre la grave crisis de #DDHH que enfrenta el pueblo indígena miskitu en la costa caribe nicaragüense. El Estado de #Nicaragua deberá rendir cuentas. Sigue en vivo desde: https://t.co/gR9ZQkVV2R. pic.twitter.com/ZHLdxLw3aO
— CEJIL (@cejil) March 13, 2020
Entre las comunidades indígenas beneficiarias de medidas provisionales de protección están: pobladores de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo, Francia Sirpi, Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa y Santa Clara, esta última fue incorporada el año pasado por los hechos de violencia como secuestro y ataques armados, que se denunciaron en esa comunidad en 2019.
También gozan de medidas de protección los defensores de derechos humanos Lottie Cunningham Wrem y José Medrana Coleman.
Durante la audiencia que inició a las 11:00 a.m de este 13 de marzo de 2020, la Corte escuchó a los representantes del gobierno de Nicaragua, entre estos Rosa Cunningham, alcaldesa Sandinista de Waspam, municipio del caribe norte, quien sostuvo que el gobierno ha cumplido con las medidas de seguridad otorgadas por ese supremo tribunal a las comunidades indígenas beneficiadas, porque crearon una Comisión de trabajo supuestamente integrada por los líderes comunitarios de las distintas comunidades indígenas.
Además dijo que todos los proyectos sociales del gobierno central están presentes en el territorio y que capacitan a las mujeres, y dan atención a niñez y adolescentes. También hay programas alimentarios y que la zona sigue produciendo y que no hay crisis alimentaria.
La alcaldesa también deslegitimó al grupo de indígenas que compareció a la audiencia ante la Corte en representación de la población indígena cuestionando que no fueron electos en Asambleas comunitarias y por tanto no están registrados como tal ante el gobierno territorial, regional y central de Nicaragua. Cunningham, alcaldesa Sandinista de Waspam, agregó que las comunidades Wisconsin, Santa Clara, Río Wawa, entre otras no participan en las actividades que hace el gobierno porque no están de acuerdo con la paz.
Sin embargo, los representantes de las víctimas, entre estos Lottie Cunningham, defensora de los derechos humanos de grupos indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua y presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) refutó los argumentos de la alcaldesa y expresó que el gobierno de Nicaragua no ha cumplido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte.
Las medidas ordenadas son:
1. Erradicar la violencia y proteger la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural en favor de los miembros del pueblo indígena Miskitu que habitan en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi y las otras agregadas posteriormente.
2. Establecer una instancia u órgano que diagnostique las fuentes del conflicto y proponga las posibles vías de pacificación y solución del conflicto,
3. Presentar un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas.
“Los graves actos de violencia por parte de colonos que desde 2015 han invadido las tierras indígenas miskitas con la anuencia del gobierno de Nicaragua continúa. Abarcan 8 comunidades, la última integrada es Santa Clara. El saneamiento de territorios es una forma de garantizar el gozo de la tierra a las comunidades indígenas, pero esta falta de saneamiento es el origen de la violencia. Solo se demarcó el territorio, pero aún no se lleva la última fase de titular, mientras la violencia se incrementa”, dijo la defensora de derechos humanos.
Cunningham también expresó que el gobierno promueve la extracción minera, la explotación forestal, la ganadería y la explotación de otros recursos naturales que a su paso van dejando muerte, destrucción, violaciones sexuales y otras agresiones contra la comunidad indígena.
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Desplazamientos violentos
Tanto la CIDH como representantes de las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua han alegado un contexto general de riesgo en las comunidades indígenas, donde existe un conflicto de territorios entre integrantes de dichas comunidades y terceros o colonos que ha tenido como consecuencia múltiples hechos de violencia que incluyen presuntos asesinatos, secuestros, lesiones, violaciones sexuales, destrucción de bienes y el desplazamiento de los integrantes de algunas comunidades.
“Existe alta presencia de colones armados dentro de territorio indígena, hostigan, amenazan constantemente a los indígenas no los dejan ir a sus parcelas a buscar alimentos forzándolos al desplazamiento y desmejora la calidad de vida. Van 12 asesinatos en comunidades indígenas, 14 secuestros, dos violaciones sexuales, 43 actos de amenazas y hostigamintos y 6 lesiones con graves”, dijo la representante de indígenas en la audiencia ante la Corte.
También recordaron el ataque de colonos a miembros de la comunidad indígena, el pasado 16 de febrero de 2020, donde una adolescente resultó con herida por arma de fuego en la cara y la Policía dijo que se trataba de un accidente realizado por un familiar de la joven.
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Otro de los últimos hechos notorios de violencia que se dio fue el del 29 de enero de este año, cuando unos 80 colonos armados invadieron territorio indígena de la comunidad Alal, ubicada a 52 kilómetros de Bonanza, en la Reserva de Biósfera de Bosawás.
Esta irrupción violenta causó el asesinato de seis indígenas, la quema de viviendas y al menos 10 secuestros, según denuncias de Amaru Ruz, director de la Fundación del Río.
Finalmente, uno de los jueces de la Corte IDH solicitó a ambas partes dar una lista de casos concretos de asesinatos, , lesiones, invasiones, desplazamientos, para poder ser eficaces al buscar solución al problema.
Paulo Abrao, secretario de la CIDH expresó que está de acuerdo con la petición de los representantes de los indígenas, quienes solicitaron una inspección de la Corte en el lugar, para verificar que el gobierno nicaragüense no ha cumplido con las medidas provisionales otorgadas a las ocho comunidades indígenas, por ese tribunal.
También dijo que la conformación de la Comisión para resolver este conflicto no ha sido conformado con todas las partes y el personal profesional recomendado y que la Corte debe dar seguimiento a través de reuniones periódicas.
“Hay seguridad en nicaragua”
La alcaldesa de Waspam dijo en audiencia ante la Corte que no había hostigamiento en Nicaragua contra defensores de derechos humanos que no tenían porque pedir que no haya represalias contra ellos cuando regresen a Nicaragua. y que si los ataques eran en redes sociales, el gobierno no lo puede controlar.