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Japón en estado de alerta sanitaria para contener el COVID-19

El primer ministro declaró la medida excepcional en varias regiones del país, entre ellas el Área Metropolitana de Tokio. Se extenderá hasta el 6 de mayo.

Japón

El primer ministro, Shinzo Abe, declaró la medida excepcional en varias regiones del país, entre ellas el Área Metropolitana de Tokio. Se extenderá hasta el 6 de mayo.

El incremento en el número de casos de coronavirus llevó al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, a declarar este martes (07.04.2020) el estado de alerta sanitaria en siete regiones del país, entre ellas el Área Metropolitana de Tokio, con lo cual se amplía de forma excepcional el poder de las autoridades para imponer una serie de restricciones a ciudadanos y empresas.

Abe anunció la activación de esta medida, conocida en Japón como estado de emergencia, durante una reunión mantenida en Tokio con un grupo gubernamental especialmente designado para gestionar la crisis sanitaria, y tras obtener el respaldo del parlamento nipón. La alerta comenzó a regir este mismo martes y se extenderá hasta el 6 de mayo.

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Aparte de Tokio, se verán afectadas por esta medida las provincias de Chiba, Kanagawa y Saitma, además de Osaka, Hyogo y Fukuoka. En concreto, Abe pidió a los ciudadanos que eviten salir de casa dentro de lo posible hasta que termine el estado de alerta, con el objetivo de «proteger la vida y la salud del pueblo japonés». Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, Japón registra 3.906 casos, con 92 muertos y 592 pacientes recuperados.

Cambio ciudadano

«Para evitar una extensión drástica del número de infecciones, pido toda la cooperación posible el pueblo japonés», dijo el primer ministro, quien compareció con mascarilla al igual que los otros asistentes a la reunión. El estado de emergencia permitirá a las autoridades ordenar el cierre de colegios, espacios de ocio y centros deportivos y culturales.

A diferencia de lo visto en otros países, esta medida no permite a las autoridades japonesas imponer un confinamiento estricto, pero ofrece a los gobernadores regionales la posibilidad de insistir a la población de quedarse en casa. En todo caso, quienes incumplan la orden no serán perseguidos penalmente, así como tampoco las empresas privadas pueden ser obligadas por ley a cerrar.

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Consciente de ello, Abe sostuvo que «lo más importante es que cada ciudadano cambie su forma de actuar”. A lo que aspiran las autoridades es que la presión social fuerce a todos a acatar las restricciones.

DZC (EFE, AFP, dpa)

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