Ante los graves efectos del Covid-19 en la salud y la economía de nuestro pueblo, diferentes actores, conociendo que se requiere del esfuerzo de todos para superarlos, han planteado la posibilidad de una tregua política o de despolitizar la respuesta a la pandemia. Cuando lo que corresponde es el diseño y la puesta en práctica de una política nacional para enfrentar la emergencia, la que debe ser fruto del consenso de todos los sectores sociales y políticos del país.
La política pública debe fundarse en el fiel cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, consensuando la ejecución de un esfuerzo colectivo para prevenir y mitigar la propagación del virus, nunca para apoyar medidas irresponsables que puedan incrementar el contagio. No puede construirse acuerdo alguno si no es sobre la base de un real y efectivo compromiso con la transparencia e información veraz, y, en un ambiente de plena libertad para la discusión de propuestas de diferentes actores, respetando la crítica constructiva y satisfaciendo las dudas ciudadanas. La historia nos ha demostrado que la mejor política es aquella técnicamente soportada y que recibe el más amplio apoyo popular.
Se equivocan quienes piensan que se puede imponer tregua a la defensa de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la salud; incluso en Estado de Emergencia hay Derechos Constitucionales que jamás pueden suspenderse o limitarse. Las situaciones extraordinarias no son excusa para fortalecer a un régimen totalitario, no podemos revivir tiempos fatales cuando se perennizaban las emergencias para mantener al dictador en el poder. Los Derechos Humanos son intrínsecos a la persona, no una concesión del gobernante, no son negociables y por tanto su reconocimiento o aplicación no puede ser objeto de tregua.
La única forma de despolitizar un determinado tema o una política de Estado es la coincidencia en que las medidas propuestas son lo mejor o lo único posible y esto adicionalmente requiere del compromiso de que los servicios de salud no continuarán siendo usados en forma discriminatoria para excluir o peor aún para castigar a los opositores.
De previo a consensuar una política de Estado frente a la pandemia, tanto en sus aspectos sanitarios como en los económicos que se requieren para auxiliar financieramente a los más desprotegidos, el régimen tiene obligatoriamente que rectificar y dar seguridad de su determinación de cumplir y honrar sus compromisos lo que solo puede lograrse haciendo efectivos los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica, de restitución de garantías y en especial liberando a los presos políticos que, en las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que se encuentran, de no ser excarcelados se estaría sustituyendo la injusta pena de prisión por la más grave e inconstitucional pena de muerte.
El autor es abogado, dirigente de la Alianza Cívica.