El proceso de consulta de la Ley Especial del Ciberdelito o Ley Mordaza, fue un mero trámite puesto que sólo participaron los creadores de esta iniciativa de ley como son los operadores de la dictadura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía y la Procuraduría General de la República.
Luego de dos horas y media de conversar con los diputados de las comisiones de Justicia, Educación e Infraestructura, los representantes del Poder Judicial, Fiscalía y Procuraduría se negaron a responder consultas de los periodistas sobre las críticas de diferentes sectores de la sociedad, referidas a que con esta Ley Mordaza se instaurará una censura total y se criminalizará las publicaciones de los ciudadanos en redes sociales y a los medios de comunicación.
Incluso los policías a cargo de la seguridad de la Asamblea, bloquearon el paso a los periodistas que daban cobertura a la consulta, para impedir que se le preguntara a la presidenta de la Corte Suprema, la magistrada orteguista Alba Luz Ramos.
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Fiscalía y Procuraduría por la puerta trasera
En tanto la fiscal general, Ana Julia Guido y la procuradora Wendy Morales, salieron por la puerta trasera del salón donde se realizó la reunión. Otro que se negó a informar sobre los resultados del encuentro fue el jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro así como los tres jefes de las comisiones encargadas del proceso, José Antonio Zepeda de la de Educación, María Auxiliadora Martínez de la de Justicia y Jenny Martínez de la Infraestructura.
El vicepresidente de la Comisión de Justicia, el diputado del Mauricio Orúe, del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el que regularmente apoya todas las iniciativas del régimen, dijo a LA PRENSA que solo esas instituciones serán “escuchadas” sobre la Ley Mordaza, ya que los orteguistas, que son mayoría en las comisiones, no piensan ampliar la consulta a otros sectores.
Orúe explicó que se la magistrada Ramos informó que esta ley es creación de la Corte Suprema por mandato del dictador Daniel Ortega.
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“Según nos explicaban es un trabajo que vienen haciendo desde hace un año (preparando la propuesta), y tuvieron el mandato del presidente de la República conocer cómo se estaba haciendo en otros países esta ley, de modo en adecuarla al contexto nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia es quien hizo esta ley y lógicamente han hecho sus aportes el Ministerio Público y la Procuraduría”, explicó Orúe, diputado de ALN.
De esta forma se desmiente el hecho de que el anteproyecto fue ideado por los diputados orteguistas, y que ellos solo hicieron el trámite de presentarlo en el Legislativo para darle curso a su aprobación. Los magistrados judiciales actúan como operadores de Ortega, al ser los artífices del combo de leyes represivas que pretenden amenazar con la libertad de expresión de los ciudadanos, así como el de participación en temas políticos y en criminalizar el ejercicio del periodismo.
Especialistas en temas de telecomunicaciones advirtieron que esta Ley junto con el Decreto de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) emitido por el régimen, suponen un alto riesgo para la confidencialidad de los datos personales de quienes tienen un teléfono, computadora, cuentas en redes sociales o utilizan cualquier medio de comunicación electrónica porque dichas normativas facultan al personal de Telcor poder «espiar» dichos sistemas.
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A través de la “Ley Mordaza” se establecen de 1 a 10 años de cárcel, con posibilidad de aumentarla la pena hasta en dos años, por los “ciberdelitos” entre los que se crean como el de las “noticias falsas”, que se publiquen en las redes sociales u otras plataformas en internet, así como en los medios de comunicación.
A pesar de las amenazas y las violaciones constitucionales que supone esta Ley, el legislador Orúe la defendió diciendo que “no vemos en el sentido jurídico estrictamente, ningún problema ni que tenga roces con la Constitución ni con las leyes”. La posición de la bancada ALN-PLI y Apre, a la que pertenece Orúe, es que el riesgo está en quiénes la aplicarán en el contexto actual, donde la oposición está siendo perseguida por el régimen.
El anteproyecto está previsto a ser aprobado la próxima semana en la Asamblea Nacional.
La Ley Mordaza es parte del combo de normas represivas que incluye la Ley de Regulación a los Agentes Extranjeros conocida como “Ley Putin”, por ser una copia de la aprobada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin en 2012. La otra amenaza de la dictadura es establecer la cadena perpetuo por “crímenes de odio”, lo que requerirá reformas constitucionales así como a una serie de leyes como el Código Penal. Esa propuesta también la preparan los magistrados orteguistas en la CSJ.