Expertos de la Oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas extendieron una carta a Daniel Ortega comunicando sus reacciones preliminares, luego de analizar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, mejor conocida como “Ley Putin” y la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza”, aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional controlada por el régimen.
La carta basa su análisis en las obligaciones de Nicaragua de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos, así como la relación entre estas leyes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que Nicaragua se adhirió el 12 de marzo de 1980, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua el 25 de septiembre de 1979.
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Los expertos hacen énfasis a Ortega en el escrito, que ambas leyes violan los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. “La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobadas por el parlamento nicaragüense, presentan problemas graves y fundamentales de compatibilidad con las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional”.
Asimismo reconocen que el Estado tiene un interés legítimo en la regulación de los delitos cibernéticos y en evitar la injerencia de terceros Estados en sus asuntos internos, sin embargo “cualquier medida de este tipo debe ser en sí misma compatible con el derecho internacional en general y con el derecho de los derechos humanos en particular. A este respecto, reiteramos que el poder legislativo tiene la responsabilidad independiente de velar por la conformidad de las leyes aprobadas con el Pacto y la Convención Americana”, argumentan los expertos.
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La Ley de Agentes Extranjeros o “Ley Putin” fue publicada el pasado 19 de octubre en La Gaceta, Diario Oficial, a partir de esa fecha transcurrirán solo 60 días para su entrada en vigencia. Mientras que la Ley Especial de Ciberdelito o “Ley Mordaza” –denominada así por criminalizar la libertad de expresión– fue publicada el 30 de octubre.
Instan al régimen a discutir el contenido de las leyes con todos los sectores
En vista de estas observaciones, los expertos de la ONU instan a Ortega a que revise las leyes objeto de análisis de esta comunicación, que abra un espacio público de discusión de su contenido con la sociedad civil, actores y expertos/as en la materia, y asigne tiempo adicional para la consideración legislativa y pública a fin de garantizar que se alinee con las normas internacionales de derechos humanos y los estándares descritos en la presente carta.
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Para ello, recomienda convocar a todas las partes interesadas y desarrollar procesos abiertos en los que participen las autoridades públicas, empresas privadas, académicos e investigadores, partidos políticos y órganos electorales, así como organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, agencias de verificación de información, medios de comunicación y periodistas.
La Relatoría Especial de la CIDH ha resaltado que esto no solo es una buena práctica genérica en relación con los procesos de desarrollo de políticas públicas, sino que es especialmente necesario en este caso. “Estamos ante un problema complejo, del que participan múltiples variables y actores, y que presenta –en consecuencia– importantes desafíos”, expresan.
Los expertos recuerdan al gobierno de Ortega que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
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Los Relatores de las Naciones Unidas también se pusieron a disposición para brindar una mayor asistencia técnica respecto a la temática abordada en la presente comunicación (sobre la aprobación de las leyes represivas), si así lo considerara necesario y lo solicitara el Estado de Nicaragua.
El estudio de ambas leyes y la carta dirigida a Ortega lo hicieron en conjunto los expertos de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; de Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, de conformidad con las resoluciones 43/4, 41/12, 43/16, y 40/16 del Consejo de Derechos Humanos, y de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos.