Aunque la caída de Ortega no parece aún tan cercana como queremos, muchos estamos discutiendo ya la clase de gobierno y reformas que deben emerger cuando salga el sol y termine su dictadura. Ante esta eventualidad, la ciudadanía cristiana debe hacerse la pregunta: ¿Desde nuestra fe y convicciones, qué clase de gobierno y leyes debemos procurar que brillen en la nueva Nicaragua?
La pregunta podría incomodar a quienes creen que en un Estado laico las convicciones cristianas deben guardarse para el fuero interno, siendo inapropiado tratar de imponerlas en las legislaciones. Esto lo piensan incluso algunos que se declaran católicos (Biden, por ejemplo). Otros, en la misma dirección, alegan que no se puede legislar la moralidad; que esta puede promoverse en las iglesias o escuelas parroquiales, pero no en la arena pública.
Martin Luther King, el gran campeón de los derechos civiles, no estaba de acuerdo: “Puede ser cierto que la ley no puede hacer que un hombre me ame, pero puede impedirle que me linche, y creo que eso también es muy importante”. Su punto era que toda legislación, tanto la que exige no discriminar a nadie por razones de raza, junto las que regulan derechos humanos y sociales, esta basada en convicciones morales. Siglos atrás lo había enunciado Santo Tomás de Aquino: que toda ley debe hacerse para servir al bien común, lo cual exige juicios morales que permitan distinguir lo bueno de lo malo.
Quienes claman que no se puede legislar moralidad, lo que en realidad están diciendo es que uno no puede hacer leyes basadas en su propia moralidad, sino en la de ellos. Si no veamos lo que pasa con el socorrido tema del aborto: quienes lo aceptan es porque no lo creen malo o porque lo consideran un derecho de la mujer. Ambos son juicios morales. Pero esto no es obstáculo para que traten de protegerlo y financiarlo a través de la legislación. Lo que es paradójico es que no admiten que personas que lo consideran malo traten de frenarlo igualmente. En su argumentación aducen lo planteado antes: que leyes, supuestamente basadas en convicciones religiosas, no tienen lugar en la sociedad laica. Las únicas legítimas serían pues aquellas procedentes del mundo secular, o sea, aquellas que apelan a la mera razón y no a lo sobrenatural. Las otras son de fe y, por tanto, indemostrables, mientras las segundas son científicas o fundadas en realidades o razones demostrables.
El problema con este planteamiento —discriminatorio— es que todos los juicios morales proceden de convicciones intuitivas, de la conciencia moral del hombre, y no de realidades demostrables. Incluso muchas de ellas tienen un origen religioso. Creer en la dignidad de todo ser humano sin excepción, o en la igualdad de todos ante la ley, procede de la ética cristiana. No hay ciencia alguna que pueda fundamentarlo. Esta nos puede decir, si acaso, que todos tienen similares niveles de inteligencia o talentos, pero de aquí a deducir derechos hay un salto en el aire. Ni la ciencia, ni siquiera la razón pura, nos puede decir que la esclavitud es mala. Esta procede de una conciencia moral que, demostrablemente, fue promovida por el cristianismo —antes de su abolición muchos prestigiosos próceres e intelectuales la aceptaban, entre ellos Jefferson, Voltaire, y el mismo Locke—. Si el pensamiento secular hoy dominante hubiese estado vigente en tiempos de Abraham Lincoln, le hubiese dicho que no tenía derecho a imponer sus convicciones antiesclavistas sobre toda la nación; por su sospechoso origen cristiano o por ser rechazadas por buena parte de la nación.
Concluyendo: el cristiano, como cualquier persona con convicciones morales recias, tiene el deber, irrenunciable y solemne, de luchar porque las leyes y los gobiernos sean coherentes con ellas. A que defiendan el derecho a la vida desde su concepción, el matrimonio monogámico entre hombre y mujer, la unidad familiar, la subsidiaridad del estado que plantea la doctrina social de la Iglesia, etc. Si no lo hacen estarán dejando abierto el camino para que aquellos con una agenda moral contraria traten, sin la más mínima vacilación, de imponerla a todo el país.
El autor es sociólogo e historiador, autor del libro Buscando la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.