Si en Nicaragua las instituciones fueran apartidarias y el Estado de derecho funcionara, por ley la Dirección General de Ingresos (DGI) está obligada a investigar la evasión de impuestos por parte de los canales de propaganda manejadas por los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciada esta semana por la agencia de prensa Reuters, basada en documentos del mismo Fisco, señalaron analistas.
El exdirector de dicha institución Róger Arteaga dijo que también las televisoras de los hijos Ortega Murillo están violentando el Código Tributario al evadir pagos de impuestos por más de cuatro millones de dólares a través de las televisoras de Canal 4 y Canal 8 durante una década, según Reuters. Con esa denuncia, según el economista, de oficio la DGI está obligada a investigar y proceder a aplicar las sanciones correspondientes.
“Cuando una persona no paga impuesto es objeto de un llamamiento por parte de la administración tributaria, que comienza con una nota que dice que se presente para arreglar su situación, si no obedece a la nota se le hace un reparo fiscal, que determina los montos de impuestos no pagados y si no acata eso, hay un funcionario en la administración tributaria que está encargado de manejar los asuntos penales y este recurre al fiscal de la nación proponiendo el caso en su mano y luego un juez dicta sentencia”, explica Arteaga.
“A la DGI le corresponde fiscalizar y asegurar que todos paguen sus impuestos y no lo hacen en este caso porque son instituciones que están al servicio del gobernante y no al servicio del país”, agrega.
Chamorro: no hay Estado de derecho
De igual forma Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica manifestó que es deber de la DGI, en este caso específico darle seguimiento a la evasión de impuestos por parte de estos medios de comunicación del régimen. “Debe ser la DGI la que le dé seguimiento, pero en todo caso aquí no hay un Estado de derecho, manejan al Estado como una empresa familiar, entonces ya sabemos que no han pagado, ni lo van a pagar”, dijo.
El tratamiento de la DGI con los negocios de los hijos de Ortega y Murillo contrasta con la persecución fiscal que esta desató este año contra decenas de empresas en Nicaragua, así como con la reforma de la Ley de Concertación Tributaria, que quitó exoneraciones a productos de canasta básica, a los sectores productivos y castigó a las empresas con ajustes en los calendarios de pagos y declaración de impuestos.
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El analista político Eliseo Núñez sostuvo que mientras Ortega esté en el poder, no se van a cumplir las leyes y siempre se va a beneficiar a sus allegados. “La DGI debe hacer las auditorías y darle seguimiento, pero siendo realista eso no va a suceder, tendrá que venir otro gobierno para que eso suceda”, dijo.
Reuters, que tuvo acceso a documentos de la (DGI), señaló que Canal 8 no ha pagado impuestos e intereses por unos 4 millones de dólares desde 2010, año en que Juan Carlos Ortega Murillo se hizo cargo del canal, aunque es Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega, quien aparece como la propietaria mayoritaria del canal, según los mismos documentos tributarios.
En el caso de Canal 4, el canal sandinista administrado por Daniel Edmundo Ortega, debe alrededor de 380,000 dólares en impuestos atrasados, según muestran documentos citados por la agencia de prensa, aunque los mismos no fueron divulgados.
“Es un delito que está penado de acuerdo al Código Tributario, porque todos los negocios, empresas y todas las transacciones están sujetas al pago de impuestos que determine la administración tributaria, de acuerdo a la ley que se lo permite la Asamblea Nacional. Entonces cualquier evasión de pago de impuestos es un delito sancionable y si no se ha hecho es por complacencia de la administración tributaria, porque anda persiguiendo a las demás empresas del sector privado que no están de acuerdo con el gobierno y a las empresas del gobierno hay discrecionalidad para no cobrarle”, dijo Arteaga.
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Y es que mientras por un lado hay un trato discrecional con los allegados a la dictadura, el régimen mantiene asfixiado a sus adversarios.El pasado 11 de septiembre, la DGI ordenó decomisar los bienes de Canal 12 y de su propietario (Mariano Valle), argumentando que la televisora debía 21 millones de córdobas (unos 608,000 dólares) en Impuestos a la Renta entre el 2011 y 2012. Semanas después, la DGI impuso un nuevo reparo fiscal por un monto de 7 millones de córdobas, por lo que la deuda total aumentó a 28 millones de córdobas.
Competencia desleal
Al respecto Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) dijo que si eso está sucediendo es injusto para la sociedad nicaragüense.
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“Cualquier empresa debe cumplir con las reglas y los requerimientos para operar en el país y no debería ser diferente con un medio o una empresa allegada al gobierno versus una empresa de otra persona, porque sería una competencia desleal e injusto para la sociedad en general, yo creo que debe de corregirse eso y no dejarlo pasar, porque es indebido”, señaló Pierson.
El economista Luis Murillo señaló que el gobierno está ahogado financieramente y por eso ha perseguido vorazmente al sector privado, sin embargo con la investigación se destapa que la vara con la que rige Ortega no es la misma para todos y menos para los negocios familiares.
“Creo que el gobierno está tratando de ampliar la base, pero sobre todo con aquellas personas que no están de acuerdo con ellos. Ellos están violando el principio de igualdad (establecido en la Constitución Política de Nicaragua) y generalidad, en donde todas las personas tienen que pagar impuestos y contribuir de la misma manera al Estado, el sistema tributario no está siendo justo porque ellos no pagan porque son los hijos pero el resto que pague, aumentaron los impuestos, le subieron la canasta básica, y cada vez tenemos más sorpresas”, dijo Murillo.
Murillo hace alusión al artículo 103 de la Constitución Política, el cual establece que: “No hay privilegios personales en materia de impuestos y demás cargas públicas”.
“La DGI no debería de hacer distingo, pero los funcionarios no pueden hacer nada porque están subordinados al régimen y él da la orientación, mientras el pueblo nicaragüense pasa dificultades”, dijo Murillo.
Por otra parte, Arteaga manifestó que todas las personas están en la obligación de pagar impuestas, “incluso al trabajador se lo deducen de su salario, ni siquiera le permiten que el vaya a pagar sus impuestos, así que nadie debe tener privilegio a menos aquella persona que le autoricen exoneraciones por asuntos de desarrollo o apoyo a ciertos sectores, pero quien no está con una exención ese está obligado a pagar sus impuestos”.