En 1972 un terremoto sacudió Managua, causando graves daños y pérdidas inmensurable para la población y para la infraestructura de la ciudad. A los pocos días la comunidad internacional se volcó a ayudar y enviaron una lluvia de dólares, pesetas, marcos, libras, etc. como sus muestras de solidaridad.
Hasta el día de hoy, al menos en algunos círculos, el manejo de esos fondos y de los programas de reconstrucción de Managua continúa siendo objeto de burla y un ejemplo vivo de cómo el control absoluto del poder estatal da pie y rienda suelta al mal manejo de fondos públicos y a la corrupción pública y entre particulares. No sería imposible pensar que la mala imagen presentada por el gobierno de turno ayudó a que en los países de la región iniciaran un proceso de apoyo a los movimientos antirrégimen gubernamental y consagró a ese gobierno como uno de los más corruptos y dictatoriales en Centroamérica.
Más de 20 años después, en octubre del 98, el huracán Mitch asolaba la Costa Atlántica y las regiones centrales y pacífico de Nicaragua. Las pérdidas humanas y económicas fueron nuevamente catastróficas y como en otras ocasiones la ayuda y asistencia internacional no se hizo esperar. Nicaragua, careciendo todavía de estructuras sólidas en control anticorrupción, nuevamente se vio víctima de un mal manejo de la cooperación y de los millones de dólares que fueron donados al país, tanto en efectivo como en equipos. La falta de transparencia en el uso de estos recursos fue tal, que a los pocos años el gobierno inmediato siguiente se dio a la tarea de promover investigaciones profundas tanto nacionales como internacionales para dilucidar el fin que se le dio a la cooperación. Por este mal manejo y por muchas otras razones aquel expresidente y muchos de sus colaboradores fueron ostrizados y en algunos casos condenados a pagar prisión por delitos relacionados con la corrupción. Ese siglo terminó y aún Nicaragua no cuenta con un sistema ágil para investigar, identificar y castigar los actos de corrupción.
“Fast forward” otros 20 años y nos encontramos con un país que aún no mejora demasiado su posición en la lucha contra la corrupción. Si bien en 2007 se publicó la reforma el Código Penal y desde 2006 se aprobó una ley especial para homologar los conceptos de cohecho y corrupción criollos a aquellos de la Convención de Naciones Unidas para la Corrupción y como condición del DR-Cafta, el impacto y aplicación de estos tipos penales continúa siendo, más bien, tímido. En una tierra donde la viveza y la malicia son cualidades sobre la inocencia y la bondad, es peligroso dejar sin revisión los actos que puedan cortar esquinas y salvar algunos centavos en detrimento de la transparencia, sobre todo cuando esto puede llegar a normalizar o hasta justificar actos de corrupción en escalas mucho mayores.
En el 2020 de la era post abril 18, la comunidad internacional utiliza las pinzas más finas para identificar la mejor forma de apoyar a la economía y a la población de un país que viniendo de una crisis institucional que desencadenó una crisis sociopolítica y económica, recibió (como todos) una pandemia y su colateral crisis de consumo, y cerró el año con 2 huracanes que afectaron las regiones más vulnerables del país dejando millones de dólares en daños. La posición general de los Estados Unidos y la Unión Europea parece ser que la administración actual no es completamente de fiar y que existe el riesgo de que cualquier apoyo pueda ser utilizado por fines no acordados. Aun con este tema, y con todo y todo, Nicaragua no dejó de recibir apoyo económico, aunque esta vez fue canalizado a través de algunas instituciones financiera multilaterales y en forma de créditos. Este apoyo se agradece, pero vino siendo un poco tardío, caro y continuamos con la zozobra de desconocer el destino real de los fondos.
Como país tenemos mucho que mejorar a nivel institucional. Como sociedad necesitamos continuar exigiendo aquellas mejoras, pero más importante, necesitamos interiorizar que la ética, transparencia, gobernabilidad y lucha anticorrupción son temas que se deben cultivar desde nuestros hogares y centros de trabajo en el día a día y debe formar parte de nuestra cultura e identidad nacional.
El autor es abogado.