El régimen orteguista concretará el lunes 18 de enero la última etapa legal para instaurar en la Constitución la cadena perpetua por “crímenes de odio”, y de esa forma concretar el combo de leyes represivas con las que se pretende criminalizar las protestas sociales de los sectores opositores. Es tanta la urgencia, que la junta directiva citó a los diputados ante la Asamblea Nacional a sesionar de forma especial en Ciudad Darío, en Matagalpa, siendo el único punto en agenda la reforma parcial constitucional.
Alejandro Mejía Ferreti y Wilfredo Navarro, tercero y segundo secretario de la directiva parlamentaria, respectivamente, explicaron que la sesión especial será por el 154 aniversario del natalicio del poeta nicaragüense Rubén Darío. La citatoria es a las 4:30 de la tarde, y el único punto de agenda es la reforma constitucional.
De esa forma se cumplirá la aprobación en segunda legislatura del cambio del artículo 37 de la Constitución, culminando la etapa para que jurídicamente la cadena perpetua sea aplicada como “una excepcionalidad” cuando se cometan, a criterio del régimen, “delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
En el país habrá dos mecanismos para juzgar a las personas que cometan delitos graves, ya que las leyes penales y la Constitución seguirán estableciendo los 30 años de cárcel como plazo máximo por esos crímenes, pero la prisión perpetua se le aplicará a quienes la dictadura acuse de cometer “delitos de odio”.
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Van directo con el mismo dictamen
Los directivos explicaron que la decisión es usar el dictamen de la Comisión Especial Constitucional que validó la reforma parcial a la Carta Magna; lo que implica que los legisladores no ven necesario volver a evaluar si es procedente que en Nicaragua exista la prisión perpetua, como lo pide la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Ya está el dictamen y solo se va a discutir, con el procedimiento ordinario”, afirmó Navarro, uno de los operarios políticos del FSLN en la Asamblea.
La primera fase de las reformas fue aprobada el pasado 10 de noviembre con el voto de los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En la sesión del próximo lunes se prevé que se repita la misma votación.
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La jefa de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Rosa Argentina Navarro, afirmó que los 14 legisladores votarán en contra, igual que la primera ocasión. En tanto Mejía Ferreti, de la Alianza Liberal Independiente (ALN), dijo que los de su bancada PLI-ALN-Apre se abstendrán cuando se discuta la propuesta, es decir que no apoyarán al régimen, pero tampoco se opondrán a la medida.
“En la bancada del PLC seremos consecuentes, vamos a votar en contra. Creo que los 14 diputados debemos de asistir (a la sesión en Ciudad Darío) porque debemos mantener ese voto, no asistir es como que dejemos un vacío, y debemos ratificar el voto del 2020 y hacerlo en contra de esa reforma. Establecer la cadena perpetua es violar los derechos humanos”, refirió la diputada Navarro.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como movimientos sociales, partidos políticos opositores y cámaras empresariales, han expresado su rechazo a las pretensiones de la dictadura.
Como “crímenes de odio” son calificados por Ortega y Murillo las protestas multitudinarias que estallaron en abril del 2018 en exigencia por justicia por los ciudadanos asesinados, libertad y elecciones libres y transparentes. Más de 300 asesinatos es parte del saldo sangriento de la represión, que el orteguismo ha recrudecido con un estado policial y un paquete de leyes para cercenar los derechos políticos y las libertades fundamentales de la población.
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Pero Wilfredo Navarro repitió el discurso del régimen en que “solo si los opositores se sienten que promueven asesinatos y son criminales, deben de temerle a esta ley”.
Próximo paso es modificar el Código Penal
Los diputados no aclararon si ya está lista la propuesta para reformar el Código Penal, puesto que igual debe incorporarse la figura de la prisión perpetua para armonizarlo con la Constitución, y se pueda jurídicamente aplicar la medida.
El directivo Mejía Ferreti refirió que la agenda legislativa “quedó abierta para recibir cualquier iniciativa que se presente”, por parte del régimen o por la Corte Suprema de Justicia, ya sea en materia penal “u otra ley”.
La próxima semana los diputados sesionarán 18, 19, 20 y 21 de enero, cuando normalmente solo son tres días a la semana. Esto facilitaría que cualquier iniciativa de Ley que mande Ortega sea incorporada con trámite expedito y de igual forma se le apruebe en la Asamblea.
La cadena perpetua por “crímenes de odio” se suma a la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros o “Ley Putin”, que criminaliza el financiamiento que reciben asociaciones, empresas, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación de agencias y gobiernos extranjeros.
También es parte del paquete la denominada como “Ley Mordaza” o de Ciberdelitos, que penaliza hasta con diez años de cárcel las publicaciones de los ciudadanos y medios de comunicación, que a juicio de la dictadura, sean “noticias falsas” cuando estas sean en contra del régimen que las considerará una amenaza “para la estabilidad social y económica” del país.
Una cuarta ley de represión es la Ley “Guillotina”, con la que se inhibe de ser candidatos en las elecciones a los opositores que sean acusados de “traición a la Patria”, por promover protestas que para el régimen sean actos de “golpismo”, o que gestionen y celebren sanciones de gobiernos extranjeros en contra de personeros, negocios e instituciones de la dictadura orteguista.