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Policía

La investigación de Funides refleja que la mayor parte de los nicaragüenses consideran que el país no es democrático. LA PRENSA/O.NAVARRETE.

Cosep exige a la dictadura derogar leyes represivas que justifican un “estado policial”

Para el sector empresarial la reforma que impone prisión perpetua y la aprobación de las otras leyes represivas solo confirman el Estado policial que la dictadura impuso en Nicaragua

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) exigió al régimen de Daniel Ortega la derogación de una serie de leyes represivas que la dictadura recetó, como el establecimiento de la cadena perpetua, ratificada en segunda legislatura por los diputados de la Asamblea Nacional, en la que establece prisión de por vida para quienes cometan, según el régimen, “crímenes de odio”.

“Exigimos al gobierno y sus funcionarios el respeto pleno de los derechos humanos de los nicaragüenses, y, en consecuencia, demandamos la derogación de dichas leyes y reformas”, detalla el Cosep a través de un comunicado.

Para el sector empresarial esta reforma, la cual impone prisión perpetua a quienes la dictadura considere que incurrieron en delitos graves, solo confirma el estado policial que la dictadura impuso en Nicaragua desde el 2018 y que adeptos mantienen para castigar a la oposición nicaragüense.

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“La reforma constitucional aprobada constituye una agresión en materia de Derechos Humanos y es violatoria del Derecho  Internacional  que Nicaragua está obligada a respetar, en particular el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el cual se reconoce el trato humano para privados de libertad y su derecho a la readaptación social”, refiere el Cosep mediante un comunicado.

Combo de leyes

Para los empresarios, con la reforma constitucional y la reciente aprobación de las leyes de agentes extranjeros, la de ciberdelitos y la de defensa de los derechos del pueblo y la reforma al Código Penal, la dictadura configuró un marco legal que solo viene a justiciar el estado policial que vive el país “y dota a los funcionarios que integran el sistema punitivo del Estado de un marco de actuación discrecional para reprimir y sancionar  a los actores políticos y sociales que disienten políticamente del gobierno”.

El gremio de empresarios, que antes de la crisis sociopolítica desatada en abril de 2018 sostenía una estrecha relación con el dictador, exhortó al régimen a trabajar en función de los intereses del país, “dedicando todos los esfuerzos para superar la crisis sociopolítica, económica y sanitaria que enfrentamos”, dijo el Cosep.

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Asimismo, exigió la liberación de los más de 100 presos políticos que la dictadura se niega a liberar, así también la realización de reformas electorales que permitan elecciones libres, transparentes, competitivas, observadas y pacíficas.

“Desde Cosep reiteramos nuestro compromiso de continuar promoviendo y defendiendo la libertad, la democracia, la justicia  y los derechos humanos (…)  conscientes que debemos trabajar unidos todos los nicaragüenses para encontrar la solución cívica y pacífica que el país demanda”, cita el comunicado del gremio empresarial.

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