Los miembros de la organización política Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista), interpusieron este martes un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), llamada “Ley Mordaza” porque criminaliza las publicaciones en las redes sociales y de los medios de comunicación como delitos contra la “seguridad del Estado”, con penas que oscilan entre uno hasta 10 años de cárcel.
“Lo que pretende el régimen es silenciar al pueblo nicaragüense, tratando de imponer una mordaza para impedir que la ciudadanía nos expresemos en resistencia frente al régimen autoritario y en demanda de nuestras libertades, de democracia y de justicia”, manifestó Unamos en un pronunciamiento sobre la Ley 1042.
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Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Julio Ricardo Hernández y Aura Aragón son los miembros de Unamos que se presentaron este martes a las 10:00 a.m. en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ubicada en la Carretera Norte de Managua, donde interpusieron su demanda.
Los opositores aseguraron que la Ley 1042 “violenta garantías, derechos y disposiciones constitucionales, incluyendo los de seguridad jurídica, garantías judiciales, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida de forma expresa e inequívoca, privacidad y protección de datos personales, rendición de cuentas y transparencia de la información pública, así como derecho de brindar y recibir información sin censura, entre otros”.
Además, según Unamos, esa ley “violenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua que forman parte de los derechos constitucionales de los nicaragüenses”.
“El objetivo de los Ortega Murillo es silenciarnos para que no denunciemos que la dictadura es responsable de crímenes de lesa humanidad, de ejercer el terror sobre los nicaragüenses, de ejecuciones extrajudiciales y de encarcelamiento y procesamiento ilegal de centenares de nicaragüenses. Pretenden impedir que denunciemos a este régimen dictatorial que está hundiendo a Nicaragua, que daña gravemente nuestra economía familiar y que nos impide desarrollarnos plenamente”, agrega el pronunciamiento.
Unamos explicó que con este recurso por inconstitucionalidad dejan constancia de la ilegalidad de la “Ley Mordaza”, de la violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia está obligada por ley a actuar cautelando nuestros derechos, no avalando los instrumentos represivos de la dictadura.
La Ley 1042 fue aprobada el pasado 27 de octubre, por los 70 diputados oficialistas que controlan la Asamblea Nacional. La Ley establece de uno hasta 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos, entre estos las publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación que para la dictadura amenacen la sostenibilidad del sistema totalitario.
Con esta ley, la Policía, Telcor y la Fiscalía podrán intervenir los sistemas informáticos de las empresas, organizaciones y medios de comunicación, así como decomisar la base de datos y acceder a la información de celulares, computadoras y cualquier equipo tecnológico con la excusa de que se investiga un ciberdelito.
