El periodista David Quintana, director del medio de comunicación digital independiente Boletín Ecológico, fue condenado a pagar la cantidad de 13,446 con 30 centavos de córdobas en concepto de 200 días multa, luego que fuera encontrado culpable del delito de calumnias por el juez José Ernesto Martínez Velázquez, titular del Juzgado Quinto Local Penal de Managua.
“Lo que pretenden hacer es afianzar más el temor en el gremio periodístico independiente con resoluciones o sentencias como esta, pues, estrepitosas. Eso no va a ser que yo deje de hacer mi trabajo como periodista, eso está más que confirmado que seguimos trabajando fuertemente, a como lo hemos hecho a pesar de todas las agresiones que han hecho a mi persona durante tres años. Lo que sí te puedo decir es que otros colegas han abandonado sus carreras, sus trabajos, para proteger a sus familias o para exiliarse o porque no tienen presupuesto para seguir trabajando, como en los casos de los medios radiofónicos o de los que fueron confiscados”, aseguró Quintana.
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El periodista recordó que ha sido golpeado y robado por fanáticos, paramilitares y policías de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al dar cobertura a una parroquia que estaba siendo atacada por turbas orteguistas en el municipio de Diriamba fue golpeado y despojado de su teléfono celular. También en la Catedral de Managua cuando fue invadida por los simpatizantes del partido Frente Sandinista. En el mercado Oriental fue víctima de robo al dar cobertura a una denuncia que interpuso el padre de la opositora Irlanda Jerez, entre otros ataques que ha recibido.
Apelarán sentencia
“Quedó demostrado en juicio oral y público la inocencia de David Quintana en lo que refiere al delito de la calumnia. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que representa a Quintana, vamos a impulsar una apelación en contra de esta sentencia y vamos a agotar todas las herramientas jurídicas que están disponibles para salvaguardar los derechos constitucionales y humanos de César David Quintana”, aseveró María Oviedo, abogada de la CPDH.
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La acusación contra Quintana fue promovida por Nelson Enrique Oporta, excamarógrafo del oficialista Canal 8 y su esposa Junieth Dávila Cruz.
El hecho que genera la acusación se da en el contexto de una cobertura que realizó Quintana el 17 de junio del 2020 en el barrio Altagracia, para entrevistar a unos pobladores que el día anterior habían sido desalojados de su propiedad por efectivos de la Policía y en su lugar instalaron a Oporta y Dávila Cruz.
El excamarógrafo y su esposa acusan al periodista de haberles imputado un delito durante reportaba la noticia.
Quintana dijo que solicitará el apoyo de los nicaragüenses para poder pagar la multa impuesta, ya que no cuenta con presupuesto. “Me están arrebatando la comida de mi familia, si es posible andaré de bus en bus pidiendo de peso en peso para pagar esa multa, recurriré a las organizaciones, al Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) para que me ayuden”, indicó.
Irregularidades
El pasado 4 de febrero, la abogada Oviedo impulsó una apelación por este caso, debido a que la acción penal contra su defendido fue presentada de manera tardía. «Las injurias y calumnias prescriben a los 30 días y el proceso se erigió contra Quintana cinco meses después. Esa acusación debió ser rechazada ad portas (de entrada), sin mayor estudio”, explicó en su momento. Pero como se esperaba, este argumento no fue tomado en cuenta por el juez.
La abogada cuestionó que el proceso judicial contra Quintana tiene la intención de callarlo como periodista, porque fue el único reportero acusado por las supuestas víctimas, a pesar de que llegaron otros a cubrir la misma noticia ese día. Además criticó que en el juicio la contraparte no mostró videos ni audios que demostraran el delito de su defendido.
En septiembre de 2020 la periodista caribeña Kalúa Salazar, de radio La Costeñísima, fue declarada culpable por supuestas calumnias, causa abierta tras las denuncias de extrabajadoras de la Alcaldía orteguista de El Rama y fue condenada a pagar 120 días multa, equivalentes a 7,684.58 córdobas. El juicio de apelación solicitado por la defensa está programado para el 9 de marzo.
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El régimen de Ortega aprovecha cualquier circunstancia para arremeter contra los periodistas y medios de comunicación críticos, entre esto se pueden contar las confiscaciones a las oficinas de Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, y al Canal 100% Noticias, que dirigían los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. Estos dos últimos estuvieron presos por denunciar la represión armada contra las protestas civiles en 2018.