Los mismos policías, miembros de la Dirección Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, que realizan las capturas en varias zonas del país son utilizados como testigos por la Fiscalía en diferentes casos contra presos políticos, denunció el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Eber Acevedo, quien tiene pruebas de cuatro casos similares.
El abogado cuestionó la veracidad de los hechos contados por oficiales de la Policía y que luego son reproducidos en los tribunales de justicia por la Fiscalía en contra de los encarcelados políticos.
“En los últimos casos hemos visto que son los mismos policías que se andan movilizando sorprendentemente en todas partes del país: Río San Juan, Matagalpa, Masaya, Jinotega y en Managua realizando labores sorprendentemente de patrullaje cuando ellos son de la Dirección de Auxilio Judicial, que es el cuerpo de investigación por excelencia de la Policía Nacional ahora los mantienen realizando labores de vigilancia y patrullaje en todas las zonas del país”, criticó Acevedo.
Citó como ejemplo a los detectives de la DAJ Managua: inspector Ramón Santana Espinoza, el teniente Felipe Neris Matute Raudez y el inspector Marlon González Quezada el pasado 9 de septiembre del 2020 participaron en la captura de cinco campesinos -ahora reos de conciencia- originarios del departamentos de Río San Juan y Chontales, quienes fueron señalados de pertenecer a una banda criminal organizada que cometía diversos delitos, pero estos mismos oficiales, seis días después también fueron parte del operativo policial que capturó a los presos políticos Danny García González y William Caldera Navarrete en la ciudad de Masaya.
Estos últimos fueron acusados por los delitos de tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Además, han enfrentado una serie de irregularidades procesales que han sido denunciadas por sus abogados defensores.
Usados como testigos
En el caso del teniente Matute Raudez, de la DAJ Managua, también participó en la captura del preso político, Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, el pasado 13 de enero de este año en Masaya. Fue acusado de los delitos de tráfico de drogas y portación o tenencia ilegal de armas de fuego.
Mientras, el inspector González Quezada también se vio involucrado en la detención del preso político, Rodolfo Alexander Zamora, en Managua el pasado 17 de septiembre de 2020. El joven fue acusado por el delito de tráfico de drogas, estupefacientes y otras sustancias controladas.
En los cuatro casos los uniformados de la DAJ Managua fueron utilizados como testigos por la Fiscalía en los distintos departamentos del país.
Según la relación de los hechos que presenta la Fiscalía, los oficiales de la DAJ están realizando trabajo policial en los lugares, cuando observan a los presos políticos circular a pie o a bordo de un vehículo y de manera sospechosa por donde ellos están ubicados. En ocasiones el relato cambia un poco y señalan que al reo de conciencia lo capturaron al allanarle la vivienda y por encontrarle drogas y armas.
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“En muchos casos hemos denunciado y se ha comprobado de diferentes maneras que los presos políticos han sido detenidos y sacados de sus viviendas por los oficiales de la Policía y no son capturados en lugares públicos, en retenes policiales u otra situación”, cuestionó Acevedo.
Oficiales de la DAJ de “cacería”
El abogado presos políticos, Julio Montenegro, quién actualmente defiende a 38 reos de conciencia, afirmó que en los juicios hay coincidencia del uso de policías de la DAJ como testigos ofrecidos por la Fiscalía.
“Una característica que hemos notado es que los oficiales de la DAJ de Managua, en sus relatos, por casualidad siempre se encuentran realizando operativos en diferentes departamentos del país y logran la captura de los presos políticos, cuando lo normal es que la captura la hagan los policías del lugar donde ocurre el hecho y sean estos mismos policías los testigos en los juicios”, advirtió el experto en Derecho Penal.
Según la Ley de Funciones de la Policía, la DAJ es la especialidad de la Policía encargada de realizar las investigaciones de delitos. La Policía ejecutará las ordenes e instrucciones que en materia de su competencia reciba de las autoridades judiciales. En la práctica los oficiales de esta dependencia policial son usados para investigar casos relevantes o capturar a personajes de gran importancia, pero no para involucrarse en cualquier ilícito, lo que indica que para el régimen los opositores son de alta relevancia.
Amparados en una circular
Montenegro criticó que la Fiscalía está haciendo uso de la circular número 430 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para validar en los juicios las declaraciones de peritos que no son los responsables de haber realizado las pericias o actos investigativos. “Esto es totalmente ilegal porque una circular no está por encima de una ley ordinaria ni por encima de la Constitución Política”, cuestionó.
La circular 430 fue emitida por los magistrados de la CSJ el pasado 16 de agosto de 2016. La misma considera que “en muchas ocasiones los médicos forenses o peritos forenses se encuentran de subsidios, vacaciones, capacitaciones, fuera del país o ya no trabajan para este poder estado, por lo que no se encuentran disponibles para acudir a juicios a explicar el dictamen forense elaborado por ellos, lo que ocasiona retardación de justicia al no poder incorporar oportunamente en el expediente el dictamen, por lo que de conformidad con el arto. No. 165 de la Constitución Política”
Por lo que resuelve: “Habilitar a todos los médicos forenses y otros peritos forenses para que puedan comparecer a los juicios en calidad de intérprete e incorporar el dictamen como prueba en sustitución del médico forense o perito forense que elaboró el dictamen”.
“Prácticamente los que van a juicio son los mismos policías, son los mismos investigadores, los mismos peritos e inclusive la persona que tiene que ver con el análisis de las bombas supuestamente que se le encuentran a los autoconvocados es la misma persona, es un comisionado que van a todos los casos contra presos políticos; al que llaman el Código Uno, no tienen ni siquiera la delicadeza de ser honestos en eso porque ya saben quiénes son los policías que se prestan a tramitar ese tipo de expediente”, indicó la abogada de reos de conciencia, Yonarqui Martínez.
“Código uno” es el policía del Departamento de Inteligencia que utiliza la Policía en los juicios que tienen que ver con narcotráfico y crimen organizado.
Presentados como “criminales organizados”
El relato de la Fiscalía también ubica a los opositores al régimen de Daniel Ortega como miembros de organizaciones criminales, que cometen diversos delitos en perjuicio de pobladores de la zona donde son detenidos, lo que les permite acusarlos por el delito de crimen organizado, como fue en el caso de cinco campesinos originarios del departamento de Chontales y del municipio de San Carlos, Río San Juan, quienes fueron detenidos por oficiales de la DAJ de Managua.
“De igual manera ahora la Fiscalía está utilizando a un mismo fiscal, en el caso de Carlos Espinoza Castillo es el único que está acusando a todos los presos políticos a como he referido en ocasiones anteriores, se ha vuelto un experto en acusar presos políticos”, indicó el abogado de la CPDH, Eber Acevedo.
En las historias de la Fiscalía, los reos de conciencia casi siempre portan una mochila, color verde, estilo militar en la que llevan armas, drogas o explosivos. Señalan que los acusados portan pistolas o sustancias prohibidas adheridas el cuerpo.
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En el reporte de los policías, por lo general, deciden llevarse a los detenidos a las celdas de la DAJ y no realizan en el lugar la prueba de campo a la droga supuestamente encontrada. Luego aseveran que realizan dicho estudio en el edificio policial, conocido como el nuevo “Chipote” y que siempre da positivo para marihuana o cocaína. Violar la cadena de custodia de la prueba por parte de la Policía en casos de presos políticos se ha vuelto parte de la normalidad, indicó la abogada Yonarqui Martínez.
“Dentro de las irregularidades que vemos en los testimonios de los policías es que ellos nunca van al lugar de los hechos, porque cuando les hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo era la zona?, ellos dicen que no se acuerdan de cómo era el lugar porque era la única que vez que habían ido, que estaban atolondrados; una vez un oficial dijo que no se acordaba porque había quedado traumado por haber ido al lugar. A veces ellos mismos se contradicen en la información que llegan a presentar a los juicios”, denunció Martínez.
Testigo no confiable
El abogado penalista Noel Alonzo Cano, cuestionó el uso del testigo denominado “código uno” por parte de la Policía, quién por lo general llega a señalar a los juicios que seguía la pista de los acusados desde hace mucho tiempo y que estos trafican drogas o armas en Nicaragua y fuera de ella, sin mostrar mayores evidencias.
“Desde hace varios meses y en las últimas detenciones de presos políticos ya la Fiscalía no se toma la molestia de realizar una nueva acusación, simplemente agarra lo que hemos mencionado como un guión predeterminado y solo cambian los nombres y el lugar de los hechos de los privados de libertad por razones políticas; incluso hemos detectado que en algunas acusaciones llevan hasta los mismo errores”, dijo Acevedo.