A pesar de las campañas temporales del gobierno y los discursos floreados sobre la restitución de los derechos de las mujeres, la violencia machista e institucional contra la mujer nicaragüense se ha intensificado en la última década en el país. Cada año, decenas de mujeres son asesinadas con saña por hombres, cientos sobreviven a violentos ataques y la gran mayoría no obtienen justicia en sus casos. La impunidad agrava el peligro del machismo en la sociedad, advierten defensoras.
Este 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, en Nicaragua hacen faltan 729 nicaragüenses que fueron víctimas del machismo y la misoginia en el país. Eran niñas, adolescentes, jóvenes, adultas e incluso ancianas. Tenían un nombre, una vida, una familia, planes y derechos. De acuerdo al Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que comenzó a registrar los femicidios desde hace una década, en sus datos se refleja el incremento de la violencia contra la mujer a través de los años.
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En 2010 se registra la cifra más alta de la década: 89 mujeres fueron asesinadas por hombres. En 2011 ocurrieron 77 femicidios; en 2012 un total de 70; en 2013 fueron 64 víctimas; en 2014 la cifra ascendió a 70. En 2015 el número de femicidios descendió a 53 y en 2016 fueron 49 crímenes. A partir de 2017 los casos de femicidios empezaron a escalar nuevamente, 51 femicidios ese año, en 2018 fueron 61 víctimas, en 2019 un total de 63 y en 2020 la cifra alcanzó 71 femicidios. En lo que va del 2021 — 1 de enero al 3 de marzo— doce mujeres fueron asesinadas. Son al menos 729 mujeres que hacen falta, de acuerdo a los registros de CDD.
Este 2021 es el tercer año consecutivo en que las mujeres de Nicaragua no pueden salir a marchar un 8 de marzo; la represión del régimen de Daniel Ortega, la inseguridad social y la pandemia las ha obligado a reinventar las formas y espacios para seguir trabajando en pro de los derechos colectivos e individuales de todas.
Sobrevivir en una sociedad machista
Además, desde 2018 el Observatorio de CDD empezó a incluir los casos de femicidios frustrados, se trata de ataques violentos de los agresores que por diversas razones no logran consumar el crimen y las mujeres logran salvar sus vidas. Pero el problema no acaba ahí, muchas sobrevivientes quedan con secuelas físicas, psicológicas e incluso con discapacidades de por vida.
Según los casos registrados en este observatorio un total de 263 mujeres han sobrevivido desde 2018 a la actualidad a la violencia machista; las agresiones van desde maltrato verbal y físico, hasta violencia psicológica y sexual, y como la expresión más grave el ataque femicida. En el primer año de registro fueron 115 mujeres en esta lista; en 2019 un total de 72 y en 2020 incrementó a 76. De enero hasta el 8 de marzo de 2021, ya hay mujeres 16 sobrevivientes.
Defensoras, sociólogas y psicólogas feministas nicaragüenses hacen un análisis del panorama de la realidad a la que se enfrentan las mujeres en el país, y además sostienen que en medio de la crisis sociopolítica desde 2018 y sanitaria por la pandemia del Covid-19, las organizaciones están luchando por sobrevivir y continuar apoyando y creando redes de colaboración y protección para las mujeres que sufren y sobreviven a la violencia machista.
La deuda del Estado en la Nicaragua machista
Merycé Mejía, socióloga y enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), sostiene que la curva de aumento, descenso y aumento de femicidios responde a la situación o contexto que se viva en el país, pero especialmente a las políticas del Estado para atender la problemática y a los niveles de justicia a los que puedan acceder las mujeres.
“De 2010 al 2014 no había disminución, en promedio de femicidio anual era de 85 casos, mientras del 2014 al 2017 si hubo una reducción porque estaba el efecto de la Ley 779 que entró en vigencia en 2012 y el efecto del trabajo institucional de las organizaciones con funcionarios públicos, había un modelo de atención integral y eso ayudó a la disminución. Pero de 2018 a la fecha ascendieron debido al efecto de las reformas: mediación, reducir el término de femicidio solo en el ámbito íntimo-privado, la crisis sociopolítica, la pandemia del Covid-19, no destinar suficientes fondos para atender la problemática, todo eso ha hecho que aumenten tanto los femicidios, como los en grado de frustración”, explicó Mejía.
Por su parte, María Teresa Blandón, socióloga y activista feminista, apuntó que es “aterrador” pensar que en diez años 729 mujeres que incluyen niñas, adolescentes, jóvenes y adultas han sido asesinadas en el país, e insistió en la importancia de nombrar a cada una de ellas.
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“El rol del Estado ha sido de indolencia, ineficiencia y falta de compromiso. No solo se negó rotundamente a aprobar una ley y lo hizo cuando ya se vio obligado por la presión de muchas organizaciones de mujeres, sino rápidamente la reformó, cerró las Comisarias de la Mujer y Niñez e instaló un discurso de negación de la gravedad de la violencia; la Policía continúa ocultando las denuncias y el gobierno de manera incorrecta continúa tipificando los femicidios solo en el ámbito privado”, manifestó Blandón, también integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Blandón señala que “esta es una sociedad violenta, que tolera la violencia machista que obliga a las víctimas a callar y que perdona tranquilamente el abuso sexual, femicidios… estos hombres no salieron del infierno, salieron de una sociedad que tolera la violencia y que obliga a las víctimas a callar, una sociedad que no se hace cargo”, apuntó.
Alerta en año electoral
Ruth Matamoros, psicóloga feminista del Grupo Venancia y quien brinda acompañamiento a las mujeres víctimas de la violencia machista en el norte del país, precisó que el constante ascenso de los femicidios y los en grado de frustración, evidencia que no han habido logros reales, las mujeres aún se encuentran en inseguridad.
“Este es un país donde año con año aumentan las cifras de femicidio, secuestros, desapariciones, violencia sexual… las señales en sus cuerpos exhiben la crueldad y saña con que son violentadas antes y después de su muerte, ejemplifica lo que es la misoginia, el odio contra las mujeres”, resalta Matamoros.
En un año electoral, Mejía no descarta que la violencia estatal y la impunidad influya para que en este 2021 la situación de inseguridad de las mujeres empeore por la pasividad y la falta de voluntad para que las mujeres puedan acceder a la justicia.
“Este año los femicidios pueden incrementar, al haber tanta impunidad, los agresores tienen la cancha abierta para cometer delitos, el machismo en Nicaragua es súper arraigado, no hay políticas educativas para deconstruir esas ideas de los hombres que piensan que pueden decidir sobre las mujeres, sobre su cuerpo, y que eso les permite cometer cualquier delito”, apuntó.
Impunidad y pobreza
De acuerdo a la RMCV, la tendencia de los crímenes contra las mujeres es creciente en Nicaragua, y tomando en cuenta las cifras que se reportan en lo que va del año sostiene que “eso te dice que hay ausencia del Estado, el foco de atención para las mujeres no existen en el país, no hay interés, y hay una actividad pasiva de parte de las instituciones del Estado en enfoque de género en cada una de sus intervenciones, la situación es alarmante en el país el nulo o poco acceso a la justicia”.
Blandón agregó que en la mayoría de delitos contra las mujeres y niñas, sea femicidio o abuso sexual, han quedado en la impunidad debido a que “no se les acepta la denuncia y si lo hacen los abusadores sexuales y femicida no son condenados o son amnistiados, por eso los perpetradores andan tranquilamente por la vida como si fueran hombres íntegros”.
Mejía, por su lado, añadió que otra preocupación de las mujeres es la “pobreza” que las limitan a buscar ayuda y asesoramiento para acceder a la justicia. “Hay mujeres que ni para el pasaje tienen, a algunas en la Policía les piden muchas veces dinero para la gasolina para ir a buscar al agresor, entonces ¿qué mujer que llega a pedir protección y seguridad va a tener dinero para la gasolina? son casos bien difíciles, son casos reales, que te dicen que en Nicaragua las mujeres no están protegidas”.
Por su parte, Matamoros, enfatizó que otra dificultad que atraviesan las mujeres es la “violencia patrimonial” en la que se incluye la irresponsabilidad paternal que a veces comprenden procesos largos y aunque hay resoluciones a favor, “eso no se cumple y las mujeres tienen que ver cómo resolver”. Además, señaló la “violencia institucional” que según ella, radica en que “los agresores no cumplen con sus condenas, entonces esto aumenta la indefensión, caen en la inseguridad ciudadana para las mujeres”.
Organizaciones feministas: “sobrevivir y no desaparecer”
Todas las defensoras consultadas por LA PRENSA coincidieron en que la situación que atraviesan las organizaciones feministas en Nicaragua es crítica debido a la pandemia del Covid-19 y la reciente Ley de Agentes Extranjeros que bloquea la financiación y donaciones internacionales a la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas.
“Estamos trabajando con pocos recursos, estamos en función de sobrevivencia por todas las leyes aprobadas con la única estrategia de eliminarnos, de desaparecer a las organizaciones y dejar prácticamente sola a las mujeres. Recursos nacionales e internacionales no hay, coordinación con el Estado es completamente nulo. Estamos en función de sobrevivir y no desaparecer”, declaró Mejía, enlace nacional de la RMCV.
Denunciaron también que como defensoras desde la represión gubernamental desatada por el régimen de Daniel Ortega en 2018, han sido víctimas de persecución, asedio, violencia, y que de una u otra manera a afectado en funcionamiento de sus organizaciones y el trabajo en el campo.
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“Si queremos seguir atendiendo tenemos que ver nuestra seguridad. Estamos haciendo lo que podemos, otra estrategia además de la sobrevivencia es seguir empoderando a nivel comunitario, formando a lideresas para que ayuden a otras mujeres, el asunto de nosotros es prevenir desde las comunidades para que no ocurran los femicidios, formación, empoderamiento, y acompañamiento”, señaló.
Blandón señaló que también hay colectivos de mujeres que recibían algún tipo de apoyo de la cooperación internacional para hacer su trabajo y han “tenido que cerrar porque ya había hostilidad y amenazas hacia ellas, pero ahora con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno dice que si no cumplen con los requisitos que plantea la ley, te pueden cerrar y confiscar tus bienes”.