El periodista David Quintana García, director del medio de comunicación digital independiente Boletín Ecológico, enfrentó este jueves la audiencia de apelación en los Juzgados de Managua, con la que espera poder revertir el fallo condenatorio de primera instancia judicial en su contra.
Quintana García fue condenado el pasado 17 de febrero de este año a pagar la cantidad de 13,446 con 30 centavos de córdobas en concepto de 200 días multa, luego que fuera encontrado culpable del delito de calumnias por el juez José Ernesto Martínez Velázquez, titular del Juzgado Quinto Local Penal de Managua.
La audiencia de apelación fue realizada por la juez Fátima Rosales González, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, quién tendrá que decidirá si revertirá la pena contra el periodista o la mantendrá.
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“Presentamos agravios que estuvieron cimentados en la pragmática jurídica referida a la ausencia de fundamentación de sentencia, la inobservancia al principio de presunción de inocencia y la errónea aplicación de la Ley que hizo el juez Quinto Local Penal al emitir su sentencia y al momento de valorar la prueba que se presentó en el juicio oral y público”, explicó la abogada defensora María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Irregularidades
La acusación contra Quintana fue promovida por Nelson Enrique Oporta, excamarógrafo del oficialista Canal 8 y su esposa Junieth Dávila Cruz.
El hecho que genera la acusación se da en el contexto de una cobertura sobre un desalojo domiciliar que realizó Quintana el 17 de junio del 2020 en el barrio Altagracia de Managua. El excamarógrafo y su esposa acusan al periodista de haberles imputado un delito durante reportaba la noticia.
Entre las irregularidades en el proceso que enfrentó Quintana están que: Los delitos por injurias y calumnias prescriben a los 30 días y el proceso judicial en contra del reportero se erigió cinco meses después de ocurrido el hecho. Incluso el afectado pasó tres meses solicitando al juzgado correspondiente que lo citara para conocer de la acusación. “Me di cuenta del proceso en mi contra porque las supuestas víctimas también acusaron a dos de las personas que fueron desalojadas, y esas personas me avisaron del proceso legal”, aseveró el comunicador social.
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Oviedo cuestionó que el proceso judicial contra Quintana tiene la intención de callarlo como periodista, porque fue el único reportero acusado por las supuestas víctimas, a pesar de que llegaron otros a cubrir la misma noticia ese día. Además criticó que en el juicio de primera instancia la contraparte no mostró videos ni audios que demostraran el delito de su defendido.
Atrevimiento de defensora de supuestas víctimas
“Hoy la defensa de mis acusadores (la abogada Ana Berríos) dijo algo que viene repitiendo el orteguismo todos los días contra nosotros (los periodistas independientes), que somos mal periodistas, que no buscamos otras fuentes, imagínense ustedes ella diciendo de que mi persona pasó en rebeldía tres meses, que nunca llegué a los juzgados y que por obra y gracia de ellos no me mandaron a detener con la justicia, es decir con su Policía, con los agresores, con los policías criminales”, relató Quintana sobra los ataques que le hizo la abogada de las supuestas víctimas.
Ahora el periodista deberá esperar la decisión de la judicial, quién no fijó la fecha para dar a conocer su sentencia. Este tipo de delitos no permite hacer uso del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que si resulta nuevamente condenado, el director de Boletín Ecológico tendrá un período de 30 días para pagar el monto antes mencionado.
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En septiembre de 2020 la periodista caribeña Kalúa Salazar, de radio La Costeñísima, fue declarada culpable por supuestas calumnias, causa abierta tras las denuncias de extrabajadoras de la Alcaldía orteguista de El Rama y fue condenada a pagar 120 días multa, equivalentes a 7,684.58 córdobas. La reportera está a la espera de la decisión del judicial, luego que el pasado nueve de marzo enfrentara la audiencia de apelación para procurar revertir la sentencia condenatoria de primera instancia.