Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), junto con cuatro miembros de su equipo de trabajo, interpusieron el viernes ante la Corte Suprema de Justicia los primeros recursos de inconstitucionalidad de la Ley No. 1060, Ley de Reforma y Adición a la Ley 406 del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
Esa reforma permitió extender el plazo de detención de una persona en proceso de investigación de 48 horas hasta entre 15 y 90 días.
El recurso interpuesto por Núñez señala que esa ley violenta los derechos y garantías de las personas detenidas; las “disposiciones y principios de la Constitución Política de la República de Nicaragua” y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
“Esta Ley No. 1060 pretende disfrazar el acto de mero trámite de presentación ante la autoridad judicial en la mentada audiencia de control de garantías constitucionales como cumplimiento del plazo constitucional de 48 horas, al que las autoridades policiales están obligados para poner a la orden del juez competente a la persona detenida a fin de decidir sobre su situación jurídica”, señala textualmente el recurso.
Estos fueron los primeros recursos interpuestos en contra de esta ley, al igual que se han interpuesto otros recursos contra la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en los últimos meses .
Según Núñez, en esos recursos analizaron muy bien esa reforma. Dijo que otra de las violaciones de la ley es que crea una “nueva audiencia” llamada “Control Constitucional” que se realizaría antes de la audiencia preliminar. En esta nueva audiencia el juez comenzaría a determinar si hay evidencias sólidas para iniciar una investigación y es ahí donde las autoridades podrían decidir si la persona debe permanecer detenida por más de 48 horas mientras se inician estas investigaciones, expuso.
Esta reforma faculta a los jueces a dictar detenciones desde 15 hasta 90 días.
“Viola la libertad individual, el derecho a un juicio justo y pronto y el derecho a presunción de inocencia. O sea, todas las garantías procesales, establecidas en la Constitución y las normas internacionales. Todos los derechos relacionados con la libertad, los viola. Ni siquiera está estipulado que en esa primer audiencia llegue un abogado a acompañar al acusado”, dijo la defensora de derechos humanos a LA PRENSA.
“Nos están excluyendo”
Los defensores del Cenidh denunciaron que recibieron malos tratos a la hora de interponer esos recursos. Antes de abril de 2018, cuando se interponía ese tipo de documentación, eran recibidos por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro, pero ahora se niega a recibirlos.
Los defensores tuvieron que esperar afuera del edificio durante más de una hora, bajo el sol y frente a un grupo de policías antimotines que se presentaron media hora después de que ellos llegaran.
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Finalmente, los recursos fueron recibidos por un joven que se identificó como oficial de la Corte Suprema de Justicia, firmó los recibidos y devolvió una copia a los miembros del Cenidh.
Vilma Núñez aseveró que compartieron el documento a otras organizaciones para que estas también interpongan sus propios recursos en contra de esa ley.