Nicaragua se encuentra en el tercer año de una lucha interna entre un segmento de la población —grande, por cierto, juzgando por las multitudinarias manifestaciones espontáneas de abril y mayo de 2018— y su gobierno. A pesar de intentos de diálogo, la crisis continúa. La esperanza es que se supere a través de elecciones en noviembre. Pero para que esto suceda, los demócratas nicaragüenses, y gran parte de la comunidad internacional, están insistiendo en que estos comicios sean libres, justos y observados.
La pugna política tiene una importante dimensión dialéctica manejada no solo por políticos sino que por muchos otros politólogos. Si consagraríamos tan solo una fracción de la energía que invertimos en opinar sobre la crisis política para resolverla, sería un gran avance.
Pero bien, recientemente algunos actores en este debate de ideas están comenzando a referirse al concepto de la legitimidad —o ilegitimidad— del gobierno. Este concepto es poderoso. Pero también es peligroso. Cuenta con toda una historia en ciencias políticas, derecho internacional y la práctica de naciones que analizo en los siguientes párrafos.
Primero, aunque la legitimidad haya servido de bandera tanto en la política nacional como internacional, tiene una definición elástica. Para personas que, como yo, creemos en la democracia representativa liberal, gobiernos son legítimos si se basan en, y respetan a, las tradiciones y leyes de un país, sobre todo la Constitución. Es más, tienen que ser el resultado de elecciones periódicas y transparentes que reflejan el sentir del pueblo. Pero en la historia, aún la moderna, abundan países cuyos gobiernos son autoritarios que tomaron el poder por las armas o que se mantienen en él por la fuerza y sin elecciones periódicas y cristalinas. Es más, me atrevería a decir que la mayoría de los países que son miembros de las Naciones Unidas no gozan de democracias representativas. Sin embargo, son miembros de todo el andamiaje institucional internacional y son reconocidos —es decir son considerados legítimos— por la mayoría de las democracias del mundo.
Segundo, en reconocimiento de que en la práctica la legitimidad no es sinónimo de democracia, los autores de acuerdos internacionales han sido cuidadosos en no referirse a la legitimidad de gobiernos cuando tratan temas de gobernabilidad democrática. Por ejemplo, el artículo uno de la Carta Democrática Interamericana reza que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Pero no se refieren a legitimidad, ni siquiera en los artículos 20 a 22 que abordan las medidas a tomar contra países cuando sufren una “ruptura del orden democrático”. Por ejemplo, en el caso de que esa interrupción perdurase, la Carta Democrática receta la suspensión de esos países del sistema interamericano, y no declararlo ilegítimo. La Carta de Naciones Unidas y su Declaración de Derechos Humanos es aún más escueta en cuanto a la democracia y su vínculo con la legitimidad, aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU implícitamente lo reconoce al señalar en su artículo 21 que la “voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”.
Y, tercero, hasta los países que más han apoyado a la redemocratización de Nicaragua han sido cauteloso en cruzar el Rubicón de la ilegitimidad con el gobierno del comandante Ortega. ¡No lo han declarado ilegítimo! Por cierto, esto consiste con la diplomacia estadounidense. La última vez que Washington no reconoció a un gobierno nicaragüense ocurrió por un breve período después del golpe de Estado del general Anastasio Somoza García contra Leonardo Argüello en 1947. Desde ese entonces, la Unión Norteamericana siempre ha mantenido relaciones con los gobernantes nicaragüenses aun durante la tensa década de los ochenta, aunque durante un breve período esa relación se manejó a nivel de ministro consejero y no de embajador por ambas partes.
Este trato cuidadoso del concepto de legitimidad se debe a un hecho: el que un país que declara ilegítimo al gobierno de otro debe de cortar relaciones con el ilegítimo. Esta situación existe ahora con Venezuela. En este caso, Estados Unidos y supuestamente unos cincuenta otros países reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela y al gobierno de Maduro como ilegítimo. Basado en esto, Washington ha, de hecho, intervenido a Citgo, compañía petrolera estadounidense, que pertenece al gobierno venezolano.
Concluyo con la siguiente reflexión. El concepto de la ilegitimidad es más político que legal. Por ende, se presta para el juego político, fenómeno que estamos comenzando a ver en el caso de algunos opositores nicaragüenses. Pero ¡ojo! Así como la ilegitimidad es poderosa como idea, repito que es peligrosísima porque su repercusión es imponerle una suerte de bloqueo al país tildado de ilegítimo. Si fuera a prosperar en Washington la noción que el gobierno de El Carmen careciese de legitimidad, no se podría descartar la ruptura de relaciones entre Managua y Washington.
Esta “sanción suprema” —la ruptura de relaciones entre ambos países— es quizás lo que algunos opositores buscan. Pero sería devastador para nuestro país. Con un desconocimiento del gobierno, Nicaragua perdería su acceso privilegiado al mercado estadounidense bajo el DR-Cafta y el apoyo de las instituciones financieras internacional como el BID, Banco Mundial y el Fondo Monetario donde, de hecho, Washington puede parquear nuevos créditos y hasta suspender desembolsos de préstamos existentes. ¡Créanme que es así! Lo vi como director del Banco Mundial en el caso de países francófonos de África cuyos gobiernos fueron desconocidos por París.
Si esto pasaría acá, nuestra averiada economía colapsaría y todos los nicaragüenses, especialmente los de la clase media y los más pobres, serían los más perjudicados. ¿Es esto responsable y lo que realmente nos conviene?
El autor fue canciller de la República.