El 8 de junio de 2018, por la tarde, al padre Damián C. Muratori lo visitaron la alcaldesa de San Rafael del Norte, Norma Herrera, y el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Noel Gutiérrez, y le pidieron que los acompañara porque querían dialogar con los manifestantes que se encontraban en los tranques en ese municipio.
El sacerdote logró dialogar con los manifestantes para concienciarlos sobre la situación que estaba atravesando el país y les expresó que podían manifestarse de otra manera. Posteriormente, conversó con un grupo de simpatizantes del régimen, en San Rafael del Norte, quienes tenían la intención de confrontarse con los manifestantes opositores.
“El padre Damián les pidió que desistieran de ese propósito y que mantuvieran la calma, lo mismo les pidió a los policías, sugiriéndoles que resguardaran a ambos grupos para evitar agresiones. Al atardecer, los dos grupos se dispersaron pacíficamente y el padre Damián se fue a celebrar la eucaristía en la capilla de Sabana Grande”, cuenta en un comunicado el sacerdote.
El padre Damián Muratori es el encargado del Santuario Franciscano El Tepeyac y vicepostulador de la causa de Beatificación del Siervo de Dios Odorico D’Andrea, en San Rafael del Norte.
Ahora, asevera, ha sabido que la Secretaría Política del FSLN de San Rafael del Norte ha escrito una carta en la que lo acusa de haber participado en los tranques de Sabana Grande, lo que niega rotundamente el padre de origen italiano, a quien el régimen le podría negar la residencia en el país.
En una nota aparte, del mencionado comunicado, el sacerdote refiere que gracias a esa intervención, en la que también participaron el secretario político del Frente y la alcaldesa de la localidad, “esa tarde y para siempre se pudo evitar una confrontación que podía causar muertos y heridos”.
El 30 de abril llegó a la Dirección General de Migración y Extranjería, porque lo llamaron para que se presentara, ya que supuestamente estaba lista la resolución de su solicitud de renovación de residencia, que había solicitado desde hace un año. Pero ese día le dijeron que no tiene residencia, sino que solamente le iban a dar noventa días para estar en el país, y un día antes de cumplirse ese período, le dirían cuál será el siguiente paso. “En otras palabras, no me dijeron que sí, ni no, así que no sé si me van a quitar definitivamente la residencia o me la van a dar», dijo el sacerdote a LA PRENSA.
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El religioso, de origen italiano, tenía residencia permanente desde hace 45 años. La renovaba cada año. Muratori llegó a Nicaragua el 14 de marzo de 1976, y desde entonces se ha destacado por diferentes obras ejecutadas en el norte del país.
«Prácticamente en Nicaragua he trabajado 45 años, comencé en la montaña de Matiguás, todavía con Somoza. Después me fui, pero retorné siempre trabajando en la zona del norte, como párroco y director del Santuario donde están los restos mortales del padre Odorico D’Andrea», dijo el viernes a LA PRENSA.
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El sacerdote italiano también reconoció a este Diario que en varias ocasiones, desde el púlpito, se ha referido a la situación del país, pero aclaró que lo ha hecho desde una perspectiva de reflexión y no como una forma «acusatoria» en contra del Gobierno.
Otros padres que han sido expulsados
En septiembre de 2020, el régimen le redujo el periodo de residencia al padre Julio César Melgar, de origen salvadoreño, quien también brindaba sus servicios sacerdotales en la Diócesis de Estelí. El padre Melgar tenía una residencia permanente, que renovaba cada cinco años. El 16 de octubre de 2020, el sacerdote colombiano Luis Arilio Carrillo, quien trabajó durante cuatro años en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Abelardo Mata, tuvo que abandonar el país por órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería. Un mes antes, las autoridades le habían suspendido su residencia permanente, que era válida por cinco años, y que de acuerdo con la legalidad del documento vencía hasta el 15 de enero de 2022.
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El 31 de enero, las autoridades migratorias le impidieron el ingreso para continuar con sus funciones al fraile Santos Fabián Mejía, párroco y superior de la parroquia San Francisco de Asís, de Juigalpa, Chontales, de nacionalidad salvadoreña, quien tenía más de 12 años de estar en parroquias nicaragüenses.
Asimismo, el 16 de febrero el régimen negó la entrada al fraile salvadoreño Javier Lemus, de la Orden de Frailes Menores Franciscanos, quien desde el 19 de marzo de 2018 estuvo a cargo de la parroquia Inmaculado Corazón de María, en la Diócesis de Matagalpa, liderada por monseñor Rolando Álvarez.
