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La Policía orteguista ha ejecutado con lujo de violencia las detenciones de al menos once opositores, cinco precandidatos a la Presidencia del país. LA PRENSA / AFP.

59 países demandan a Ortega en la ONU que cese el hostigamiento y respete los derechos humanos

En una declaración conjunta de los 59 países, leída por Costa Rica, los Estados se mostraron preocupados por "la impunidad persistente" y afirmaron que las reformas electorales implementadas no permitirán la celebración "de elecciones libres y justas"

Un grupo de 59 países del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) demandó este martes al gobierno de Daniel Ortega garantizar la protección de los derechos humanos y cesar el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

En una declaración conjunta de los 59 países, leída por la delegación de Costa Rica, los Estados se mostraron preocupados por «la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias».

La declaración en el Consejo de Seguridad se da en un contexto donde el régimen ha emprendido una cacería de precandidatos presidenciales, activistas opositores e incluso periodistas. Solo la noche de este lunes, la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro fue allanada; la exdiputada y exprimera dama, María Fernanda Flores, fue dejada bajo arresto domiciliar, y el cronista deportivo Miguel Mendoza fue arrestado.

«El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables», dijeron los países.

Preocupan las leyes aprobadas

De igual forma, la declaración conjunta hace mención a las leyes aprobadas en 2020, como la Ley de Ciberdelitos que pretende acallar al periodismo, la Ley de Agentes Extranjeros que, entre otras, restringe la participación electoral, y la Ley de Soberanía, que ha sido utilizada como motivo del arresto de casi una veintena de opositores, incluidos cuatro precandidatos en las últimas semanas.

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«Nos preocupa profundamente que las leyes promulgadas recientemente restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata», dijeron los estados.

Instaron al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen «en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias».

Elecciones sin condiciones

Asimismo los 59 países mostraron su preocupación porque el gobierno de Ortega no implementó las reformas electorales necesarias, cuyo plazo era mayo de 2021. En cambio, el régimen modificó la Ley Electoral para, según críticos y analistas, poner más trabas a la participación de opositores. «Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre», sentenciaron los países.

Debido a esto, el grupo instó al país a valerse «de la asistencia técnica» de la comunidad internacional para que permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. «Los nicaragüenses merecen elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país».

Los países firmantes de la declaración son: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guayana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América.

Hasta este 22 de junio, cinco precandidatos permanecen presos: Cristiana Chamorro (bajo arresto domiciliar), Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Estos últimos, suponen sus familiares, en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el nuevo Chipote.

También están presos los activistas José Pallais, Violeta Granera; los empresarios José Adán Aguerri y Luis Rivas Anduray; los dirigentes políticos del partido Unamos (antes MRS), Suyén Barahona, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco; el cronista deportivo Miguel Mendoza; la exdiputada y exprimera dama, María Fernanda Flores de Alemán; los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, y el conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Salvador Vásquez Cortedano.

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