La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) expulsó de forma definitiva a cinco de sus estudiantes, con el argumento de que “han estado promoviendo y realizando acciones que atentan contra la paz, estabilidad de la comunidad universitaria, en aras del bien común y el interés institucional”.
Según una notificación de la Secretaría General de esa universidad, que circula en redes sociales, los estudiantes son: Silvio Benito López, Walter Francisco Medina, Sayra Azucena Martínez Delgado, Fernando Geovanny Ridel Bermúdez y Joscelyne María Bárcenas Loáisiga. Los primeros cuatro eran en modalidad por encuentro y el quinto en dominical. LA PRENSA no se pudo comunicar con los afectados, pero fuentes del sector universitario dan crédito de que la información es real.
Los primeros cuatro cursaban la carrera de Derecho. Uno de ellos estaba en segundo año y los otros tres en cuarto año. Mientras tanto, Joscelyne María Bárcenas Loáisiga estudiaba el primer año de la carrera de Gestión de Empresas Turísticas.
“De esta decisión podrán apelar ante el Consejo Universitario, dentro de los tres días calendario contando a partir de la notificación”, dice la carta, que firma el secretario general Francisco Valladares Castillo, en la que les informa sobre la expulsión, con fecha del 23 de junio, pero que fue hasta este 30 de junio que circuló en las redes.
Tras la filtración del documento y la denuncia ciudadana en redes sociales, las autoridades de la universidad se mantienen en silencio. LA PRENSA llamó repetidas veces a los números institucionales de la universidad y envió correo electrónico a la casa de estudios, pero nadie atendió las llamadas y el correo sigue sin respuesta.
La noticia de las expulsiones ha sido recibida con preocupación en el movimiento Acción Universitaria por el hecho de que esos cinco jóvenes fueron privados del derecho a la educación y el antecedente de hace tres años, cuando se hizo de forma masiva en el recinto de León y Managua. “Son tipos de represiones que no se detienen, que sigue atentando contra las libertades académicas, contra los derechos estudiantiles, los derechos humanos de los universitarios, de la juventud”, destacó Elthon Rivera, activista universitario miembro de Acción Universitaria.
Precedente
En 2018, esta misma casa de estudios informó que expulsó a 13 universitarios. También la UNAN-Managua se deshizo de otros 82 estudiantes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre los dos recintos sumaron 144 estudiantes expulsados.
Por medio de una investigación que llevó meses, LA PRENSA logró comprobar 109 casos y reveló que los procesos utilizados violaron reglamentos internos, la Constitución Política de Nicaragua, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras normas.
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La saña contra los universitarios se debió a que las protestas de abril 2018 fueron lideradas por ellos, un hecho nunca visto hasta entonces en los años de Daniel Ortega en la Presidencia, que volvió a conquistar en las elecciones de 2006.
Sobre el argumento de la expulsión a los últimos cinco universitarios, el defensor de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, apuntó que “esa expresión, palabras más palabras menos, está en el artículo de la Ley 1055 (Ley de defensa de los derechos del pueblo, la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz). Por lo que es una amenaza para la libertad de esos jóvenes, además que se les cercena su derecho a la educación porque no pueden continuar con sus estudios”.
Con esta ley se ha encarcelado en las últimas semanas a líderes opositores (cinco de ellos precandidatos presidenciales), un periodista deportivo y un empresario.
Demanda sigue vigente
Aunque han pasado casi tres años de las primeras expulsiones en los recintos de León y Managua, continúa la lucha de los jóvenes por su reintegro. Se han organizado desde Acción Universitaria y además de denunciarlo a nivel internacional, no claudican en su demanda de solicitud de verificación de la medida que puso fin a sus sueños profesionales.