Al menos 145 universitarios han sido expulsados de sus recintos —como cifra oficial— en el contexto represivo que mantiene el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018 y que ahora, cuando faltan cuatro meses para las elecciones presidenciales de noviembre, vuelve a ser punta de lanza contra los estudiantes. Echarlos de las aulas de clases ha sido, según defensores de derechos humanos, parte de su venganza contra quienes han participado en protestas o manifestado de otra manera el rechazo a su política de violencia y terror.
Los últimos jóvenes suspendidos fueron cinco de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), pero antes se vivieron cinco jornadas de expulsiones similares. La primera ocurrió en agosto de 2018 y fue contra 82 estudiantes de la UNAN-Managua, un mes después se sumaron 13 de la UNAN-León, luego en diciembre de 2019 fueron 43 de la Universidad Nacional Agraria (UNA) —que posteriormente fueron reincorporados—, en marzo de 2020 fue contra una persona y en mayo de 2021 otra más.
El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión expone que las expulsiones son una clara violación a los derechos humanos y que se trata de una venganza. “Lo que está en desarrollo es el descargue de venganza de esta familia en el poder y es un ‘vamos con todos’. Lo hicieron en abril de 2018 y lo siguen haciendo actualmente. Hay un accionar de castigo y se ve en todos los espacio: ¿qué les pasó a los médicos que empezaron a reclamar por faltas de medidas en el contexto del Covid-19? Los despidieron”, recordó.
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La arremetida contra los universitarios ha ocurrido luego de que lideraran las primeras manifestaciones del 2018 y le plantaran la cara a Ortega de manera frontal al tomarse las calles y no recular, pese a la brutal agresión que inmediatamente se puso en marcha a través de sus agentes policiales y civiles armados.
Los jóvenes se convirtieron en esos rostros emergentes y pagaron con exilio, cárcel, expulsión o la muerte. Sin mencionar el impasse en sus vidas: muchos jóvenes habían avanzado en sus cursos y ahora han quedado no solo expulsados, sino sin acceso a sus registros académicos, lo que los obligaría a empezar de cero aunque hayan estado por culminar sus estudios superiores.
Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), lamenta que las expulsiones de los universitarios no cause la misma indignación que provoca las otras violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen orteguista y porque “definitivamente es un método perverso y queda en la impunidad”. Además, revela la destrucción de un requisito indispensable para que haya libertades y autonomía en cualquier universidad.
“Con este comportamiento queda en evidencia que las autoridades universitarias han traicionado la autonomía universitaria que a tanta gente le ha costado y es una lucha que tiene más de 50 años de haberse logrado”, confió.
¿Qué ha pasado con los expulsados?
El Cenidh tiene conocimiento de que una parte de los expulsados tuvo que empezar sus carreras desde cero, porque las autoridades universitarias llegaron hasta el punto de cancelarles el récord académico, y “es un despojo porque es parte de su acervo intelectual”, otros pasaron a desarrollar un trabajo informal —a lo único que han podido acceder sin sus credenciales universitarias—, algunos han pasado a ser carga económica de sus familias ante la poca oportunidad de empleos y una buena parte se fueron al exilio.
A partir de las primeras expulsiones se conformó el movimiento Acción Universitaria, que buscaba reunir todos los casos y, apegados al marco legal, empezar la lucha por el reintegro y elevando su denuncia incluso nivel internacional.
“Una dictadura es la negación de todo tipo de derechos y garantías. Cuando se te lesiona un derecho, tenés las garantías de un recurso y eso está ilustrado en la Constitución Política de Nicaragua y en los instrumentos de derechos humanos, pero operativamente hay una imposibilidad material para defenderte, para que te escuchen”, finalizó Carrión.
La recopilación de datos por parte Acción Universitaria ha sido ardua, porque se perdió el rastro de algunos estudiantes luego de irse al exilio y otros han mantenido firme su decisión de no brindarlos por temor a represalias; sin embargo, Acción Universitaria ha logrado recopilar 75 casos de estudiantes expulsados.