La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la ampliación de medidas provisionales a favor de la opositora detenida e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Tamara Dávila y su familia, con el fin de “proteger sus derechos”, debido a que según el organismo se “encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua”.
Dávila fue apresada por la Policía del régimen frente a su hija de 5 años, la noche del sábado 12 de junio, luego de un violento allanamiento en su vivienda, que se ejecutó sin orden judicial, según sostienen sus parientes. Este viernes 16 de julio, Dávila cumple 34 días de estar detenida o en calidad de “secuestrada”, según han denunciado sus familiares, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocidas como el nuevo Chipote.
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A la opositora se le aplicó la Ley No. 1055 o la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y se le dictó prisión por 90 días, mientras las autoridades realizan las investigaciones, al igual que a más de una veintena de dirigentes opositores encarcelados entre el 28 mayo y el 5 de julio, incluidos seis aspirantes presidenciales.
Silenciar a opositores
La CIDH indica que la información recibida sugiere que “la privación de libertad de Daysi Tamara Dávila guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciar a toda persona opositora, o percibida como tal, mediante represalias y con ello enviar un mensaje de castigo a las personas que se manifiesten o protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual Gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones generales de noviembre de 2021”.
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Añade que existen indicios de arbitrariedad en la detención de las personas beneficiarias de medidas provisionales, realizada en junio de 2021, que guarda relación con la utilización de un marco normativo que termina criminalizando a la oposición; además no se cuenta con información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero oficial ni de las medidas efectivas para proteger sus derechos en riesgo ni las presuntas violaciones al debido proceso alegadas.
Extrema gravedad y urgencia
Del mismo modo el organismo internacional de derechos humanos, a cargo de la comisionada Antonia Urrejola, explica que las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en “casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas; las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas o colectivos que están bajo amenaza”.
De ser aprobada la solicitud la Corte IDH estaría ordenando al gobierno de Ortega, lo mismo que dictó para Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Pallais. La Corte IDH requiere lo siguiente:
- a) Proceda a la liberación inmediata de la señora Dávila.
- b) Adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de la señora Dávila y su núcleo familiar.
Del mismo modo, con miras a garantizar las decisiones de la Honorable Corte Interamericana, la Comisión solicita que la Corte requiera a Nicaragua que: - c) Permita que tanto una delegación de la CIDH como de la Corte Interamericana puedan ingresar al territorio de Nicaragua para constatar la implementación de las presentes medidas provisionales y buscar la efectividad de estas.