Ante el acoso, las citatorias y amenazas de la dictadura de Daniel Ortega contra el gremio médico independiente, gran parte de los galenos han decidido abstenerse de opinar sobre el tema, lo que implica más desinformación y orientación entre los nicaragüenses, quienes quedarían a dispensa de la información oficialista, valoran especialistas médicos y sociólogo.
Desde el inicio de la pandemia, los médicos independientes han monitoreado de cerca el comportamiento del Covid-19 en el país. Han brindado valoraciones técnicas en cuanto al avance del virus, información científica y recomendaciones para protección de la población. Es a través de sus voces que la población ha conocido sobre el repunte de contagios y muertes en el país, lo que ha permitido que muchas personas activen la alerta y tomen medidas de protección para contener los contagios.
Sin embargo, con las citatorias hechas por el Minsa a varios especialistas independientes, muchos de ellos —que en su mayoría están dentro de organizaciones médicas— han preferido autocensurarse después que el Minsa los sentenció con aplicarles la Ley de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, para que no hablen más sobre la pandemia. La misma vicepresidenta designada Rosario Murillo ha lanzado serias amenazas contra los galenos.
«Falsos médicos con falsos pronósticos, con falsas encuestas, noticias falsas (…) y bueno, reiteramos: todo se paga en la vida. Ayer decíamos: nadie es eterno, el que mal hace, mal le llega», sentenció la primera dama en su alocución del 7 de julio.
Especulación y falta de protección
Para el sociólogo Cirilo Otero, no tener las voces suficientes para alertar sobre el avance del Covid-19 en el país, puede atraer consecuencias negativas, ya que una sociedad desinformada tiende a especular y asumir que todo está normal.
«Yo lamento que los médicos, en su papel de salvar vidas, tengan que enfrentar una incomodidad con el ministerio superior de su profesión. Es importante destacar que una sociedad desinformada frecuentemente comete errores y se equivoca en las actitudes que asume, ese sería el costo más alto, que una sociedad desinformada hace cosas que no debería de hacer y eso nos lleva a mayores consecuencias negativas», indicó Otero.
El 28 de julio, el ginecólogo José Antonio Vásquez Mena, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), compareció ante la citatoria realizada por el Minsa. A su salida del complejo el médico comentó que las autoridades le cuestionaron sus valoraciones técnicas respecto al manejo de la pandemia y, a su vez, lo sentenciaron: «Estamos prohibidos hablar del tema —Covid-19—, ni mucho menos dar pronóstico y estadísticas, que eso lo da solo el Minsa».
Al igual que a Vásquez, el Minsa ha hecho desfilar al menos a cinco sanitarios que comparten información sobre el Covid-19 a los medios de comunicación. A la mayoría no solo le cuestionaron su trabajo, sino que también lo amenazaron con aplicarles la Ley de Ciberdelitos por incurrir —según la dictadura— en noticias falsas “que crean inestabilidad emocional a la sociedad”.
Un médico, quien prefirió no ser citado por la persecución del régimen, añadió que mantener a la población «a ciegas» sobre lo que ocurre con el Covid, los convierte en un «instrumento ciego en su propia destrucción». Agregó que imponer la desinformación en la población es una acción «casi criminal».
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«Lamentablemente, mantener a la gente desinformada es casi criminal, porque al no conocer las personas lo que está pasando en su alrededor no van a tomar medidas de precaución (…) un pueblo desinformado es un pueblo que está en alto riesgo de tener problemas, complicaciones, mortalidad, es un pueblo que camina a ciegas, que no sabe qué hacer, entonces las consecuencias siempre van a ser funestas, definitivamente», señaló.
Otro doctor, quien también pidió el anonimato, reconoció que las amenazas del régimen han tenido su efecto negativo, ya que muchos de sus colegas han entrado en temor y prefieren mejor no opinar, o bien lo hacen en anonimato, como es su caso. El médico coincidió en que si no existe transparencia sobre la información, la población deja de tomar las medidas de protección y se expone a mayor riesgo de contagio.
«Cuando no se cuenta con la información completa, transparente y que sea constatable, entonces la población entra en un estado de ignorancia hasta asumir que todo ya está normal y deja de usar mascarillas, asiste a todos los lugares donde hay aglomeraciones, asisten a eventos masivos —como lo que estuvo sucediendo en las celebraciones de Santo Domingo— y esto los pone en mayor riesgo de contagio», alertó el especialista.
«Medida draconiana»
Para el epidemiólogo Álvaro Ramírez —quien reside en Europa—, esta acción del régimen de atemorizar al gremio médico representa una «medida draconiana» que tiene como fin mantener «oscuridad total» sobre la situación sanitaria en el país y así tener engañada a la población. Lamentó que el pueblo será quien seguirá «pagando las consecuencias».
«Una sociedad sin información, una sociedad sin tener claridad de dónde estamos en temas de riesgo sanitario y realmente dentro de la violación de derechos humanos y derechos internacionales al derecho a la salud y el derecho a la información, esto representa una de las medidas más draconianas que la dictadura puede imponer sobre el pueblo nicaragüense», expresó Ramírez.
«Esto no tiene nombre, simplemente es una medida sin ningún racional sanitario, sin ningún racional científico y tarde que temprano el pueblo es el que seguirá pagando las consecuencias con el aumento de casos (de Covid-19)», agregó el epidemiólogo.
¿Cuál es el mensaje que manda la dictadura?
La especialista en salud pública y defensora de derechos humanos Ana Quirós, quien reside en Costa Rica después de ser expulsada de Nicaragua en el 2018, expone tres puntos fundamentales que, según ella, la dictadura de Ortega manda con las recientes amenazas a los médicos independientes.
«En primer lugar, (el régimen de Daniel Ortega) le dice al pueblo de Nicaragua que la salud para ellos no es una prioridad; en segundo lugar, que nadie está exento de ser perseguido y, en tercer lugar, que cualquiera que le desobedezca o no se apegue a sus mandatos corre peligro», expuso Quirós.
Por su parte, el sociólogo Cirilo Otero añade que el régimen lo que hace, a través del Minsa, es demostrar quién es la autoridad. «Lo que hace el gobierno es uso de su autoridad, porque el problema es que si hay un dato oficial del Minsa y hay un dato no oficial, eso genera dudas en la sociedad y te causa desorden. El gobierno lo que demuestra es su autoridad de que puede convocar a los profesionales y decirles que no sigan ese tipo de actividades», detalló.