El Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por magistrados afines al partido gobernante, tiene planificado comprar chocolates, azúcares, edulcorantes y confites, por un monto aproximado a los ocho millones de córdobas, para los próximos días, según aparece publicado en la modificación del Programa Anual de Contrataciones del Estado (PAC), que se realizó el pasado viernes 13 de agosto.
La modalidad de adquisición se realizará a través de una “contratación simplificada” y el costo total de la compra de confitería sería de 7.75 millones de córdobas, o el equivalente a 217.7 mil dólares.
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Según el PAC, para los meses de mayo, junio y julio, el CSE realizó la misma compra de chocolates y confites, pero esta costó apenas 496 mil córdobas, equivalentes a 14 mil dólares a través de una “contratación menor”. Esta fue adjudicada, de acuerdo al Siscae, el 28 de mayo pasado a varios proveedores lo que a criterio de un experto en transparencia pública, que solicitó anonimato por temor a represalias, se conoce como “adjudicación parcial”.
El PAC se encuentra publicado en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), que es un portal electrónico que permite revisar la gestión y difusión de las adquisiciones y contrataciones que realiza el Estado de Nicaragua, así como la realización de transacciones electrónicas.
Los proveedores de mayo a julio
Los proveedores fueron: Manufacturas Químicas de Nicaragua S.A a quién el CSE le pagó 79 mil córdobas; Servicios Mercantiles Internacionales S.A, por un monto de 160 mil córdobas; a Profesionales Químicos Centroamericanos S.A., quien recibió 224 mil córdobas y al ciudadano Alejandro Agustín Pineda Orozco, por un monto de 31 mil córdobas.
Además de confites y chocolates, según la descripción de la adquisición publicada en el Siscae, al parecer se compró suministros de aseo y limpieza, bebidas no alcohólicas, lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos, artículos de tocador y cuidado personal, baterías y generadores de energía cinética, productos para la esterilización médica, ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas, etc.
Sin embargo, este monto en comparación con la que pretende realizar el poder electoral, es la cuarta parte del total de gasto que ahora destinarán. “Es notorio la diferencia de la adquisición que se realizó en los meses de mayo a julio”, reconoce otro especialista quien pidió no ser citado. Ahora bien, ¿a qué se debe el monto total del gasto?
Compras “ineficientes e ilegales”
LA PRENSA consultó a expertos en temas de transparencia pública sobre lo que implica la planificación de estas compras del poder electoral, y coincidieron en señalar que dichas adquisiciones se tratan de una forma “ineficiente de gastar el dinero del pueblo”, y además sostienen que son “ilegales”.
Uno de estos especialistas, quienes pidieron el anonimato, afirma que debido a la falta de transparencia con que suele actuar el CSE, se desconoce si las compras ya fueron efectuadas, pero sí ya están planificadas y está previsto que se realicen de forma “simplificada”, es decir sin licitación.
“Llama la atención del rubro, la adquisición de misceláneos que incluye confitería, chocolates, pero realmente uno se pone a pensar si en el contexto actual de crisis económica y además donde el CSE debe tener innumerables gastos y requerimiento producto de que es el encargado de los procesos electoral, casi ocho millones de córdobas, es mucha cantidad de dinero para comprar un rubro que no es tan importante y dado que hay pocos recursos y que el país no está en las mejores condiciones económicas”, sostiene una especialista en la materia.
Reconoce que lo que va adquirir el CSE “no es una necesidad ulterior y se estará gastando mucho recurso en ello. Está última compra no tiene nada que ver con lo que se gastó de mayo a julio, frente a los más de siete millones de córdobas que estaría gastando”. Según el Siscae, está adquisición se encuentra en estado de “evaluación”.
No hay justificación
El artículo 58 de la Ley 737, Ley de Contrataciones del Estado, define que solo en 10 circunstancias se puede realizar una compra del Estado de forma “simplificada” y no se aplica ninguna en el caso de las compras que tiene planificado realizar el CSE. La más común de estas excusas es la emergencia, pero el poder electoral no puede alegar eso porque tiene un calendario electoral bien definido con suficiente antelación.
“Es un procedimiento excepcional que se aplica sin importar el monto uno de las 10 causales que establece la Ley 737, cuando uno observa este tipo de compras y con estás características uno dice no es una situación de emergencia o calamidad que es una de las causales más utilizada. Es una compra ilegal porque no se cumple ninguna de las causales y adicionalmente crea mucha suspicacia por el monto sustancial”, indica el experto.
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“Es un gasto muy excesivo, que se da en un momento de crisis económica en el país y además es un año electoral”, explica otra de los especialistas en temas de corrupción en Nicaragua. A su criterio añade que está compra se debería de llevar a través de una “licitación pública” debido a que asciende a los tres millones de córdobas.
Las “contrataciones simplificadas” solo son justificadas en casos muy excepcionales, porque este tipo de procedimientos se pueden prestar mucho para que exista abuso en el manejo de los recursos del Estado, explican los especialistas. “Se hace rápido, con un solo proveedor. No hay competencia y no permite que se vean otras ofertas y que se ofrezcan precios más bajos. Se trata de un uso ineficiente de los recursos públicos”, indicó una de las fuentes anónimas.