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EL periodista Carlos Fernando Chamorro, Pedro Joaquín CHamorro y Cristiana Chamorro. LA PRENSA/Archivo

Régimen orteguista amplía acusación contra Cristiana Chamorro y acusa a otros nueve de diversos delitos

Las acusaciones son en contra de Marcos Fletes, Walter Gómez, Carlos Fernando Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Emma Marina López, Pedro Vásquez, Ana Elisa Martínez Silva, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga

El régimen orteguista amplió la acusación en contra de Cristiana Chamorro, quien se encuentra detenida bajo casa por cárcel desde el pasado 2 de junio, por los delitos de apropiación y retención indebida. También fueron acusadas otras nueves personas, entre ellas Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, por lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. A ellos se les vencía esta semana el periodo de prisión de 90 días.

Chamorro era la directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), a la que el régimen orteguista investiga por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos desde el 20 de mayo reciente.

Además, fue acusado el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, por lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Carlos Fernando Chamorro se exilió junto a su esposa en junio pasado tras el allanamiento de su vivienda y el «hecho inminente» de que fuera detenido.

Por apropiación y retención indebida y gestión abusiva también fue acusado Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana y Carlos Fernando, y quien está preso desde el 25 de junio.

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El Ministerio Público además acusó a Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano «por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero». Vásquez era conductor privado de Cristiana Chamorro y está preso desde el 15 de junio.

Se acusó a Ana Elisa Martínez Silva por apropiación y retención indebida, gestión abusiva y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos. También se acusó Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga por apropiación y retención indebida.

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La Fiscalía informó que la autoridad judicial admitió todas las acusaciones y decretó prisión preventiva para los acusados que ya están bajo el periodo de detención judicial de 90 días y se dictó orden de detención para quienes aún no han sido capturados.

Acusación antes de 90 días es «legal»

Un abogado penal, quien pidió no ser citado por temor a represalias, explicó a LA PRENSA que la acusación formal en contra de Cristiana Chamorro y los demás se dio antes de los 90 días y es legal debido a que la Ley de reforma al Código Procesal Penal establece que el plazo máximo a presentar la acusación es de 90 días.

«La ley dice que no puede pasar de 90 días, puede ser antes, eso no tiene ninguna ilegalidad, la Ley habla máximo de 90 días, ellos lo están haciendo antes y está bien», precisó el jurista.

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Con la reforma a la ley, el artículo 253 de la Ley 406 establece que «la autoridad judicial determinará mediante auto la procedencia de la solicitud y señalará de forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual no podrá ser menor de 15, ni mayor de 90 días, la autoridad judicial tomará en consideración la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación, la pluralidad de afectados, imputados o conductas, cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizado, o se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional y cualquier otra información o elemento de prueba que ayude a fundamentar la procedencia de la solicitud».

Tras la acusación formal, según el abogado, lo que ahora prosigue es la realización de una audiencia inicial en el caso de los ciudadanos detenidos y los que están libres, una orden de captura nacional. En el caso específico de Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliar, el jurista señaló que «podría ser trasladada» al nuevo Chipote.

34 detenidos en los últimos tres meses

Las detenciones de Cristiana Chamorro, Marcos Antonio Fletes Casco, Walter Antonio Gómez Silva, Pedro Joaquín Chamorro y Pedro Vásquez Cortedano, así como de otra veintena de detenidos, han sido calificadas por sus familiares y organizaciones de derechos humanos como secuestro debido a que no se les ha permitido hablar con ellos ni que tengan acceso a un abogado defensor desde que fueron apresados; ni poder comprobar que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial. Los familiares han denunciado que no les brindan información sobre sus parientes y no les permiten las visitas ni el ingreso de alimentos.

Las detenciones de 34 nicaragüenses, entre ellos dirigentes opositores y siete precandidatos presidenciales, por parte del régimen orteguista han sido criticadas por la comunidad internacional y han fracturado las relaciones diplomáticas de algunos países con Nicaragua, a menos de tres meses de realizarse las elecciones presidenciales.

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