Una jueza de audiencia de Managua mandó a juicio este jueves por los delitos de lavado de dinero y crimen organizado al hondureño David Elías Campbell Licona, de 54 años y jefe de la Mara Salvatrucha M-13 en ese país centroamericano.
La decisión fue dictada por la judicial al concluir la audiencia inicial celebrada bajo estrictas medidas de seguridad, que incluyó el despliegue de unos 30 policías, según uno de los abogados defensores.
También fueron mandados a juicio acusados de los mismos ilícitos el hondureño José Arturo Rivera y los nicaragüenses David Obed Ruiz Ruiz, Kevin Jonny Víctor Espinoza, Rafael Huerta Ruiz y Carlos Manuel Olivas.
En la acusación y el intercambio de información y pruebas se señala que el lavado de dinero imputados al jefe marero y a los otros cinco acusados es agravado porque proviene de actividades del narcotráfico.
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El cabecilla de la Mara Salvatrucha M 13 de Honduras, también conocido como Don David, y los otros cinco acusados fueron capturados por la Policía el pasado 19 junio en una operación antidroga realizada en Nindirí y Managua.
En el operativo, la Policía decomisó al grupo de presuntos narcotraficantes 407,029 dólares, 16 vehículos y un revólver. David Campbell también tiene cuentas pendiente con la justicia de su país y por ellos estaba circulado por la Policía Internacional (Interpol).
Diez testigos
En la oferta probatoria presentada por el Ministerio Público se cuentan a nueve policías, entre ellos el agente encubierto denominado “código uno”, quien llegará a explicar en el juicio el seguimiento al grupo de presuntos narcotraficantes jefeados por David Campbell Licona.
El listado de testigos es complementado por la dueña de las casas que alquilaba el grupo en un condominio en el sector de Villa Fontana, Distrito Cinco de Managua.
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En ese condominio, pocos días después de la captura de Don David, fueron asesinado dos hombres; uno de las víctimas era un vigilante.
En la audiencia, los abogados defensores se opusieron a la aceptación probatoria y pidieron a la autoridad judicial diera cinco días a la Fiscalía para que mejorara su intercambio de información y pruebas.