Human Rigthts Watch (HRW) afirmó tener nuevas evidencias que revelan que decenas de críticos que el Gobierno de Nicaragua ha detenido arbitrariamente, durante los últimos meses, en su mayoría acusados por “conspiración” o “traición a la patria”, son sometidos a interrogatorios agotadores, están incomunicados y “en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente”.
HRW contabilizó 36 críticos del gobierno de Ortega detenidos desde finales de mayo de 2021, a los cuales se les ha permitido una sola visita de sus familiares. Además, indicó que el Ministerio Público inició las acusaciones a finales de agosto contra los detenidos en “procesos penales que se llevaron a cabo sin las garantías básicas de debido proceso”.
Los cargos prevén penas de 15 a 30 años de cárcel y entre ellos “lavado de dinero” y “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
“La velocidad con la cual Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas, detención y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
HRW ha realizado entrevistas a 19 personas que manejan 28 de los 36 casos de presos políticos detenidos en los últimos meses y examinó fuentes oficiales como comunicados de prensa del Ministerio Público y la Policía, documentos judiciales, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, para corroborar testimonios.
Confinamiento solitario prolongado constituye tortura
Los familiares han podido tener una única visita, en muchos casos después de meses de no tener información de los detenidos y denunciaron que en la cárcel son víctimas de condiciones abusivas, incluyendo alimentación insuficiente y aislamiento prolongado.
“El confinamiento solitario prolongado, esto es aquel que se extiende 15 días consecutivos o más, constituye tortura y está prohibido por el derecho internacional”, sostuvo Human Rights Watch.
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No son delitos
Human Rights Watch pudo examinar las acusaciones formales que enumera las pruebas contra 14 opositores del Gobierno y halló que “en ninguno de los casos la Fiscalía señaló actos punibles como sustento de la acusación”.
“En prácticamente todas las acusaciones analizadas, aunque algunas fueron emitidas en diferentes días y firmadas por distintos fiscales, el lenguaje empleado para describir los cargos es exactamente el mismo. Los críticos son acusados de conspirar en contra del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, para realizar actos tendientes a afectar la naturaleza de Estado soberano e independiente y de formar parte de un grupo delictivo organizado y estructurado con el propósito de cometer delitos graves en contra de la seguridad del Estado y sus ciudadanos”, afirmó HRW.
Según las acusaciones, entre 2019 y 2021, la mayoría de los 14 opositores habría solicitado o apoyado “sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua”, “incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y/o promovido acciones para “desestabilizar el país con financiamiento del extranjero” con el fin de “desacreditar al Gobierno de Nicaragua”.
HRW indica que las acciones específicas sobre las cuales los fiscales fundamentan estas acusaciones incluyen conductas que se encuentran protegidas por el derecho internacional sobre libertad de expresión o asociación como, compartir contenido por redes sociales, dar entrevistas a medios de comunicación, participar en reuniones de gobiernos extranjeros, participar en conferencias virtuales o “utilizar fondos de cooperación internacional con el fin de crear organizaciones, asociaciones y fundaciones para direccionar fondos, a través de proyectos o programas que se ocupan de cuestiones sensibles, como grupos de diversidad sexual, los derechos de las comunidades indígenas, o a través de marketing político sobre temas como la libertad de expresión o la democracia”.
“Ninguno de los presuntos actos mencionados en los documentos del Ministerio Público constituye un delito, dado que están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, indicó Human Rights Watch.
