En tres días arranca la campaña electoral de Nicaragua y algunos partidos todavía esta semana estaban esperando que los bancos les aprobaran un préstamo para pagar los gastos de sus actividades.
Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) informó que los eventos y actividades de la campaña electoral de este año, que oficialmente inicia el 25 de septiembre, estarán limitados por el contexto de la pandemia del Covid-19. El 20 de septiembre, la entidad electoral y el Ministerio de Salud (Minsa) dispusieron que los partidos políticos y los candidatos deben evitar eventos presenciales masivos y priorizar los mecanismos de difusión virtuales y digitales, para dar a conocer de una manera segura sus planes de gobierno.
Gernson Gutiérrez Gasparín, candidato presidencial de la Alianza por la República (Apre), confirmó que “el partido solicitó unos créditos a las instituciones bancarias” y dijo que en estos días podrían aprobárselos.
“No son muchos, pero sí van a haber recursos para hacer una campaña moderada”, dijo Gutiérrez a LA PRENSA vía telefónica.
El candidato presidencial por Apre no quiso precisar el monto que están solicitando, pero detalló que será utilizado para “ayudar” a los fiscales y pagar la propaganda televisiva, perifoneo y otros medios.
Debido a que no cuentan con muchos recursos, Gutiérrez aseguró que la mayor promoción de los candidatos será a través de las redes sociales, ajustándose además a las disposiciones del Minsa.
El candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Walter Espinoza, también confirmó que esta organización política solicitó un préstamo a un banco para la campaña electoral, pero aseguró desconocer si ya se lo dieron, porque dijo que él no le corresponde hablar sobre ese tema.
El PLC es la segunda fuerza política reconocida oficialmente, debido a que en los últimos comicios generales de 2016 quedó en el segundo lugar, detrás del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirigen Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Particularmente el partido Apre, que preside Carlos Canales, tiene el gran reto de convencer a la banca de que este año electoral le irá mejor que en las últimas votaciones 2016, cuando el CSE le asignó 1.4 por ciento de los votos válidos, lo que significa que no es un partido popular.
Un experto en temas electorales que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato aseguró que los bancos toman muy en cuenta el último resultado electoral de los partidos que le solicitan un crédito.
“En la medida de lo posible, los partidos políticos hacen préstamos a los bancos. Uno de los primeros requisitos que te piden es que demostrés cuántos votos sacaste en la última elección”, dijo la fuente.
El analista dijo que si es un partido nuevo y pide un préstamo, tiene al menos 50 por ciento de probabilidades de que se lo nieguen o que le den una cantidad menor menor a la que pide, porque no tiene cómo demostrar que puede obtener un porcentaje alto.
Además, hasta el último proceso electoral de 2016, los bancos valoraban correr el riesgo de que el partido no alcanzara el cuatro por ciento obligatorio para obtener un reembolso de parte del CSE. Sin embargo, este año electoral ya no se usará la condición, luego de la reforma electoral ejecutada en mayo por la aplanadora del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional.
Se eliminó 4% mínimo para obtener reembolso
Los gastos de los partidos políticos en las campaña electorales son reembolsados por el CSE con una asignación del uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, según el artículo 86 de la Ley Electoral (Ley 331).
Con la reforma de mayo pasado se dejó abierta la posibilidad de otorgar reembolso a todos los partidos solo por el hecho de participar en las elecciones.
Antes, la Ley 331 establecía en el artículo 99 que el reembolso se otorgaba solo a las organizaciones políticas que hubieran obtenido al menos el cuatro por ciento de votos válidos y de acuerdo al porcentaje de los mismos. Ese requisito aplicaba para las elecciones nacionales, según la Ley.
Pero con la reforma de mayo ese artículo fue eliminado y ahora los partidos solo deben participar para recibir reembolso de acuerdo al porcentaje de los votos válidos, pero no detalla el porcentaje límite.
El artículo 86 de la Ley Electoral establece precisamente que el Estado destinará una asignación presupuestaria específica del uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, para reembolsar exclusivamente los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos o alianzas de partidos que hubieren participado en las elecciones generales.
Agrega que dicho reembolso se otorgará a las organizaciones políticas de acuerdo al porcentaje de los votos válidos sin especificar el límite del porcentaje. El único requisito que deben cumplir los partidos es “rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al CSE”.
Sesión de derechos
Por otra parte, el CSE extiende un documento denominado “sesión de derechos”, que los partidos pueden presentar a los bancos como garantía de pago.
La fuente explicó que la sesión de derechos le garantiza al banco recibir los fondos directamente del CSE tras los resultados de la elección y el excedente se le entrega al partido.
“El partido político le solicita a la oficina de atención de partidos políticos del CSE que le dé la sesión de derechos al banco tal, entonces el CSE le da la sesión de derecho. ¿Qué significa eso? Significa que al primero que le va a pagar el CSE es a ese banco que le hicieron el préstamo y lo que le va a dar verdaderamente de reembolso al partido X es el excedente que quedó del préstamo”, agregó la fuente.
Reembolso de este año electoral
El Presupuesto General de la República asignó 806.7 millones de córdobas al CSE, uno de los montos más altos de las últimas elecciones. Para las elecciones generales de 2016 fueron asignados 633.1 millones de córdobas.
Seis partidos políticos nacionales participarán en las votaciones generales del próximo domingo 7 de noviembre.
El candidato del Apre dijo que están tratando de solicitar el préstamo a través del partido, con el respaldo de la sesión de derechos que da el CSE, pero reconoció que les están pidiendo otras garantías.
“Además del aval que te da el CSE, (los bancos) te piden una garantía común, como una persona natural; entonces, depende de la garantía así ellos te dan el crédito: si la garantía es bien grande te dan un crédito bastante bueno. Entonces, estamos solicitando el crédito, pero a la vez te piden una garantía, entonces esto viene dándose como crédito personal”, dijo Gutiérrez.
LA PRENSA contactó a los presidentes de los partidos Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Independiente (PLI) y Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), para consultarlos sobre este mismo tema. Los tres prometieron comunicarse con este medio para hablar sobre la campaña y el financiamiento electoral, pero, tras varios días de espera, aún no hay respuesta.
Por su parte, el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no tiene un canal de comunicación con la prensa independiente y a la fecha no se reporta información sobre el financiamiento electoral a través de sus medios de comunicación.
De igual manera LA PRENSA trató de consultar con el magistrado del CSE, Cairo Amador, pero no respondió llamadas ni mensajes.