Familiares de algunos presos políticos han denunciado que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocido como el Chipote, les han solicitado medicamento para el vértigo o el mareo, sin presentarles una receta médica. El personal encargado de cuidar la entrada de los portones le indica a los familiares el tipo de medicamento que están solicitando y lo único que les enseñan es una hoja con el nombre anotado de lo que requieren.
Uno de los reos para quienes están pidiendo este tipo de medicina es para el opositor José Pallais. Jilma Herdocia, esposa del jurista, explicó a LA PRENSA que hace más de un mes le están solicitando este tipo de fármacos. “Lo que solicitan no viene en papel de receta, sino que ellos te lo dicen a la salida, sin ninguna explicación porque son el personal de la puerta. El medicamento que piden que llevemos es el bolaria”.
El tratamiento bolaria se recomienda administrar para síndromes vertiginosos asociados a “síndrome de Meniére, que se refiere a mareos ocasionados por alteraciones del equilibrio”, y para su adquisición se recomienda receta médica, pero las farmacias locales las venden sin prescripción.
Otro preso a cuya familia han solicitado este tipo de medicina es a Lesther Alemán. Según la Alianza Universitaria de Nicaragua (AUN), el pasado 13 de septiembre las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, solicitaron a los familiares del joven “el ingreso de un medicamento para tratar síntomas de vértigo o mareo, sin receta médica”.
Puede considerarse tortura
Vulnerar el derecho a la salud de las personas presas, ya sea por motivos políticos o por delitos comunes, constituye un acto de tortura, explicó un abogado defensor de Derechos Humanos que por motivos de seguridad prefiere no ser citado. “El régimen penitenciario y las normas por las cuales se rigen, establecen que se les debe garantizar el derecho a la salud y el acceso a esta a los privados de libertad”, agregó el abogado.
El acceso a la salud de los privados de libertad debe ser integral e implica que sean atendidos por especialistas. Una doctora, especializada en otorrinolaringología, señaló que “hay que partir desde el hecho que no tenemos un diagnóstico claro realizado por un médico especialista. Estar indicando cualquier tipo de medicamento no es correcto. En el caso de que un paciente aqueje vértigo o mareo debe ser atendido por un neurólogo o un otorrinolaringólogo, que son los únicos que podemos encontrar el origen del padecimiento”, mencionó.
De igual manera, las razones más comunes de este tipo de padecimientos, pueden ir desde lo más sencillo como no haber comido bien a lo largo del día, la deshidratación hasta algo más grave como un trauma craneoencefálico que puede incidir en el oído que causa vértigo o desequilibrio, agregó.
Por su lado, el abogado añadió que medicar sin la revisión de un especialista, sin establecer y comunicar la razón, es un atentado en contra de la vida del reo porque puede desencadenar efectos secundarios no previstos.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, la preocupación de los familiares de los presos políticos es fundada. “La preocupación de esta solicitud es totalmente válida, sobre todo por las circunstancias. El estarles pidiendo, con esos niveles de informalidad, sin explicarles el porqué es un abuso y enfocado desde la perspectiva de derechos humanos y desde la serie de abusos que se comente contra ellos (presos políticos) diariamente, se agrega a todas aquellas acciones consecutivas de tortura”, dijo.
La defensora agregó que este hecho amerita una investigación inmediata porque se está vulnerando el derecho a la salud y a la vida.
Situación de reos políticos
En los últimos meses, el régimen de Daniel Ortega ha arrestado a casi 40 opositores, entre estos siete aspirantes a la Presidencia. La mayoría han sido acusados por el delito de “conspiración”.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado la grave situación de estos privados de libertad. Sus familiares han denunciado que no les están permitiendo pasar alimentos ni agua diariamente y a algunos los mantienen en aislamiento total y sin acceso a tratamiento para las enfermedades crónicas que padecen.
Luego de que algunos presos políticos estuvieran detenidos casi 90 días, las autoridades permitieron a la familia una visita corta, bajo presencial policial. Ahí pudieron comprobar el deterioro físico, la pérdida notoria de peso y las afectaciones a la salud emocional. “Están irreconocibles”, declararon algunos familiares.