El equipo jurídico defensor de Colombia, liderado por el agente Carlos Gustavo Arrieta, denunció ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que Nicaragua ha “tergiversado los hechos” y ha tratado de hacer “una tormenta en una taza de té”, durante la segunda ronda de audiencias orales sobre el caso llamado “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe”.
“A través de estas audiencias, Nicaragua ha tratado de presentar el caso que no corresponde a la realidad, intentando que este sea un caso de incumplimiento de la sentencia de 2012, que no es así”, sostuvo Arrieta, quien durante esta última intervención estuvo acompañado por el equipo jurídico conformado por la vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez; Michael Wood, Laurence Boisson de Chazournes, Rodman Bundy, Michael Reisman, Eduardo Valencia-Ospina, Jean Marc-Thouvenin y Carlos Gustavo Arrieta. Todos formaron parte de la defensa colombiana ante La Haya.
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En torno a ello, Arrieta aclaró que “este es un caso relativo a la presunta violación por parte de Colombia de los derechos de Nicaragua y nada más” y añadió que la defensa de Nicaragua a través de una “narrativa falsa de la posición de Colombia y de la situación actual en el suroeste del Caribe, señala que Colombia ha tenido una política sistemática de desconocer la sentencia de 2012 y los derechos soberanos de Nicaragua”.
El agente colombiano continuó argumentando que “Colombia nunca dijo que Nicaragua no podía pescar en sus aguas, y la Armada de Colombia nunca recibió una orden para detener los navíos nicaragüenses. Por el contrario, en línea con nuestra decisión de 2014, de los tribunales constitucionales nuestro país siempre ha tratado de actuar en cumplimiento de su obligación internacional”.
El litigio entre ambos países se debe a una nueva demanda que interpuso Nicaragua, en noviembre de 2013, en la que solicitó a la CIJ que declare que Colombia violó el derecho internacional por “usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses, mantener su presencia en las zonas marítimas que fueron adjudicadas a Nicaragua en el fallo de 2012 y expedir el Decreto de 2013 que creó la denominada Zona Contigua Integral”.
En 2012, la CIJ resolvió una disputa abierta desde 2001 y estableció nuevos límites marítimos entre los dos países. La máxima autoridad judicial del derecho internacional otorgó miles de kilómetros cuadrados del territorio marítimo colombiano a Nicaragua y dejó islas colombianas enclavadas en la jurisdicción nicaragüense.
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Con respecto al fallo de 2012 por parte del tribunal internacional y que según Nicaragua, Colombia ha incumplido, Arrieta señala que “Colombia tiene una limitación constitucional que no se puede ignorar. Solo puede modificar su territorio mediante tratado bilateral”.
Solicita a La Haya que rechace las “pretensiones de Nicaragua”
Arrieta insistió en su intervención que Colombia no ha presentado una política sistemática orientada a violar los derechos de la pesca en Nicaragua, por tal razón, solicitó al tribunal que “rechace cada una de las pretensiones hechas por Nicaragua”.
El agente indicó que “los decretos expedidos por Colombia no han producido ninguna violación de los derechos de Nicaragua” y por ello solicita que se declare que su país “no ha violado sus obligaciones internacionales”. También pidió a la CIJ que se “compense” a Colombia por las violaciones de Nicaragua y que se le dé a su país “garantías de no repetición”.
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En cuanto a los derechos tradicionales de la pesca, el agente solicitó al tribunal de La Haya que “declare que los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular los raizales, tienen derecho a pescar más allá de las zonas de las islas” y a la vez que proteja cada uno de sus derechos.
Vicepresidenta de Colombia: “Nicaragua ha pretendido distorsionar este caso”
Al finalizar la audiencia que duró más de tres horas y media, la vicepresidenta de Colombia aseguró que lo que ocurre en La Haya es un tema de derechos y libertades de ambos países en el área del Mar Caribe.
“Colombia, el día de hoy, argumentó que este caso se trata de los derechos y libertades de ambos países en el área. Aquí no se trata del fallo del 2012. Nicaragua ha pretendido distorsionar este caso, Colombia por el contrario ha demostrado que siempre su actitud y comportamiento ha sido respetuoso del derecho internacional y que nuestro país no ha violado los derechos de Nicaragua”, afirmó la vicemandataria Martha Lucía Ramíreza.
Agregó además, que su país ha demostrado que tiene “derecho y la libertad de navegación y sobrevuelo, que tiene derecho de observar y reportar todas las actividades ilícitas que tengan lugar en el área, y por supuesto que tiene siempre la obligación de preservar el hábitat natural de la comunidad raizal”.
En esa misma línea, la vicepresidenta de Colombia explicó la estrategia del equipo defensor para responder con las dos contrademandas, la ofensiva colombiana contra Nicaragua.
“Se ha demostrado cómo Nicaragua no solamente ha violado los derechos de pesca de los raizales, sino que también ha hecho amenazas que impiden que nuestros raizales tengan acceso a sus faenas de subsistencia, de subsistencia. También se ha demostrado cómo Nicaragua viola el derecho internacional cuando por un decreto expedido por ese país, se adjudica áreas marinas que no le pertenecen a Nicaragua y en ese decreto lo que hace es medir equivocadamente los espacios marítimos en el Mar Caribe”, recalcó.
El próximo viernes 1 de octubre será la sesión final de audiencias orales, en donde Nicaragua y Colombia presentarán sus argumentos finales. Posteriormente el caso ya quedará en manos de los jueces de La Haya que podrían tardar hasta seis meses en emitir un fallo sobre la demanda interpuesta por Nicaragua.