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CONTENIDO EXCLUSIVO.A medida que Estados Unidos acelere las investigaciones contra fichas claves que han formado parte de la trama de corrupción de Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez en Venezuela, la dictadura de Daniel Ortega corre el riesgo de ser salpicada por las indagaciones, advierten analistas locales e internacionales, quienes recuerdan que dentro de ese esquema está el lavado de dinero, narcotráfico y desvío de fondos del erario venezolano.
Hasta ahora, Estados Unidos ya tiene en su poder a Alex Saab, Cliver Alcalá y Claudia Díaz, y está a la espera que España entregue a Hugo Carvajal, quien en los últimos días ha revelado la forma en cómo el Gobierno de Venezuela ha financiado a gobiernos de izquierda en América Latina y el país ibérico. En sus últimas declaraciones citó a Honduras, Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, entre otros. Esto refleja el alcance internacional que pueden tener las investigaciones que lidera EE. UU.
El venezolano Carlos Ponce, director de Victims of Communism Memorial Foundation, un analista nicaragüense y un sociólogo concuerdan que tras la investigación y captura de estas piezas claves, hay muchas probabilidades de que Nicaragua, especialmente el régimen de Daniel Ortega, esté vinculado con esta red de corrupción venezolana.
“Hay varios casos que unen a (Daniel) Ortega con Venezuela. Ya no solo con Albanisa, sino el posible lavado (de dinero) en Nicaragua. Son mafias conectadas. La reacción de Ortega de solidaridad con (Nicolás) Maduro con el arresto de Alex Saab demuestra que allí hay algo más”, asegura Ponce.
El 19 de octubre, Rosario Murillo reaccionó furibunda contra Estados Unidos tras la extradición de Saab hacia Estados Unidos. “Secuestro del hermano venezolano Alexa Saab, secuestro violentando todas las normas del derecho internacional, por eso decimos, ellos (Estados Unidos) creen, ellos los imperialistas de la tierra los yankees, enemigos de la humanidad, creen que vamos a acostumbrarnos, nunca nos acostumbraremos, siempre lucharemos y además venceremos”, dijo Murillo en su acostumbrado discurso de mediodía.
Nicaragua recibió un poco más de 5,000 millones de dólares bajo el esquema de cooperación con Venezuela desde el 2008, la gran mayoría se usó para negocios privados manejados por la familia presidencial y allegados. Esto les permitió adquirir hoteles, canales de televisión, entre otros, según investigaciones periodísticas. Se desconoce el paradero de esos fondos.
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El analista, quien pidió el anonimato por miedo a represalias, concuerda con Ponce sobre la conexión que existe entre Venezuela y Nicaragua. “Los actos corruptos de tráfico de drogas, evasión de impuesto, lavado de dinero, inclusive terrorismo, lo están compartiendo, inclusive muchas de las medidas que se están tomando en Nicaragua por parte de la Policía, medidas de tipo policial o investigativo o de seguridad, (Nicaragua) las ha copiado tanto de Venezuela como de Cuba, de manera que no es absolutamente nada raro que la investigación de las cabecillas de Venezuela salpique a Nicaragua porque estos tres países son como una trenza”, asegura.
Saab es un empresario colombo-venezolano que fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, África, tras ser acusado de lavado de dinero por Estados Unidos, además de ser un hombre cercano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Recientemente fue extraditado a Estados Unidos y este 18 de octubre fue puesto ante un tribunal federal en Miami, Florida.
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Va a salpicar a muchos, incluidos empresarios
Según Ponce, las declaraciones de Saab y la información que pueda suministrar al Gobierno de Estados Unidos va a salpicar a muchos países como Cuba, Bolivia, Ecuador, España, incluso Nicaragua. “También a algunos empresarios de Nicaragua que han colaborado con el negocio de alimentos y relaciones con Ortega. Pero no lo veo tan pronto (una investigación que alcance directamente a Nicaragua)”, dice.
“Cuanto se investigue de Venezuela en el campo de la represión, manejo de terrorismo, lavado de dinero o tráfico de drogas, perfectamente se van a encontrar los vínculos que existen entre Venezuela y Nicaragua porque en estos dos países están viviendo una realidad compartida y están comunicándose unos a otros de manera que esa investigación que se hace a los cabecillas de Venezuela no solo puede, sino que va a salpicar a Nicaragua”, afirma el analista político.
De hecho en diciembre del 2010, el diario español El País publicó que Estados Unidos consideraba al régimen de Daniel Ortega “un auténtico Estado criminal financiado desde antiguo por las redes internacionales del narcotráfico y, desde hace unos años, “por maletas llenas de dinero” enviadas por el presidente Hugo Chávez desde Venezuela”.
Otra fuente, quien también pidió anonimato, asegura que si Estados Unidos extendiera su investigación a Nicaragua, se descubrirían los esquemas de corrupción del régimen. “Las declaraciones que puedan brindar Alex Saab, (Hugo) Carvajal y Claudia Díaz son claves para conocer el entramado de la corrupción”, dice.
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Por su parte, Ponce asegura que el nivel de corrupción de Venezuela es tan grande que va a ensuciar a muchos, pero desde Nicaragua se debe presentar información que dé los indicios y que se presione para investigar. “No va a venir por arte de magia”, dice.
Añade que para que Estados Unidos investigara la corrupción de Venezuela se trabajó durante años en informes, investigaciones, presión social. “En el caso de Venezuela había mucha información fluyendo y varios periodistas de investigación colaborando y exponiendo. Eso no lo veo tan claro en Nicaragua. Se necesita más presión con información, más fuentes colaborando”, admitió.
¿Ortega comete error de cálculo?
Sin embargo, con la detención reciente del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, Ponce vaticina más presión e incluso mayor flujo de información por parte de los empresarios. “Yo creo que la toma de Ortega del Cosep ha sido un gran error. Eso pondrá a algunos empresarios a buscar protección. Esto de asustar al socio empresarial que venía de la mano con el régimen le eliminó al aliado que siempre hacía lobby en Estados Unidos. Cada vez que algunos (incluyéndome) estábamos impulsando el Nica Act, Magnitsky, sanciones, siempre venía el Cosep y algunos empresarios a hacer lobby en Washington”, explica.
Con esta acción, Ponce asegura que muchos empresarios pueden destapar la corrupción de Ortega ante Estados Unidos. “Creo que ahora va a haber más flujo de información” y se puede propiciar una investigación.
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Ponce aconseja que se puede lograr una investigación por parte de Estados Unidos, pero hay que organizarse bien, ayudar a que los periodistas de Nicaragua y los investigadores monten más investigaciones que consigan algunos puntos que vinculen a Saab con Ortega, que den la presunción. Hacer lobby en Washington, presión a Usaid y al Departamento de Estado para que ayuden a investigar y exponer al régimen, llevar información al Departamento de Justicia y el Tesoro.
Insiste que en el caso de Venezuela por varios años llevaron información y de ahí se abrió una investigación internacional de alcance como lo que se está viendo ahora. “Lo de Saab no salió de la nada, se necesita a nicaragüenses organizados, que vayan montando información y consiguiendo algunas pruebas o indicios”, dice.
La Renacer es clave, dice analista
De hecho en Estados Unidos hay voces que están reclamando al gobierno de Joe Biden que abra una investigación internacional contra la fortuna que ha acumulado la dictadura de Daniel Ortega y su familia. La exigencia está plasmada en la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que aún no ha podido avanzar en el Congreso.
En la regulación se exige, entre otras cosas, “informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno y la familia del presidente Ortega, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua”, sin embargo, esta ley aún no ha sido aprobada ni remitida a firma por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
“Está de adorno porque se carece de presión por parte de los nicaragüenses. Las leyes no avanzan sin presión. La diáspora debería dejarse de sueños tropicales y organizarse para generar presión en Washington”, dice Ponce.
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Recalca que la diáspora nicaragüense no está bien coordinada por ello no logra ser efectiva y asegura que pierden el tiempo en el discurso de unas elecciones inexistentes. “Lamentablemente no tener a Ileana Ros-Lehtinen ha debilitado la presión en el Congreso. Se necesita alguien que esté presionando todo el tiempo”, explica.
El analista agrega que “no sabemos por qué la diligencia de la Cámara de Representantes no han querido remitir a votación este tema, porque una vez aprobada se puede dar luz a las investigaciones, no sé si están esperando que pasen las votaciones del 7 de noviembre para aprobar la ley y aplicarla posiblemente conociendo los resultados, entonces a la misma ley le den mayor fuerza e intensidad para que sea más severa sobre la corrupción y represión que hay en Nicaragua”.
Piezas claves para Estados Unidos
Además de Saab, Estados Unidos acusa a Hugo Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros cargos relacionados con armas de fuego.
Actualmente está detenido en España donde la Audiencia Nacional aceptó este miércoles 20 de octubre su extradición a EE. UU. para enfrentar los cargos, pero luego dejó en suspenso el envío. El Pollo Carvajal, como es conocido rompió públicamente con Nicolás Maduro en 2019 y reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
España también autorizó este 15 de octubre la extradición de Claudia Díaz, acusada en un tribunal de Florida de soborno y lavado de dinero. Díaz fue tesorera nacional del Gobierno de Venezuela y exenfermera de Hugo Chávez. En esa acusación también fue señalado su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, por los mismos delitos.
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Por su parte el general Cliver Alcalá, quien se encuentra bajo la custodia de Estados Unidos, fue acusado de participar en una conspiración narcoterrorista para importar cocaína. Cuando se realizó la acusación en su contra, la diplomacia norteamericana ofrecía 10 millones de dólares por pistas que permitieran su captura. Actualmente su cooperación es muy efectiva con la justicia norteamericana.
También están en la lista negra de Estados Unidos: Alejandro Andrade, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Maikel Moreno, Vladimir Padrino López, Tareck el Aisami, Luciano Marín, Seuxis Paucis Hernández, Pedro Luis Martín Olivares, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, Rodolfo Mcturk Mora, Jesús Alfredo Itriago, Eustiquio José Lugo Gómez, Samark José López Bello y Luis Alfredo Motta Domínguez.