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Juzgados, Jueces,

Abogado indica que Nicaragua vive un Estado de excepción donde se aplica la prisión preventiva como una norma y no como una medida extrema.

¿Por qué hay un Estado de excepción en Nicaragua en el trato a los presos políticos?, un jurista lo explica

Las arbitrariedades en los procesos, denunciadas por familiares, son analizadas por un abogado y explica los efectos

Al revisar los proceso de los presos políticos detenidos en los últimos meses, que en muchos casos han permanecido en las celdas de las estaciones policiales, el abogado Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, explica que Nicaragua vive un “Estado de excepción”, porque lo que debería ser la excepción se ha convertido en la regla:. Además de detallar la cadena de arbitrariedades que inician con la falta de una orden judicial en el momento de las capturas.

De acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua una persona puede ser detenida cuando está cometiendo el delito, lo que suele conocerse como “las manos en la masa” y con una orden de una autoridad correspondiente, es decir una orden judicial.

“La detención misma es una arbitrariedad. En segundo las condiciones de la detención no cumplen con las garantías por eso se dice que es una detención arbitraria. La forma de la detención sin orden judicial, por personas civiles no te ofrece ningún tipo de control o garantía. No se pueden auditar ese tipo de detenciones”, explica Guadamuz.

Familiares de los detenidos por el régimen de Daniel Ortega, en los últimos meses han denunciado que fueron capturados sin una orden judicial y en el caso de los allanamientos de viviendas, tampoco se presentó la orden de juez.

La falta de esta garantía a causado que muchos de los detenidos sean considerados como «desaparecidos». Ese es el caso de Yader Parajón, detenido en la frontera norte, cuando escapaba de la represión. Su familia lo buscó en las prisiones hasta dar con el sitio donde estaba capturado, pero nunca tuvo un documento oficial.

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En el caso de detenciones realizadas por personas vestidas de civil, como el caso de Samantha Jirón, Guadamuz destaca que con un civil no hay posibilidad de presentar una queja ante cualquier abuso durante la detención, porque no se puede presentar una denuncia en asuntos internos, no hay un número de chip u oficial que reconocer.

Constitución: 48 horas

Jirón se encuentra detenida en el Distrito Tres de la Policía, en las llamadas «celdas preventivas». El abogado explica que estas celdas están diseñadas para detener a alguien por 48 horas. “La Constitución Política establece 48 horas para ser presentado ante una autoridad judicial y posteriormente la imposición de medidas cautelares”, recuerda.

Indicó que con la reforma al Código Procesal Penal amplía el período de investigación a 90 días. «Esta ley en su implementación está lesionando el derecho de todas las personas detenidas en el sentido lógico de la Constitución que era que no estuviera en un centro de detención policial que no tienen las condiciones de un sistema penitenciario», dijo.

Muestra de la falta de condiciones de estas prisiones preventivas, es que los familiares desconocen procedimientos como el llevarle comida. Algunas fuentes que conocen de estos casos comentaron a LA PRENSA, que deben llevar la comida en bolsa, no se aceptan ningún tipo de plato o cubierto, además deben llevar ropa cada dos o tres días y debe ser camisetas de manga corta y short hasta la rodilla. Los oficiales les entregan la ropa sucia una vez que el detenido se cambia.

«Toda la infraestructura policial que se instauró estaba condicionada para el cumplimiento de una persona detenida por 48 detenidas, no fueron diseñadas para largas estancias», remarcó el abogado.

Otra de las arbitrariedades es la falta de comunicación con familiares y abogados, recordó que la Constitución Política y el Código procesal penal son claros en que la persona tiene el derecho de declararse inocente y a entrevistarse con su abogado, quien debe tener acceso a la documentación del caso.

Además, recordó que otra garantía es que los detenidos seleccionen a su abogado, no que se les asigne de inmediato uno de oficio, como ocurrió en algunos de los casos de los detenidos en los últimos meses.

«Los familiares deben ser informados. Esta negación de donde están detenidos es contraria a las garantías mínimas e incurre el Estado en la desaparición de la persona», agregó Guadamuz.

Estado de excepción

Manifestó que Nicaragua vive un «Estado de excepción», porque las excepciones se vuelven la norma. Por ejemplo la medida de un juez de dictar prisión preventiva es la excepción ya que es una medida extrema, relacionada a la persona detenida y a los supuestos daños ocasionados, pero con los presos políticos se ha convertido en la norma, incluso con personas de la tercera edad.

«El Artículo 5 del CPP (Código Procesal Penal), establece que la medida cautelar de detención es una medida extrema, relacionada con el sujeto, la persona detenida y los supuestos daños ocasionados. Tenemos adultos mayores con delitos de conspiración. Lo que se establece es que el juez debe asegurar las investigaciones y que se pueda presentar a juicio. Medidas como no salir de casa, no salir del país, no reunirse con determinadas personas. Están normalizando la medida extrema de privación de libertad. La prisión preventiva es una excepción no es una norma», explicó.

Mencionó además que las audiencias son públicas, por excepción son privadas. Pero en el caso de los detenidos de los últimos meses muchas de las audiencias han sido privadas y en ocasiones hasta sin presencia de los defensores.

Caso de Samantha Jirón una muestra de procesos arbitrarios

La joven opositora Samantha Jirón fue detenida el 6 de noviembre por personas vestidas de civil, según relataron testigos. No estaba cometiendo un crimen a la hora de su detención ni se presentó una orden de captura, por lo cual se incumplió lo establecido en la Constitución Política.

Desde esa fecha Jirón no ha podido ver a sus familiares, su abogado la vio únicamente en la audiencia realizada el lunes 22 de noviembre y no ha tenido acceso a la acusación.

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Un juez admitió la acusación por menoscabo a la integridad nacional y supuestas violaciones a la ley de ciberdelitos, por publicaciones realizadas en sus redes sociales, que según fuentes ligadas a los juzgados indicaron que el juez argumentó que estas publicaciones «ponían en peligro la estabilidad nacional».

A la salida del Distrito Tres, donde se encuentra detenida Jirón, familiares de detenidos comentan que hay más personas en esas celdas preventivas por «conspiración».

El esposo de una de las detenidas dijo «está detenida por pensar diferente».

Jirón de acuerdo al sistema judicial fue acusada directamente por la Ley de Ciberdelitos. La acusación fue presentada el sábado 13 de noviembre, Jirón fue reportada como «desaparecida» el 9 de noviembre. Lo que implica que por más de 48 horas estuvo detenida sin pasar a la orden de un juez o ser acusada como establece la Constitución Política.

Guadamuz agregó que «la justicia penal en Nicaragua está basada en la persecución de los derechos políticos».

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